Yo conmuto, Tú conmutas...

Revista Nº 154 Jul-Ago. 2009

Julio César Carrillo Guarín 

Consultor en Derecho Laboral, Seguridad 

Social y Civilidad Empresarial 

Existen realidades jurídicas aparentemente distantes y lejanas que, por su naturaleza, dan lugar a regulaciones cuya complejidad refuerza tal percepción y que, sin embargo, están profundamente conectadas con circunstancias de especial trascendencia humana y social.

Hablar de pensiones remite el pensamiento a la protección en la vejez; mirar en la contingencia de nuestra particular humanidad el paso inefable del tiempo para proteger una fase de la existencia en la que los seres humanos volvemos, por nuestra propia finitud, a requerir de un especial amparo y apoyo, o simplemente, desde nuestra fragilidad, invita a promover la seguridad esperanzada frente una eventual invalidez o, en caso de muerte, frente a la ayuda para los más cercanos, como bálsamo ante la ausencia ineludible que causa el destino mortal.

Tal propuesta de humanidad, que infortunadamente no tiene aún la cobertura deseada, requiere una compleja y delicada red normativa para garantizar no solo el puntual y oportuno reconocimiento del derecho, sino también la efectividad del mismo en el tiempo, a fin de dar aplicación al principio de sostenibilidad financiera; principio este cuya importancia tiene hoy mayor relevancia por causa de su consagración constitucional (C.P., art. 48, A.L. 1/2005).

De nada serviría que existiera el derecho a una pensión si, por falta de recursos, este quedare reducido a un mero reconocimiento teórico sin verdadera materialización del amparo que constituye su razón de ser.

Concepto

En este contexto es que adquiere particular relevancia el verbo conmutar referido a lo pensional.

La protección a la que se aspira, cuando de asuntos pensionales se trata, requiere principalmente la materialización efectiva de los beneficios que promueve y, por esta razón, el propósito social de amparar la vejez o la invalidez, o apoyar los sobrevivientes en caso de muerte, se traduce no solo en prestar el servicio de la seguridad social “con sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad” ampliando progresivamente la cobertura, sino también en la consecución y preservación de los recursos que hagan posible cumplir con tal deber de humanidad.

Este propósito de garantía y efectividad en el cumplimiento de las obligaciones pensionales adquiere aún mayor importancia cuando son los empleadores y no las entidades del sistema de pensiones quienes tienen pensiones a cargo y, es en este contexto, que adquiere particular interés la conmutación pensional, entendida como un mecanismo por virtud del cual, entidades obligadas al reconocimiento de obligaciones pensionales, entregan a otras instituciones o entidades, especialmente autorizadas para el efecto, los recursos que se requieren para proveer con certeza dichas obligaciones, subrogando así, total o parcialmente y de manera garantizada, el reconocimiento y pago futuro de las mismas.

Marco normativo

La originaria regulación contenida en el Decreto 2677 de 1971, por el cual se establecían normas sobre conmutación de las pensiones de jubilación del sector privado, disponía que solo en casos excepcionales las empresas podían conmutar las pensiones de jubilación legales y convencionales y que ello solo era posible a través del ISS (art. 1º) y en relación con empresas en “proceso de cierre o liquidación, o en notable estado de descapitalización, disminución de actividades o desmantelamiento” que pudiera hacer nugatorio el derecho de jubilación de los trabajadores” (art. 2º).

Así, en nuestro imaginario colectivo jurídico, la conmutación aparece como una medida tendiente a evitar que empleadores en crisis pusieran en peligro el cumplimiento de su obligación en materia de “pensiones de jubilación” y que la única entidad autorizada para el efecto era el ISS.

Hoy, la conmutación pensional es desarrollada por las leyes 550 de 1999, 1116 de 2006 y 1151 de 2007 en concordancia con los decretos reglamentarios 1260 de 2000, 941 de 2002, 4014 de 2006 y 1270 de 2009, dentro del marco general de la normalización de pasivos pensionales, pero sin circunscribir su aplicación a la particular circunstancia que dio lugar a la expedición de algunas de las citadas disposiciones.

Para entender este aparente trabalenguas, conviene hacer unas breves precisiones previas:

1. La normalización de pasivos pensionales es una institución jurídica tendiente a establecer las condiciones legales que permitan a un empleador, público o privado, con pensiones a cargo, establecer las medidas que garanticen la atención puntual y oportuna de sus pasivos pensionales.

