Un traslado, un curso de derechos humanos

Revista Nº 186 Nov.-Dic. 2014

Ana María Muñoz Segura 

Profesora Universidad de los Andes y Directora Área Laboral 

Tradicionalmente las órdenes derivadas de una sentencia de tutela en los casos de violación del derecho de petición obligan a dar respuesta a la solicitud; en tanto que las controversias suscitadas por el ejercicio del ius variandi derivan en que se haga o no dicho cambio. Dado que en muchos casos el traslado del lugar de la prestación del servicio viene precedido de una petición de quien lo solicita o de una comunicación que busca que no se lleve a cabo, es común la relación entre estos dos derechos, tal y como se evidencia en la sentencia de la Corte Constitucional T-489 del 2014(1).

Diana María Medina Espinosa, quien presta sus servicios en la ciudad de Medellín, solicitó a su empleadora Avianca S.A. su traslado a la ciudad de Bogotá por razones familiares, pues tiene un hijo menor de edad que padece autismo y solo en esta ciudad pueden hacerle el tratamiento que permitiría mejoras en el menor(2). La solicitud fue negada porque en ese momento no existían vacantes disponibles en Bogotá que hicieran posible la reubicación. Dadas las necesidades familiares, la trabajadora insistió en la petición, añadiendo la necesidad de contar con un permiso por grave calamidad doméstica mientras se hacía posible el traslado. A juicio de la accionante(3) dicha solicitud no fue contestada en tanto que la entidad afirma que sí lo ha hecho reiterando su imposibilidad de traslado por las razones ya señaladas.

El juez de primera instancia(4) concede la acción de tutela, pues a su juicio la solicitud no ha sido atendida de fondo en la medida en que no se explicaron de manera clara y precisa las razones para negar el permiso por grave calamidad doméstica. En lo que respecta al traslado, se declara improcedente la acción por falta de pruebas que demostraran que el tratamiento médico de su hijo solo se prestaba en la ciudad de Bogotá ni la importancia de este según valoración médica. La sentencia fue impugnada y el juez de conocimiento(5) revocó el fallo anterior pues la entidad contestó y con ello se generó un hecho superado.

Aunque la sentencia de tutela toca diversos aspectos, para efectos de la toma de la decisión, es necesario referirse a tres en particular.

1. Derecho de petición

De acuerdo con la jurisprudencia desarrollada por la Corte Constitucional(6), la solicitud a un derecho de petición debe “(i) ser pronta y oportuna; (ii) resolver de fondo, de manera clara, precisa y congruente la situación planteada por el interesado; (iii) y, finalmente, tiene que ser puesta en conocimiento del peticionario”, concluyendo que cualquier omisión frente a estos requisitos significa la violación al goce efectivo de la petición particular lo que deriva en una “infracción seria al principio democrático”. Hace énfasis la corporación en el hecho de que la respuesta se entiende como suficiente cuando resuelve y atiende de manera satisfactoria los requerimientos del solicitante; efectiva si soluciona el interrogante que se plantea y coherente cuando hay relación entre lo que se ha respondido y lo pedido.

Concluye además que en el caso de personas en “circunstancias de debilidad manifiesta, indefensión o vulnerabilidad requieren de una atención reforzada” y por ende las solicitudes deben atenderse “de modo especialmente cuidadoso”.

Si bien es cierto, la trabajadora recibió respuesta, lo fue de carácter formal sin atender el fondo del asunto, pues aunque la Empresa no tiene la obligación de reconocer el traslado de manera inmediata, la Corte considera que sí “tiene la obligación de explicar a su trabajadora por qué es importante que exista una vacante para que aquello se pueda ejecutar y demostrar sucintamente que la planta de personal no permite disponer de un cargo similar en la ciudad de Bogotá”. Además de ello, la Corte le recuerda a la entidad empleadora que la señora Medina Espinosa en su segunda solicitud no solo se refirió a la necesidad del traslado sino también a una licencia, la cual no fue contestada y a la que nos referiremos posteriormente.

2. Traslados laborales

Ha señalado la Corte Constitucional(7) que en principio la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para discutir decisiones sobre traslados de carácter laboral. Sin embargo, en aquellos casos en los que se “acredite una amenaza o violación grave e irremediable a los derechos fundamentales del trabajador o de su núcleo familiar” resultaría procedente la acción de tutela. Para ello, ha establecido como parámetros “i) que la decisión sea ostensiblemente arbitraria, en el sentido que haya sido adoptada sin consultar en forma adecuada y coherente las circunstancias particulares del trabajador, e implique una desmejora de sus condiciones de trabajo; y ii) que afecte en forma clara, grave y directa los derechos fundamentales del actor o de su núcleo familiar”.

