Un repaso a la historia y evolución del derecho laboral

Revista Nº 112 Jul.-Ago. 2002

El reconocido tratadista Guillermo González Charry conversó con Actualidad Laboral sobre el desarrollo que ha tenido el derecho laboral en Colombia durante los últimos 50 años 

Pedro Antonio Molina Sierra 

Claudia Janeth Wilches Rojas 

La relación de Guillermo González Charry con el derecho laboral se remonta a 1944, año en el que, en compañía de otros juristas, redactó las bases de la legislación laboral colombiana.

Durante su larga carrera profesional, González ha sido catedrático universitario, magistrado de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, consejero de Estado y Procurador General de la Nación, entre otros cargos.

Su pensamiento jurídico ha quedado plasmado en las obras Relaciones individuales, Relaciones colectivas y Prestaciones sociales del sector privado, libros de consulta obligada para los estudiosos de la materia.

González compartió con Actualidad Laboral su visión sobre el desarrollo que ha tenido en el país esta área del derecho, así como sus reparos frente a algunas sentencias de la Corte Constitucional y frente a la gestión que viene desempeñando la Organización Internacional del Trabajo.

Actualidad Laboral: ¿Cómo fue el proceso de nacimiento de la legislación laboral en nuestro país?

Guillermo González Charry: Era el 10 de julio de 1944, el presidente Alfonso López Pumarejo llamó al ministro Adán Arriaga Andrade y le solicitó elaborar un proyecto de ley para presentar al Congreso. Nosotros éramos unos jóvenes que trabajábamos como inspectores cuando el ministro nos dijo que teníamos que redactar una iniciativa social con fundamento en el estado de sitio en el que se encontraba el país. Con varios colegas como Carlos Restrepo, Carlos Macías y Manuel J. González, nos sentamos a redactar un proyecto que se convirtió en el Decreto 2350 de 1944, que fue la base con la que arrancamos el proceso. Una vez aprobado el decreto por el Congreso de la República, iniciamos el trabajo de reglamentación y expedimos dos nuevos decretos: uno sobre cuestiones colectivas y otro sobre reglamentaciones individuales. Al año siguiente, el Partido Liberal se cayó y asumió la presidencia Mariano Ospina Pérez, quien acogió la reforma como punto de entendimiento de los dos partidos en disputa. Más adelante, bajo la presidencia de Enrique Olaya Herrera vino la expedición del Código Procesal del Trabajo y la Ley 6ª de 1945.

A.L.: ¿Cuál fue la base de esta normatividad?

G.G.Ch.: Tuvimos como base la legislación mexicana que era la más avanzada para esa época y en la que había intervenido el maestro Mario de la Cueva. También nos sentamos a mirar la legislación chilena y la Ley de cesantías que, aunque venía mal, estaba vigente desde 1934. Además, empezamos a recopilar todo lo que existía en materia de prestaciones.

A.L.: La Ley 6ª de 1945 involucró a los trabajadores oficiales y a los privados en una sola categoría, pero con la llegada del Código Sustantivo del Trabajo se dividieron en dos. ¿Cuál fue la razón?

G.G.Ch.: Se dividieron porque había que transar con el partido conservador, que estaba en el Gobierno, para que la reforma se convirtiera en un verdadero compromiso social. Uno de esos acuerdos fue el de separar la gestión de los trabajadores particulares de la de los trabajadores públicos. Recordemos que los trabajadores públicos no tenían derecho a la huelga porque la Constitución Política no lo permitía ni tampoco tenían otras prerrogativas como el fuero sindical. Todo eso hubo que amalgamarlo y arreglarlo, y por eso se crearon unas normas para los empleados oficiales y otras para los privados, de acuerdo con la clase de contrato de trabajo que tuvieran

A.L.: ¿Cuál es su opinión frente esa diferenciación?

G.G.Ch.: A mí me parece que quedó muy bien porque el Estado tiene que estar por encima de cualquier tipo de relación laboral. Debe ser un mecanismo de mando que no se puede manejar con la ligereza o con la generosidad con que se manejan algunas empresas privadas. El Estado está hecho para mandar, para organizar el país y no para desorganizarse y crear caos. Por eso no había convenciones colectivas ni derecho a la huelga en los servicios públicos.

A.L.: ¿Cómo ve la evolución que ha tenido el derecho laboral colombiano?

G.G.Ch.: Creo que esa evolución ha tenido varias consecuencias. En primer lugar, ha permitido extender la legislación privada a zonas del Estado e incorporar una serie de medidas para beneficiar a los empleados oficiales. En segundo lugar, dividió a los trabajadores oficiales en dos rangos: la franja vinculada con las relaciones de derecho público, y la franja vinculada por contratos de trabajo, que se consolidó con la expedición de un decreto en 1968 que tuve la oportunidad de redactar junto con Adán Arriaga. Con esa norma se extendieron una serie de prebendas para los trabajadores oficiales, pero hubo otras como el derecho a la huelga y la firma de convenciones, que no se extendieron. Por esa razón fue necesario especificar el tipo de trabajador para saber sus derechos. Estas circunstancias demuestran la riqueza normativa que ha tenido el derecho laboral.

A.L.: ¿Cuál ha sido el éxito de esas iniciativas que aún hoy siguen vigentes?

