Una buena inspección es requisito ineludible para disminuir el déficit de trabajo decente

Revista Nº 163 Ene.-Feb. 2011

Entrevista realizada por Javier N. Rojas 

a Carlos Ernesto Molina 

Presidente de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia 

Un modelo eficaz de inspección de trabajo permite corroborar, en el sitio de labor, el acatamiento de las leyes laborales y de seguridad social, cuyo incumplimiento deriva en terreno fértil para el trabajo indigno, asegura el presidente de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Ernesto Molina. En entrevista con ACTUALIDAD LABORAL, Molina habló sobre las debilidades que debe superar el país en esta materia y el papel de la rama judicial a favor del trabajo decente.

ACTUALIDAD LABORAL: “¿Se ha avanzado en la comprensión de lo que significa el trabajo decente?”

Carlos Ernesto Molina: El trabajo decente es la aspiración por un trabajo productivo, en condiciones de libertad, seguridad, equidad y dignidad. Condiciones que se buscan para todo tipo de trabajo legítimo, sea o no subordinado. El trabajo no es únicamente la manera de sustentar la vida, sino, sobre todo, la vía más importante para que el ser humano afirme su identidad y su razón de ser en este mundo. Sin embargo, la noción de trabajo decente está aún en construcción. Ha transcurrido un breve tiempo desde el momento en que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) postuló el trabajo decente como una meta que debía lograrse en todo tiempo y lugar, pero sobre todo en el contexto de una globalización como la actual, caracterizada por una despiadada competencia, que redunda frecuentemente en un trabajo precario. En ese corto lapso, el debate y la discusión han llevado a que el concepto se depure, pero también a que se torne un tanto complejo. Se han realizado distintas investigaciones, que incluyen entre 10 y 40 indicadores, pero aún no hay un instrumento de medición homologado universalmente.

A. L.: ¿Cuál es el país latinoamericano con mejores condiciones en este aspecto?

C. E. M.: Se podrían tomar indicadores aislados y concluir que el panorama del trabajo decente en América Latina es disímil. Costa Rica o Chile presentan indicadores satisfactorios en algunos ítems, lo mismo que Colombia. Haití, Bolivia o El Salvador presentan muchas situaciones que delatan un alto déficit de trabajo decente. Pero al mismo tiempo, aun los países con mayores logros en esta materia exhiben situaciones muy insatisfactorias, particularmente en Colombia, que muestra deterioros ostensibles en la calidad del trabajo (informalidad) o circunstancias que no logran superarse, como la franca ausencia de un verdadero sostenido y generalizado diálogo social, o las cifras muy altas de falta de afiliación a la seguridad social o evasión de los aportes a esta. En la medida en que los países latinoamericanos logren avances en las metas del milenio, trazadas por la Organización de Naciones Unidas, ello tendrá repercusión positiva en el trabajo decente en la región.

A. L.: ¿De qué manera pueden contribuir los empleadores a la promoción del trabajo decente?

C. E. M.: La noción de trabajo decente no solo comporta para los empleadores el cumplimiento de las leyes laborales y de seguridad social, sino una conducta ética y una actitud responsable, que los lleve a actuar de buena fe. Esto significa brindarles a los empleados un trato digno, respetuoso y no discriminatorio; ofrecer igualdad de oportunidades y no incurrir en prácticas como la interpretación abusiva de las normas (las de jornada laboral y las de horarios atípicos, por ejemplo), la utilización fraudulenta de ciertos esquemas de tercerización (mal uso de cooperativas de trabajo asociado, trabajo en misión, por ejemplo) u otros esquemas de contratación (como el trabajo falsamente independiente), que a veces son utilizadas para encubrir, bajo ropajes aparentemente legales, verdaderas relaciones laborales. Tales esquemas no son indebidos o ilegales por sí mismos, pero una utilización responsable de ellos obliga al empleador a aplicarlos solamente cuando se reúnan las condiciones que la ley, en su letra y en su espíritu, prevé para ellos. El empleador también debería entender y actuar en consonancia con el hecho de que su trabajador es un ciudadano, quien, como tal, es titular de derechos fundamentales, no solo como empleado, sino como persona. Se trata de lograr un equilibrio entre la productividad de la empresa y la dignidad del trabajador. Y finalmente, los empleadores deberían esforzarse por adoptar esquemas de trabajo que permitan conciliar la vida del trabajo con la familiar.