En el caso analizado, y reconociendo la existencia de otros medios de defensa judicial, la Corte considera que dada la situación del menor, resulta imperativo el acompañamiento de la madre a su hijo en el tratamiento. Respecto de la carencia de pruebas, la Corte considera que estas circunstancias sí están acreditadas dentro del proceso con los reportes médicos y la remisión a la terapia, los cuales no fueron desvirtuados por la entidad. Así, la conclusión es la procedencia de la acción en este caso de traslado laboral.

3. Licencia por calamidad doméstica

La accionante en su segunda petición solicitó una licencia por grave calamidad doméstica en los términos de la Sentencia C-930 de 2009(8). Además de considerarse como una petición no resuelta, la Corte Constitucional recuerda para efectos de esta licencia “habrá un lapso razonable de permiso remunerado cada mes”. Se trata de una garantía legal derivada de los principios constitucionales de solidaridad y dignidad que limitan la subordinación. Es un imperativo de rango constitucional otorgar las licencias sin posibilidad de descontar ni compensar el tiempo.

Por ello, era un deber constitucional que la entidad “definiera los términos y los lapsos temporales en los que la actora podrá disfrutar de la licencia por grave calamidad doméstica de carácter remunerado” para atender su situación familiar. Así, no solo se desconoció el derecho de petición por falta de respuesta, también porque debía involucrar un trámite entre las partes para definir la forma en que la accionante accedería a “esa prerrogativa laboral”. A juicio de la Corte, desconocer los alcances de la petición y de la licencia solicitada, implicó no solo violación al derecho de petición sino un desconocimiento “flagrante” de la sentencia mencionada.

En virtud de todo lo anterior, la Corte revoca la decisión previa y concede la tutela como mecanismo de protección de los derechos de petición y de protección familiar ordenando que en un plazo de 48 horas la entidad responda de manera clara y de fondo las solicitudes de traslado y de licencia pretendidas por la trabajadora. Además de estas órdenes, y dado el desconocimiento evidenciado sobre los alcances de sus fallos, ordena “al representante legal de esa sociedad que disponga lo necesario para que en el término de 2 meses todos los integrantes de la gerencia de relaciones laborales inicien la participación activa de un curso de derechos humanos y sobre la importancia del cumplimiento de las decisiones de constitucionalidad”.

Aunque el mensaje detrás de este tipo de decisión puede ser categórico frente al respeto del precedente y decisiones judiciales, conlleva varios interrogantes desde el punto de vista de su ejecución. ¿Quién debe impartir el curso o la empresa está en total libertad de planificarlo? ¿Un curso sobre derechos humanos en general o debería ser solo sobre derechos humanos en el ámbito laboral? ¿Es posible asignarle u omitir en un curso de este tipo un alcance ideológico? Aunque se asume que los costos de cumplir esta orden los debe asumir la entidad, ¿es posible que al momento de contratar la ejecución del curso, uno de los criterios para llevarlo a cabo sea el puramente económico? ¿Los trabajadores de la gerencia, que están sometidos al poder de subordinación con o sin curso pueden omitir los alcances de una decisión gerencial? Las mismas y otro tanto de preguntas podrían surgir frente a la parte del curso que involucra la importancia del cumplimiento de las decisiones de constitucionalidad cuando este es un principio propio de un Estado de derecho. Parece que la última palabra la tiene el juez de instancia que debe vigilar el cumplimiento del fallo de tutela, a menos que se considere un incumplimiento que lleve entonces a un desacato.

(1) M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.

(2) El tratamiento al que se hace mención es la “terapia Tomatis” y busca “educar sus oídos” y con ello mejorar su concentración, atención, lenguaje y permanencia en las actividades que se le asignen.

(3) Además de lo anterior, la accionante afirma que toda esta situación, le ha generado a la trabajadora una enfermedad profesional, encontrándose en tratamiento siquiátrico, lo que la hace protegida por el fuero contemplado en la Ley 361 de 1997. La situación, afirma ha llevado incluso hasta el punto que le fue cancelada su licencia de vuelo.

(4) Juzgado Quinto Municipal Laboral de pequeñas causas de Bogotá.

(5) Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Bogotá.

(6) La Corte Constitucional se remite a las sentencias de esa misma corporación T-294 de 1997, T-457 de 1994, T-377 de 2000 y T-1006 de 2001.

(7) La Corte Constitucional utiliza como referentes las sentencias T-715 de 1996, T-288 de 1998 y T-048 de 2013, entre otras.

(8) M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.