2. Para materializar este propósito, hemos visto desde el mes de diciembre de 1999 un discurrir legal que, a modo de historia sumaria, presenta el siguiente panorama:

a. La Ley 550 de 1999, vigente para el sector privado hasta el 27 de junio del año 2007, se expidió para establecer “un régimen que promueva y facilite la reactivación empresarial y la reestructuración de los entes territoriales para asegurar la función social de las empresas...”.

En el artículo 5º, la citada ley define el acuerdo de reestructuración como aquel que se celebra a favor de una o varias empresas “con el objeto de corregir deficiencias que presenten en su capacidad de operación y para atender obligaciones pecuniarias, de manera que tales empresas puedan recuperarse dentro del plazo y en las condiciones que se hayan previsto en el mismo”.

El artículo 41 señala que “los acuerdos de reestructuración en que (sic) el empleador deba atender o prever el pago de pasivos pensionales, deben incluir las cláusulas sobre normalización de pasivos pensionales de conformidad con la reglamentación que para tal efecto expida el Gobierno Nacional” y, entre los mecanismos de normalización pensional, menciona la conmutación total o parcial.

b. En desarrollo de lo previsto en dicho artículo 41, el Gobierno expidió los decretos reglamentarios 1260 de 2000, 941 de 2002 y 4014 de 2006.

Mientras el Decreto 1260 de 2000 regula lo relacionado con la conmutación total y el Decreto 941 de 2002 hace referencia a la conmutación parcial, el Decreto 4014 regula lo relacionado con la normalización pensional cuando esta es asumida por un tercero, que es lo que ocurre cuando el mecanismo de la normalización es la conmutación.

c. El 27 de diciembre de 2006 se promulgó la Ley 1116 de 2006, la cual en el artículo 126, dejó sin efecto la Ley 550 de 1999 a partir del 27 de junio de 2007, para empresas del sector privado.

Esta ley establece el denominado régimen de insolvencia empresarial, que según el artículo 1º “tiene por objeto la protección del crédito y la recuperación y conservación de la empresa como unidad de explotación económica y fuente generadora de empleo, a través de los procesos de reorganización y de liquidación judicial”, precisando a continuación que “el proceso de reorganización pretende a través de un acuerdo, preservar empresas viables y normalizar sus relaciones comerciales y crediticias, mediante su reestructuración operacional, administrativa, de activos o pasivos”.

De manera consecuente, y con la misma filosofía que consagra la Ley 550 de 1999, dispuso que tales acuerdos de reorganización, en el caso de empleadores que tuvieran a su cargo el pago de pasivos pensionales, deben “incluir un mecanismo de normalización de pasivos pensionales” (art. 34, par. 1º).

d. Al igual que la Ley 550 de 1999 (art. 41), la Ley 1116 de 2006 (art. 34, par. 1º), incluye entre los mecanismos de normalización de pasivos pensionales la conmutación pensional, total o parcial.

e. Como la Ley 1116 de 2006 no había sido reglamentada y, al quedar sin vigencia para el sector privado lo consagrado en el artículo 41 de la Ley 550 de 1990, se generaba la inquietud acerca de la viabilidad de aplicar al sector privado los decretos reglamentarios antes referidos, que explican y desarrollan los mecanismos de normalización de pasivos pensionales, el Decreto 1270 de 2009 señaló que en este caso y, para desarrollar los mecanismos de normalización pensional previstos en la nueva ley antes mencionada, también son aplicables las citadas disposiciones reglamentarias de la Ley 550 de 1999 y las que las adicionen, complementen o sustituyan.

f. Para completar este panorama, la Ley 1151 de 2007, por la cual se expidió el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, aclaró en el artículo 39 que los mecanismos de normalización de pasivos pensionales previstos en las leyes 550 de 1999 y 1116 de 2006 pueden ser implementados de manera voluntaria para todos los empleadores públicos y privados que tengan a su cargo pasivos pensionales.

Esta disposición ratifica lo que señalan las leyes 550 de 1999 (art. 41) y 1116 de 2006 (art. 34, par. 1º), en el sentido que la conmutación pensional aplica no solo para aquellos empleadores con pasivos pensionales que suscribieren o hubieren suscrito acuerdos de reestructuración o reorganización, según el caso, sino también para aquellos que, sin estar en situación de crisis, opten voluntariamente por subrogar sus obligaciones pensionales de manera técnicamente segura, aliviando en sus balances el impacto de lo que financieramente se suele denominar “carga pensional”.