A. L.: ¿Qué acciones puede emprender el gobierno colombiano a favor del trabajo decente?

C. E. M.: El trabajo decente es un importante indicador del desarrollo de un país. En el 2006, se realizó un estudio sobre el tema en 60 países y se encontró que los de mayor desarrollo (particularmente los nórdicos) presentan también los indicadores más elevados de trabajo decente. O sea que el Estado debe emprender acciones muy decididas para reducir el déficit de trabajo decente, como una de sus metas en pos del desarrollo sostenible. Colombia, en particular, debe trazarse esa meta de manera seria. Y para ello, tiene que atacar muchos frentes, como por ejemplo, la creación de empleo (con énfasis en reducir el desempleo juvenil, en el cual Colombia exhibe el mayor índice en Latinoamérica); continuar y fortalecer las acciones para la abolición del trabajo inadmisible (como el infantil); adelantar políticas para el aumento del empleo digno y formal; fomentar el diálogo social productivo entre trabajadores y empleadores; combatir la inequidad en las oportunidades de trabajo entre hombres y mujeres; lograr la universalización de la seguridad social, combatiendo la evasión y el fraude; incentivar la negociación colectiva; mejorar los índices de seguridad en el trabajo; fomentar la formación profesional; extender el acceso a la justicia y estructurar una inspección de trabajo eficiente.

A. L.: ¿Por qué es fundamental la función de inspección de trabajo en una sociedad?

C. E. M.: La verdadera eficacia del derecho laboral y de la seguridad social se obtiene con una inspección de trabajo efectiva. Las instancias judiciales son normalmente el último recurso al que echa mano un trabajador para exigir el respeto de sus derechos. Esas instancias, digámoslo así, son la solución final para corregir un daño que ya está hecho. Por eso, contar con una buena inspección de trabajo es requisito ineludible para disminuir el déficit de trabajo decente. Y la razón es muy sencilla: una buena inspección de trabajo actúa al verificar, in situ, físicamente en el lugar de trabajo, la observancia de las regulaciones laborales y de seguridad social; no necesariamente debe sancionar, sino sobre todo prevenir y asesorar tanto a empleadores como a trabajadores. Es tal la importancia que reviste la inspección de trabajo, que la OIT ha emitido nueve instrumentos internacionales para regularla, y uno de ellos (el Convenio 81) es uno de los cuatro convenios prioritarios, los cuales, junto a los ocho convenios fundamentales, se ocupan de aquellas condiciones básicas para que haya justicia en las relaciones laborales.

A. L.: ¿Cuáles debilidades puede señalar al respecto en el país?

C. E. M.: La inspección de trabajo en Colombia se creó en 1923, pero tras estos casi 90 años podemos decir que es ineficiente, por muchos aspectos. La doctrina internacional adjudica a esta tres funciones básicas: de control (verificación del cumplimiento de las disposiciones legales en el sitio de trabajo), de asesoría y prevención (tanto hacia los empleadores como hacia los trabajadores) y de mejoramiento (evidenciar ante las autoridades competentes las falencias que, por su contacto cotidiano con los sitios de trabajo, detecten los inspectores en las regulaciones legales laborales, para que esas autoridades efectúen las correcciones correspondientes). En el papel, la inspección de trabajo en Colombia está mayormente orientada a la función de control, pero, en la práctica, la descuida, por razón del bajo número de inspecciones y de inspectores. La OIT recomienda para países en vía de desarrollo un inspector por cada 40.000 trabajadores, mientras que en Colombia a un inspector le corresponden más de 60.000. A esto se agrega la falta de recursos para que los inspectores se desplacen de manera sistemática y frecuente a los sitios de trabajo, y los territorios extensos que deben atender (hay cerca de 150 inspecciones para cubrir casi 1.100 municipios).

