Vehículos destinados a reposición excluidos del IVA

Revista Nº 188 Mar.-Abr. 2015

Humberto Aníbal Restrepo Vélez 

Abogado tributarista 

Más de dos años tardó el Gobierno Nacional para reglamentar la exclusión del impuesto sobre las ventas (IVA) por la importación y venta de vehículos automotores de servicio público de pasajeros destinados a reposición, que había sido consagrada desde la Ley 1607 del 2012.

Con tal propósito se expidió el Decreto 248 del 13 de febrero del 2015, “Por el cual se reglamenta el numeral 11 del artículo 424 del estatuto tributario y de dictan otras disposiciones”, precepto que contempla este beneficio en favor de los pequeños transportadores cuando pretendan —por una sola vez— adquirir un vehículo nuevo o de menor edad de estas características, vía reposición, esto es, en sustitución de otro que ha alcanzado el término de su vida útil, de conformidad con la definición propuesta por el artículo 2º de la Ley 688 del 2001.

Para el reglamento, esta última condición se cumple una vez cancelada la matrícula del vehículo por voluntad de su propietario, producto de la desintegración física total realizada por una entidad desintegradora autorizada por el Ministerio de Transporte.

Así las cosas, el transportador que realice la reposición de un vehículo de transporte público de pasajeros y pretenda acogerse al beneficio de la exclusión del IVA, deberá contar con una certificación de cumplimiento de requisitos para registro inicial de vehículo nuevo en reposición con exclusión de IVA (CREI), expedida por el Ministerio de Transporte a través del registro único nacional de tránsito (RUNT), siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

(i) Que el beneficiario sea propietario —de manera directa o indirecta— de no más de dos (2) vehículos de transporte público de pasajeros, no haya obtenido con anterioridad el mismo beneficio y se encuentre inscrito tanto en el sistema RUNT, como en el registro único tributario (RUT);

(ii) Que el vehículo objeto de reposición se encuentre libre de todo gravamen o afectación jurídica que limite su libre disposición, sea de transporte público de pasajeros, se encuentre registrado en el sistema RUNT y, al momento de la cancelación de la matrícula por desintegración física total, el automotor cuente con tarjeta de operación y contrato de afiliación vigente;

(iii) Que el vehículo nuevo que se adquiera se registre a nombre del beneficiario —como titular del derecho de dominio—, sea de la misma clase y capacidad del automotor desintegrado, sea utilizado para prestar el servicio en la misma modalidad y nivel e idéntico radio de acción, se matricule en el servicio de transporte público de pasajeros y cuente con ficha técnica de homologación por parte del Ministerio de Transporte.

La CREI debe contener no solo la identificación completa y datos de ubicación del beneficiario, sino la identificación detallada tanto del vehículo objeto de desintegración física total, como del vehículo nuevo que ingresa en reposición, del cual se debe indicar la clase, marca, modelo, número de motor, número de chasis, VIN, capacidad, modalidad de servicio, radio de acción y nivel de servicio, así como los datos de homologación.

La exclusión del impuesto se hace efectiva al momento de facturar el automotor, aun así, el reglamento prevé que la CREI debe ser obtenida y conservada por el importador como soporte de la respectiva declaración de importación o por el vendedor como soporte de la operación de venta, según sea el caso, siendo imperioso explicar en la factura de venta el hecho de no liquidar el impuesto sobre las ventas, lo que se puede cumplir a través de cualquier medio electrónico, sello o anotación, mediante una leyenda que indique: “Excluido de IVA artículo 424 numeral 11, estatuto tributario”.

De nuevo se pone de presente la dificultad que representa reglamentar esta clase de beneficios en función de la calidad del adquirente de los bienes y su destinación, aunado al reiterado desinterés por parte del ejecutivo en procura de una adecuada implementación de la norma, que, en esta oportunidad, se hace restrictiva para quienes no sean los importadores directos de los automotores, por cuanto de sus previsiones resulta materialmente imposible la exclusión del gravamen —por el hecho de la importación— ante la compra en el territorio nacional de un vehículo nuevo que haya sido importado previamente.

Es preciso señalar que la medida es transitoria —solo por el término de cuatro (4) años contados a partir de su reglamentación—, sin embargo, contrario a lo indicado al respecto por el artículo 38 de la Ley 1607 del 2012, la propia disposición que reglamentó el beneficio aplazó su entrada en vigencia por seis (6) meses más, esto es, hasta mediados del mes de agosto del 2015, con la finalidad de darle tiempo al Ministerio de Transporte a efectos de poner en operación la funcionalidad requerida en el sistema RUNT para la implementación del procedimiento técnico a su cargo establecido en el mismo Decreto 248 del 2015.