Pautas para la acción

¿Cómo conjugar el verbo conmutar en la práctica?

Del marco normativo antes descrito se obtienen las siguientes pautas de acción:

1. Respecto de la conmutación total (D. 1260/2000).

• Se entiende que la conmutación es total, no por el número de pensionados en relación con los cuales opere la conmutación, sino por el hecho de que el empleador queda totalmente liberado del pago de las obligaciones pensionales sustituidas.

• Puede realizarse con el ISS, con una compañía de seguros a través de una renta vitalicia, o con una administradora de fondos de pensiones, a través de la modalidad de retiro programado.

• El pago solo podrá efectuarse mediante dinero efectivo o valores que puedan formar parte de las inversiones de la entidad que recibe los recursos.

• De lo previsto en los decretos 1260 de 2000 y 4014 2006, se obtiene el siguiente trámite:

— Si es un empleador que no se encuentra en liquidación, debe contar primero con el consentimiento expreso de los pensionados y no puede incluir sino obligaciones pensionales que tengan el carácter de ciertas e indiscutibles, es decir, no puede incluirse lo correspondiente a la expectativa pensional de trabajadores activos.

Si “al menos la mitad más uno de los acreedores (léase pensionados) expresan su consentimiento”, el empleador podrá sustituir las obligaciones de quienes hubieren consentido y conservará en su cabeza las obligaciones de quienes hubiesen negado el consentimiento o guardado silencio. Cuando al menos la mitad más uno de los pensionados hubiese negado el consentimiento o guardado silencio sobre la asunción, el mecanismo se entenderá rechazado.

— Simultáneamente, el empleador respectivo debe elaborar un cálculo actuarial de la obligación pensional que se conmuta.

— Con el consentimiento de los pensionados, cuando hay lugar a ello (empleadores no incursos en liquidación) y el cálculo actuarial elaborado, se solicita la autorización de la conmutación a la superintendencia que ejerza la supervisión y vigilancia de la empresa empleadora. Cuando se tratare de sociedades no sometidas a control y vigilancia, la autorización debe ser impartida por la Superintendencia de Sociedades.

En el caso de entidades públicas no sujetas a la vigilancia de una superintendencia, la solicitud de autorización de la conmutación se debe presentar al Ministerio de la Protección Social.

— La superintendencia a la que hubiere lugar debe aprobar el cálculo actuarial y remitir dicha aprobación técnica para concepto del Ministerio de la Protección Social (dirección de seguridad económica y pensiones) junto con una valoración motivada sobre la capacidad financiera del tercero que asume las obligaciones pensionales.

Como en el caso de entidades públicas no sujetas a la vigilancia de una superintendencia la solicitud de autorización se presenta al Ministerio de la Protección Social, la solicitud de concepto debe hacerla este ministerio al Ministerio de Hacienda.

— Si el concepto del Ministerio de la Protección Social o, según el caso, el del Ministerio de Hacienda, es favorable, la Superintendencia de Sociedades o en el caso de las entidades públicas no sujetas a la vigilancia de una superintendencia, como el Ministerio de la Protección Social, impartirán la autorización respectiva.

• El tercero que asume las obligaciones pensionales debe tener en cuenta, entre otras, las siguientes condiciones (D. 4014/2006):

— Obtener previamente la autorización de sus órganos directivos.

— Cuando se trate de empleadores que se encuentren desarrollando su objeto social, es decir, que no estén incursos en procesos de liquidación, verificar que se trata de obligaciones pensionales que tengan el carácter de ciertas e indiscutibles y, por lo tanto, que no aparezcan obligaciones pensionales relacionadas con trabajadores activos.

— En este mismo caso, es decir, cuando se trate de empleadores que no se encuentren en liquidación, debe la entidad verificar que el empleador hubiere obtenido el consentimiento expreso de los acreedores de las obligaciones pensionales, es decir, de los pensionados.

• Una vez surtido el trámite anterior y entregados los recursos a la respectiva entidad, el empleador, público o privado, queda subrogado en las obligaciones pensionales por la entidad respectiva, la cual asumirá enteramente dicho pasivo pensional.