G.G.Ch.: Considero que sorteó muy bien toda la evolución laboral y se consiguió un estatuto que sirvió de instrumento muy eficaz para el equilibrio social. Sin embargo, ha habido golpes muy duros como la reforma de 1990, que transformó una serie de instituciones importantes como el salario integral, el salario mínimo, las cesantías y que, de paso, abrió las puertas para lo que hoy llaman la flexibilización laboral, que es acabar con lo que queda.

A.L.: ¿La Constitución Política de 1991 qué le aportó al derecho laboral?

G.G.Ch.: Considero que antes de la Constitución de 1991, debe mencionarse la gran reforma de López en 1936 a la Constitución de 1886, porque con ella se le dio una solidez tremenda al derecho laboral y se dictaron pautas más concretas sobre el derecho a la huelga. En cuanto a la Constitución de 1991, es de destacar que modificó varios conceptos relacionados con los derechos de negociación colectiva de quienes trabajan en empresas de servicios públicos, y creó otras instituciones como el Estatuto del Trabajo que aún no ha sido desarrollado por el Congreso de la República. En general, los aportes de esta Carta Política fueron buenos.

A.L.: En desarrollo de la nueva Carta ha adquirido gran protagonismo la jurisprudencia de la Corte Constitucional en materia laboral. ¿Cómo ve esta situación?

G.G.Ch.: Creo que a la Corte se le ha ido un poco la mano en su jurisprudencia. Para no ir muy lejos, hay una sentencia reciente sobre un mecanismo de reflexión que no comparto, en donde legitima la huelga de solidaridad, alegando que, a raíz de la ausencia de la prohibición taxativa por parte de las normas, es posible realizarla. En la práctica, hasta donde yo recuerdo, no ha prosperado en ninguna parte del mundo ni siquiera en Inglaterra. El problema es que la Constitución de 1991 le entregó a la Corte Constitucional una serie de deberes que prácticamente la proclamaron como la última palabra en materia de derecho. Yo pertenecí a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y me parece que esa Corte tenía funciones muy concretas en relación con el organismo constitucional, contrario a lo que pasa hoy en día con la Corte Constitucional.

A.L.: ¿ Cuál es su opinión sobre la reciente reforma al Código de Procedimiento Laboral?

G.G.Ch.: En principio quisiera mencionar dos nuevos instrumentos que se le incorporaron al régimen procesal laboral: el establecimiento de recursos especiales, como el de revisión, y el principio de la consonancia, aun cuando este último aspecto me parece realmente inútil porque es algo que nace de la naturaleza de las cosas; el que va a emitir un fallo necesariamente tiene que fallar según la demanda, no puede inventarse hechos que no existen o que no están probados.

A.L.: La reforma asignó la solución de los conflictos de la seguridad social a la jurisdicción del trabajo. ¿Cuál es su opinión al respecto?

G.G.Ch.: Yo creo que debe haber una justicia especial, atendida por jueces especiales, para la seguridad social. No es lo mismo examinar un contrato de trabajo que empezar a examinar si se pagaron las cuotas del seguro social, si se tenía derecho o no se tenía derecho en salud o en pensiones. En Colombia tenemos una seguridad social tan grande que deben existir jueces especiales en este sentido, para que manejen el lenguaje y los hechos propios de la jurisdicción.

A.L.: ¿El derecho laboral puede participar en la generación de empleo?

G.G.Ch.: Existen una serie de factores económicos y sociales que van más allá de las normas y que son los que en realidad provocan el estancamiento del empleo en Colombia. No veo cómo puede hacer parte la legislación laboral en la generación de empleo, porque éste es un problema que radica fundamentalmente en lo político y en lo administrativo y no en la justicia.

A.L.: ¿Cómo ve los procesos de integración del derecho laboral en el ámbito latinoamericano?

G.G.Ch.: Soy muy poco optimista frente a ellos. En el caso Andino, la creación del Tribunal Andino terminó siendo un rotundo fracaso. En materia laboral, a pesar de que éste organismo es de carácter obligatorio, no sirvió. Otras cosas que se tratan de hacer para unificar la legislación laboral han resultado inútiles, porque no se tienen en cuenta las características propias de cada país. Yo creo que eso es fruto de las necesidades y de las costumbres de los diferentes pueblos. Hoy hay una tendencia a unificar la cuestión penal, pero para hacerlo han tenido que crear organismos oficiales internacionales y darles estatutos especiales distintos en cada país.

A.L.: En el marco internacional, ¿cómo le parece la labor de unificación del derecho que viene desarrollando la Organización Internacional del Trabajo (OIT)?

G.G.Ch.: Tengo mis reparos. Yo fui a varias reuniones a Ginebra sobre derechos sociales. En la OIT uno se encuentra con unos convenios irrisorios. Cómo es posible que en pleno siglo XXI se invite a congregarse alrededor de unas normas que existen hace 100 años. Algunos tratados desconocen las legislaciones de cada país, de ahí que uno encuentra convenios de la OIT que son inaceptables porque escogen patrones de Irlanda e Inglaterra y se aprueban de manera mecánica. Los funcionarios colombianos deben tener más cuidado al aprobar los convenios, tienen que prepararse más, informarse más y denunciar ante la Cancillería cuando se aprueben cosas ilógicas.