A. L.: ¿Qué otras fallas ha identificado?

C. E. M.: En Colombia la inspección de trabajo actúa como ente conciliador. Pero las funciones de conciliación —contrario a lo que piensa mucha gente— no deberían ser actividades propias de una moderna inspección de trabajo, según lo recomienda la OIT, sino de otros funcionarios estatales, tal y como sucede en otros países. Ello, por razón de la gran cantidad de tiempo y energía que exige la labor de conciliación, la cual, como sucede en Colombia, termina por distraer a los inspectores de las funciones que tienen mayor incidencia en el logro de su verdadera misión. Hasta hace poco, un inspector de trabajo realizaba en el país, en promedio, más de 300 procedimientos conciliatorios anuales, mientras en el mismo lapso solo hacía 25 visitas de inspección. Por eso, la comisión de expertos de la OIT ha insistido ante el gobierno colombiano para que elimine la función de conciliación de la inspección de trabajo.

A. L.: ¿Ha observado más aspectos negativos en la materia?

C. E. M.: En cuanto a la función de asesoría y prevención, me parece que es prácticamente inexistente. Esta función exige que el inspector genere mucha credibilidad entre empleadores y trabajadores, y ello solo se logra si se cuenta con inspectores expertos en derecho laboral, con inspectores duchos en seguridad social y muy preparados en seguridad e higiene del trabajo. En cuanto a la función de mejoramiento, no se cuenta con mecanismos adecuados. De hecho, pienso que la inefectividad de muchas normas laborales se debe, en buena parte, a que su aprobación no ha sido precedida por estudios serios de las realidades sociológicas de los ámbitos que ellas buscan regular. En resumen, la inspección de trabajo en Colombia no es un elemento que contribuya sustancialmente a la eficacia general del derecho del trabajo y de la seguridad social, aun con los ajustes que, entiendo, se han hecho en los últimos años por parte del Ministerio de la Protección Social.

A. L.: ¿De qué manera puede contribuir la Rama Judicial a incentivar el trabajo decente?

C. E. M.: El papel de los aparatos judiciales no es neutro en el desarrollo de un país. Un aparato judicial efectivo es requisito esencial de tal sentido. Dije antes que el trabajo decente es uno de los indicadores del progreso de cualquier país. No puede hablarse de que en un país hay trabajo decente cuando gran parte de su población tiene escaso o nulo acceso al Estado de derecho. La rama judicial debe contribuir sustancialmente a ese acceso, garantizando respuestas rápidas y certeras, sin las cuales los abusos terminan siendo tolerados. Solo en la medida en que el aparato judicial ofrezca ese tipo de respuestas, se mejorará la percepción ciudadana sobre la efectividad de sus derechos y, por ende, se reducirán las posibilidades de que alguien abuse de sus trabajadores, bajo la convicción de que su conducta será impune.

A. L.: ¿Ha mejorado la agilidad de la justicia?

C. E. M.: En Colombia, a mi juicio, hay buenas noticias en este aspecto, pues, según cifras del Consejo Superior de la Judicatura, la productividad de los jueces se incrementó, ya que, mientras en 1992 se emitieron cerca de 500.000 decisiones, el año pasado se produjeron alrededor de 2’800.000. Esto significa un incremento de más del 400%, cuando el número de servidores de la rama solo se ha incrementado en el 14%. Y, dentro de los logros en este sentido, es inevitable mencionar la oralidad en los procesos laborales, disciplinarios y penales. Es una estrategia importante para acercar el derecho a las personas. También merecen mención los planes anuales de descongestión judicial, como el del 2010, cuando se terminaron 160.000 procesos judiciales adicionales, u otras medidas, como los jueces de pequeñas causas.

A. L.: ¿Cómo se podría evitar que la globalización siga contribuyendo a deteriorar las condiciones laborales de los trabajadores de los países en desarrollo?

C. E. M.: “Si deseas la paz, cultiva la justicia”. Esta frase se encuentra a la entrada de la sede de la OIT, en Ginebra, y subraya la importancia de la equidad para garantizar la convivencia humana. Cuando la competencia en el comercio y en los ámbitos financieros se da sin tener en cuenta la equidad y la dignidad del ser humano, es decir, cuando esta se asume como medio y no como fin y cuando el trabajo se entiende como una simple mercancía, se llega a la injusticia social y a la precariedad laboral, que son el caldo de cultivo (como lo demostró la primera guerra mundial) para la explosión del conflicto social.