• Por último, es importante tener en cuenta que “los mecanismos de normalización pensional (entre los cuales recordemos que está la conmutación) que sean establecidos sin la autorización y el concepto mencionados, carecerán de eficacia jurídica” (L. 1116/2006, art. 34, par. 1º, inc. 3º).

2. Respecto de la conmutación parcial (D. 941/2002).

• Consiste en la creación de patrimonios autónomos pensionales, cuyos recursos (capital y rendimientos) no podrán ser destinados sino para el pago de las obligaciones pensionales y sin perjuicio que, en cualquier tiempo y según lo convenido con el ente fiduciario, el empleador sustituya las inversiones de dicho patrimonio o los bienes que respaldan los activos fiduciarios por otros de similar o mejores condiciones.

Estos patrimonios son diferentes de los denominados “patrimonios autónomos de garantía”, constituidos por empleadores como mecanismo de normalización pensional, en la medida en que en estos casos, el patrimonio no tiene por objeto conmutar obligaciones pensionales y los empleadores siguen siendo responsables directos del pago de dichas obligaciones.

• Aplica tanto para pensionados como para trabajadores activos con expectativa pensional a cargo del empleador.

• Tiene por finalidad facilitar al empleador el cumplimiento de sus obligaciones en materia contable-pensional, pero sin liberarlo totalmente. Es decir, que sigue siendo responsable directo del pago de tales obligaciones y responderá del monto conmutado cuando el patrimonio autónomo no resulte suficiente. Por ello, se denomina conmutación parcial.

• Los patrimonios autónomos pensionales pueden ser administrados por sociedades fiduciarias vigiladas por la Superintendencia General de Entidades Financieras, administradoras de fondos de pensiones, consorcios o uniones temporales constituidos por estas entidades.

En este caso el trámite es el siguiente:

— El empleador interesado debe elaborar un cálculo actuarial de la obligación pensional que se conmuta, con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior y una proyección del valor del cálculo a la fecha de constitución del patrimonio autónomo pensional.

— Elaborado este cálculo, solicita la aprobación de la superintendencia que ejerza la supervisión y vigilancia de la empresa empleadora. Cuando se tratare de sociedades no sometidas a control y vigilancia, la autorización debe ser impartida por la Superintendencia de Sociedades.

En el caso de las entidades públicas no sujetas a la vigilancia de una superintendencia, la entidad debe obtener el concepto favorable del Ministerio de Hacienda.

En este caso, la ley no establece la intervención del Ministerio de la Protección Social. Sin embargo, ello ocurre en la práctica, no por la vía de aprobación o concepto previo favorable respecto del patrimonio autónomo pensional, sino en desarrollo del deber que tiene dicho ministerio de velar porque los empleadores con obligaciones pensionales a cargo establezcan garantía suficiente del pago de tales obligaciones (CST, art. 276, modif. 171/61, art. 13, en concordancia con D. 1299/94, arts. 19, 20 y 21).

De esta manera, esta conjunción de deberes termina subsumiendo el deber general oficioso de dicho ministerio al respecto, con la necesidad de aplicarlo de manera específica y, con mayor razón, cuando se constituyen patrimonios autónomos de garantía y no en desarrollo de la conmutación parcial.

— La entidad que administra el patrimonio autónomo debe dar aviso al Ministerio de la Protección Social y a la que ejerza la inspección y vigilancia del empleador, con un mínimo de 3 meses de antelación, cuando prevea que los recursos transferidos por el empleador puedan ser insuficientes para atender las obligaciones parcialmente conmutadas.

¿Y el Acto Legislativo 1 de 2005?

Como el Acto Legislativo 1 de 2005, por medio del cual se adicionó el artículo 48 de la Constitución Política, prohibió desde el 29 de julio de 2005 la celebración de cualquier acto jurídico que establezca condiciones pensionales diferentes a las previstas en las leyes del sistema general de pensiones, ha surgido la inquietud acerca de si los acuerdos de conmutación total, son contrarios a dicho acto y, por lo tanto, a la Constitución Política.

A este respecto conviene tener en cuenta que la conmutación pensional es un mecanismo por medio del cual se sustituyen obligaciones pensionales que deben considerarse concordantes con las leyes del sistema general de pensiones y cuya aplicación tiene por finalidad asegurar el cumplimiento de tales obligaciones.

