Un ministerio para la concertación

Revista Nº 109 Ene.-Feb. 2002

Después de un año y medio al frente del Ministerio de Trabajo, Angelino Garzón, en diálogo con Actualidad Laboral y Seguridad Social, realizaun balance de su gestión 

Pedro Antonio Molina Sierra 

Especial para Actualidad Laboral y Seguridad Social 

Con su llegada al Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, esta cartera ha tenido un protagonismo del que no había gozado en años anteriores, gracias a las actitudes polémicas, pero firmes, asumidas por su titular, Angelino Garzón, quien se define como un ciudadano más que quiere buscar, a través de procesos de concertación, la reconstrucción de los tejidos sociales que hoy se confrontan en el país. El desempleo, el sindicalismo, la seguridad social y otros temas, fueron tratados por el ministro en esta entrevista.

Actualidad Laboral: ¿Durante su ministerio, qué ha pasado con el desempleo en Colombia?

Angelino Garzón: El desempleo en Colombia sigue siendo alto pero hay que reconocer que en los últimos meses tiende a la baja. Las últimas estadísticas del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) dicen que el desempleo nacional tanto en el sector urbano como rural está en el 14,4% y en las 13 principales ciudades del país es del 16,8. No olvidemos que al inicio del año estaba cerca del 20%. Un aspecto que sí es verdaderamente preocupante es el crecimiento del subempleo que está cerca del 34%. El Gobierno es consciente de que éste sigue siendo uno de los problemas sociales más críticos que tenemos en Colombia, por eso a través de la construcción de vivienda de interés social, el estímulo a las Pymes, a las formas asociativas solidarias, al sector agrario y a programas de facilitación de crédito a los cafeteros, queremos dar soluciones a corto y mediano plazo, sin embargo, para lograr una política sólida de empleo es fundamental un acuerdo de paz.

A.L.: ¿Qué tanto influyen las actuales condiciones de orden público en el estancamiento del empleo?

A.G.: Con la violencia agudizada y degradada que se expresa con el asesinato de sindicalistas, con el secuestro y asesinato de empresarios, de dirigentes políticos, de defensores de derechos humanos y de paz, de periodistas, de sacerdotes y de ciudadanos, y con los atentados terroristas contra la infraestructura económica del país, es muy difícil generar empleo. Por ejemplo, el desplazamiento ha generado miles de desempleados. En mi opinión, en las actuales condiciones de Colombia una política sólida en materia de reactivación económica de empleo y de bienestar es el logro de la paz.

A.L.: Uno de sus mayores logros ha sido el avance en materia de concertación laboral. ¿Cómo se ha logrado?

A.G.: El diálogo social y la concertación ni nacieron conmigo ni van a morir conmigo. Sencillamente es un recurso pedagógico y es un camino democrático que los pueblos en el mundo entero han ido escogiendo como forma de resolver diferencias y conflictos. Uno debe partir del principio que donde haya más de dos personas hay diferencias y para resolver esas controversias existen dos caminos: uno el camino de la violencia y el otro el del diálogo concertado. Ahora, es un proceso cultural y como todo proceso cultural a veces no tiene resultados a corto plazo.

A.L.: Pero cuando no se opta por la vía concertada generalmente se elige el cese de actividades. ¿Cómo se hace para garantizar el ejercicio de la protesta sin interrumpir la vida económica del país?

A.G.: La política del diálogo social compromete el fortalecimiento de los actores tanto sindicales como gremiales. En nuestro país presupone también respeto a las normas y principios humanos, y parte de esos derechos universales están en las garantías sindicales, es decir, el derecho a la asociación, a la negociación y a la huelga, derechos que están consagrados en la Constitución Política. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que ese derecho está construido constitucionalmente. Ahora el ejercicio del derecho a la huelga presupone que mis derechos también suponen unos deberes, por eso hay que ir construyendo un camino para que mi protesta no termine afectando los derechos de los demás. Es un proceso cultural, en el que vamos avanzando poco a poco.

A.L.: ¿Es necesario reglamentar este ejercicio?

A.G.: Tengo una diferencia sustancial con las personas que creen que la sociedad se construye con leyes. La sociedad se construye con una cultura democrática, afianzando la mente del ciudadano y a través de convivencias ciudadanas del respeto y la participación en ejercicios abiertamente reconocidos en el mundo como el derecho a la huelga. Más que reglamentos y leyes se necesita un proceso pedagógico.

A.L.: ¿Cuál es su lectura del conjunto de normas laborales colombianas?

A.G.: Creo que en Colombia deberíamos, de manera concertada, llegar a un acuerdo alrededor de la creación del estatuto del trabajo consagrado en la Constitución Política. Infor-tunadamente no se ha podido desarrollar por el Congreso. El Gobierno ha dado pasos importantes como las modificaciones al Código Procesal del Trabajo y el desarrollo de los convenios de la OIT, pero me preocupa que tengamos un sinnúmero de legislaciones, de decretos, de sentencias y de convenciones colectivas que unificadas crearían un estatuto del trabajo.

A.L.: Desde el otro lado de la negociación usted ya ha podido saber cómo funciona y en que falla el sindicalismo en Colombia. ¿Cómo lo analiza desde el ejecutivo?

A.G.: No depende de que sea ministro o haya sido sindicalista sino depende de una convicción plasmada dentro de la Constitución Política que dice que el sindicalismo es una institución de la democracia, por eso tenemos que condenar las acciones jurídicas, políticas o violentas que se adelanten en su contra porque pretenden debilitar la democracia. Además el Estado debe contribuir al fortalecimiento del sindicalismo a través de campañas pedagógicas y concediéndole facilidades a su ejercicio.

A.L.: ¿La Ley 100 fue un aporte al sistema de seguridad social de Colombia o fue una gran equivocación?

A.G.: Yo he sido muy crítico de la Ley 100 no solamente en el sistema de pensiones sino también en lo que tiene que ver con la salud y riesgos profesionales. Sin desconocer sus puntos positivos pienso que la Ley 100, en lo fundamental, generó una crisis muy grande en el sector de la salud colombiana, en el sistema de riesgos profesionales y en el sector pensional. No logró consolidar su propósito fundamental de ampliar la cobertura —en el caso de pensiones la cobertura en el 93 era del 27% y hoy es de 24—, tampoco logró desarrollar el principio de la solidaridad para que los ricos aporten a los pobres ni tampoco el de la eficiencia.

A.L.: ¿Cuál ha sido su mayor logro?

A.G.: Creo que una de mis mayores contribuciones es llamar la necesidad del desarrollo de una cultura de paz basada en el diálogo, en la concertación, en el respeto de la protesta social y en el respeto de la diferencia. Esta es una cultura que está muy ligada a contribuir en un camino de paz y de concertación. Sin embargo, aún tenemos que trabajar mucho para evitar que los menores de 15 años trabajen y para procurar que los mayores de 65 años reciban una ayuda económica para subsistir.

A.L.: ¿Qué le falta aún por desarrollar?

A.G.: Me hubiera gustado haber podido consolidar mucho más a fondo un camino de concertación entre empresarios, trabajadores y gobierno.

A.L.: ¿Ve con optimismo el futuro laboral del país?

A.G.: No desligo la visión de paz con el escenario laboral. Si el escenario de paz es positivo, el futuro laboral es positivo, lograremos un bienestar económico, inversión extranjera, reactivación del empleo, pero si el proceso no se consolida y se sigue agudizando el conflicto, es un hecho que el panorama laboral va a empeorar.