Vigencia del procedimiento tributario

Revista Nº 165 Mayo-Jun. 2011

Humberto Anìbal Restrepo Vélez 

A raíz de la adopción del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo(1) que empezará a regir a mediados del año 2012, se ha querido poner en duda la vigencia de los procedimientos administrativos especiales, entre ellos, el propio procedimiento tributario que prescribe las relaciones entre la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, y los administrados.

La inquietud surge por la aplicación de la figura conocida como derogación orgánica o por reglamentación integral, prevista en el artículo 3º de la Ley 153 de 1887, según la cual se debe estimar insubsistente una disposición legal “... por existir una ley nueva que regula íntegramente la materia a que la anterior disposición se refería”. La jurisprudencia se ha encargado de ilustrarnos sobre el tema en los siguientes términos: “... determinar si una materia está o no enteramente regulada por la ley posterior, depende de la intención revelada por el legislador de abarcar con la nueva disposición o disposiciones toda una materia, aunque en realidad no haya incompatibilidad alguna entre estas y las de la ley anterior(2).

Aparte de la manifestación acerca de la derogatoria expresa de algunas normas anteriores y sobre la derogación tácita de las disposiciones que le sean contrarias, ordenada por el artículo 309 del nuevo código conforme a las previsiones de los artículos 71 y 72 del Código Civil, no hay duda sobre la plena aplicación en este caso del fenómeno de la derogación orgánica, por cuanto se trata de una regulación integral de la materia, esto es, del procedimiento administrativo general que define las reglas para la actuación tanto de las autoridades como de los administrados, lo que permite estimar insubsistente toda la legislación precedente a ella referida, así las anteriores disposiciones no resulten incompatibles o contrarias con la nueva.

No obstante lo anterior, resulta de trascendental importancia señalar que el inciso final del artículo 2º del nuevo código mantiene la misma excepción que preveía la legislación anterior, referida al ámbito de aplicación de tales normas, en el sentido de excluir expresamente los procedimientos administrativos regulados en leyes especiales, como es el caso del procedimiento administrativo tributario contenido en el estatuto tributario que fue expedido con ocasión del Decreto Extraordinario 624 de 1989.

En tal sentido, por voluntad del legislador los procedimientos administrativos así adoptados deben ser aplicados de manera preferente y solo podrá acudirse al procedimiento administrativo general cuando quiera que se trate de casos no previstos en ellos.

Así las cosas, la derogación orgánica que nos ocupa se predica respecto de la legislación precedente, contraria o no a la nueva, pero limitada a aquello que se refiera al procedimiento administrativo general señalado en el código, por ser esta la única materia regulada de manera integral, con lo cual conservan plena vigencia los procedimientos administrativos contemplados en disposiciones especiales, independientemente de si son incompatibles o no con el procedimiento administrativo general consagrado.

Se mantiene entonces incólume la vigencia del actual procedimiento tributario previsto en el libro quinto del estatuto tributario, pero sobre todo, tiene vía libre la posibilidad de adoptar un nuevo procedimiento administrativo en esta materia —antes de que empiece a regir el procedimiento administrativo general—, dentro del marco de la anunciada reforma tributaria estructural que se propone impulsar el Gobierno Nacional.

Si bien, resulta improcedente pretender que una reforma al procedimiento administrativo tributario se ajuste a las previsiones generales que empezarán a regir —pues la autorización del legislador se refiere precisamente a que se aparte de ellas—, lo mínimo que podemos esperar los administrados es que se aproveche la oportunidad para que las próximas reglas que determinen las actuaciones en materia impositiva —además de los claros principios particulares hoy consagrados—, condicionen su desarrollo al respeto y estricto cumplimiento de los principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad, que ahora orientan el procedimiento administrativo general(3), lo que redundará en beneficio de la relación de la administración tributaria con los contribuyentes.

(1) Ley 1437 de enero 18 del 2011.

(2) CSJ, Sent. mar. 28/84.

(3) L. 1437/2011, art. 3º.