En esta perspectiva, la conmutación pensional en sí misma es un mecanismo viable dentro de los parámetros del sistema general de pensiones porque lo que se traslada es la obligación, a fin de que un ente autorizado, previo el cumplimiento de los requisitos de ley, asuma dicha obligación en los términos que el sistema permite y solamente carecería de validez si lo conmutado afecta el derecho de los pensionados o vulnera expectativas pensionales reduciendo las condiciones que legalmente corresponden.

Precisamente, para preservar esta filosofía, es que existe un trámite riguroso de conceptos y autorizaciones por parte de diferentes entidades del Estado, de suerte que, surtido dicho trámite, con la aprobación oficial respectiva, se obtenga la certeza jurídica del respeto por lo que las leyes del sistema general de pensiones establecen, permiten y promueven.

La sustitución patronal no es conmutación

¿Qué ocurre cuando se presenta sustitución patronal y hay obligaciones pensionales, especialmente en las, tan de moda, fusiones por absorción?

Cabe recordar que, en estos casos, los derechos de orden laboral y pensional a que hubiere lugar se regulan con fundamento en lo previsto en los artículos 67 a 70 del Código Sustantivo del Trabajo y que los efectos en materia de obligaciones como las pensionales, no surgen por virtud de una conmutación sino por consecuencia propia del cambio de empleador.

Con base en las disposiciones de la ley laboral anteriormente mencionadas, conviene tener en cuenta lo siguiente:

1. Para que haya sustitución patronal se requieren las siguientes condiciones:

a. Cambio de empleador.

b. Continuidad en la prestación del servicio por parte del trabajador.

c. Continuidad en el desarrollo de las labores del establecimiento.

2. Según el artículo 515 del Código de Comercio, el establecimiento de comercio es “un conjunto de bienes organizados por el empresario para realizar los fines de la empresa. Una misma persona podrá tener varios establecimientos de comercio y, a su vez, un solo establecimiento de comercio podrá pertenecer a varias personas, y destinarse al desarrollo de diversas actividades comerciales”.

3. Aunque el Código Sustantivo del Trabajo no precisa qué se entiende por establecimiento, estimo que, de acuerdo con las leyes de la hermenéutica, la definición aplicable a este término consagrado en la norma laboral, es la antes transcrita y ello es precisamente lo que ocurre cuando la absorbente continúa con el establecimiento de la absorbida, como en el caso de la fusión.

4. El artículo 69 del Código Sustantivo del Trabajo establece lo siguiente:

a. El antiguo y el nuevo empleador “responden solidariamente” de las obligaciones que a la fecha de la sustitución sean exigibles al antiguo (num. 1º).

b. “En los casos de jubilación, cuyo derecho haya nacido con anterioridad a la sustitución, las pensiones mensuales que sean exigibles con posterioridad a esa sustitución deben ser cubiertas por el nuevo empleador, pero este puede repetir contra el antiguo” (num. 3º).

5. El artículo 70 faculta al antiguo y al nuevo empleador para “acordar modificaciones de sus propias relaciones”, pero sin afectar los derechos consagrados a favor de los trabajadores.

Ello significa que, según este artículo, en los casos de sustitución patronal, existe libertad de estipulación entre los empleadores, sin que se afecten los derechos de las personas.

En sentencia del 27 de agosto de 1973, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia explicó:

“Lo que pretende el legislador con el instituto de la sustitución no es otra cosa que mantener la unidad de los contratos. El efecto que persigue en materia de jubilación (...) consiste en garantizar el pago de la prestación por parte de la entidad económica, cualquiera que sea el empresario...”.

6. Del marco teórico-básico sobre “sustitución patronal” antes expuesto, se obtienen las siguientes conclusiones:

a. La sustitución patronal propiamente dicha se configura cuando hay trabajadores prestando el servicio y el cambio de empleador no modifica la continuidad de dicho servicio, pues este continúa con el establecimiento que tenía el antiguo, como ocurre en la fusión.

b. No obstante, la asunción de obligaciones pensionales por parte del nuevo empleador es un efecto que la ley laboral expresamente consagra como consecuencia derivada de la sustitución patronal, aunque en estricto sentido, respecto de los pensionados, no se produzca una sustitución de empleadores, ya que los pensionados no son trabajadores y, por lo tanto, no se puede predicar el requisito de la continuidad en la prestación del servicio.

Si, en estricto sentido, desde el punto de vista del derecho laboral, formalizada la sustitución patronal, sus efectos se producen de manera automática, opera una especie de conmutación impropia a la que no aplica la normatividad anterior y, en relación con la cual, debe considerarse el principio general constitucional de proteger de manera cuidadosa los derechos de los pensionados, para evitar que por esta vía se promuevan cambios de empleadores en detrimento de la garantía y pago de dichas obligaciones.

Ante el vacío o laguna legislativa y la necesidad de integrarlo para evitar manipulaciones que afectaren el derecho de los pensionados o de trabajadores activos con expectativa pensional por causa de las sustituciones patronales, estimo que si bien desde la perspectiva de la legislación laboral no se requiere adelantar el trámite ante el Ministerio de la Protección Social ni la Superintendencia de Sociedades, el nuevo empleador que asume el pasivo pensional que estaba a cargo del antiguo, debe demostrar que tiene, inclusive, mejores condiciones para garantizar el pago de dicho pasivo.

Ello, sin perjuicio de que, desde luego, se hayan constituido o constituyan las garantías que se suelen exigir a los empleadores con obligaciones pensionales, las cuales implican desde la realización técnica de los cálculos actuariales hasta la constitución de patrimonios autónomos administrados fiduciariamente, o avales bancarios o pólizas de cumplimiento (CST, art. 276, modif. L. 171/61, art. 13, en concordancia con D. 1299/94, arts. 19, 20 y 21).

Lo anterior, no como parte de un trámite propio de la normalización de pasivos, sino en desarrollo de la obligación general de los empleadores con pensiones a cargo de garantizar el pago de las mismas y sin que se requiera concepto del Minprotección ni autorización de la superintendencia respectiva, diferente a la que ordinariamente deba impartir el ente de control a los cálculos actuariales para lo que en materia de reservas pensionales sea necesario incluir en los balances.

Consecuentemente, sugiero para estos casos:

1. Suscribir de manera expresa un acuerdo de sustitución patronal en el cual se regule de manera clara lo relacionado con las obligaciones pensionales, el traslado de lo correspondiente a los cálculos actuariales que sean necesarios y la regulación de las garantías tendientes a asegurar el cumplimiento de obligaciones pensionales vigentes o eventuales existentes a la fecha de la sustitución.

2. Acoger, de manera voluntaria y extralegal, algunas de las disposiciones protectoras que consagran las normas antes mencionadas, particularmente las contenidas en el Decreto 4014 de 2006 a saber:

a. Obtener la autorización de los órganos directivos (juntas) de las dos empresas para, mediante el mecanismo de la sustitución patronal, hacer la cesión al nuevo empleador de la obligación pensional del antiguo empleador.

b. Dejar claramente consagrado que de las obligaciones pensionales adquiridas por el nuevo empleador, corresponden a pensiones ciertas e indiscutibles y cuáles corresponden a expectativas pensionales de trabajadores activos.

Consideración final

Es la vida. Nos han enseñado que un verbo es “acción, pasión y movimiento”. Las obligaciones pensionales, el pasivo pensional, “la carga pensional” no son otra cosa diferente a situaciones de humanidad que forman parte de la vida y reclaman las acciones necesarias para el amparo, la pasión o emoción propia de la solidaridad, la justicia, la equidad de quien ha construido su derecho a dicha protección con su esfuerzo, con su vida misma y, por lo tanto exige, a modo de movimiento, adoptar las tareas mancomunadas entre el Estado y los particulares para apoyar la sostenibilidad y el cumplimiento de una obligación que requiere, en el ámbito de un Estado social de derecho, la más alta diligencia en la construcción de las garantías que hagan posible el cumplimiento efectivo de la protección que se pretende.

La conmutación es un símbolo, un significante, cuyo significado envuelve mucho más que un mecanismo y traduce una búsqueda por procurar, de manera preventiva, que empleadores con pensiones a cargo, en medio de los avatares de la economía y los mercados, no produzcan el desastre social del desamparo, por causa de la imposibilidad de proteger el derecho pensional, para separarlo del albur de los riesgos propios del negocio.

En fin, es un verbo que hay que conjugarlo en clave de humanidad pero con proyección financiera o, dicho de otra manera, recordando la sabiduría del artículo 1º del Código Sustantivo del Trabajo, dentro de un espíritu de equilibrio social y coordinación económica.