Sentencia C-158 de marzo 5 de 2002 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PLENA

SENTENCIA NÚMERO C-158 DE 2002

Magistrado Ponente:

Dr. Alfredo Beltrán Sierra

Ref.: Expediente D-3709

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 98 de la Ley 388 de 1997 “por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones”

Demandante: Billy Andrie Torres Cortés

Bogotá, D.C., marzo cinco de dos mil dos

TODA EXPROPIACIÓN TIENE INDEMNIZACIÓN

TERRENOS DESTINADOS ILEGALMENTE A VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL

EXTRACTOS: «II. Normas demandadas

El siguiente es el texto de las normas demandadas, conforme a su publicación en el Diario Oficial 43.091 de julio 24 de 1997. Se resalta lo acusado.

“Ley 388 de 1997

(Julio 18)

Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989 y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones

DECRETA:

ART. 98.—Expropiación por motivos de equidad. Se adiciona el artículo 53 de la Ley 9ª de 1989 con el siguiente parágrafo:

PAR.—Para los efectos de que trata este artículo se presumirá el aprovechamiento de la necesidad de vivienda de los ocupantes, en los casos de inmuebles clasificados en los estratos 1 y 2 de la metodología de estratificación socioeconómica vigente. El alcalde municipal o distrital iniciará directamente el proceso de expropiación por vía administrativa, aplicándose el procedimiento previsto en los artículos 69 y siguientes de la presente ley, siendo entendido que no habrá lugar a indemnización alguna”.

(...).

VI. Consideraciones

1. Competencia.

En virtud de lo dispuesto por el artículo 241-4 la Corte Constitucional es competente para conocer de las demandas de inconstitucionalidad contra normas de rango legal, como la que se acusa en la demanda que se estudia.

2. El asunto sometido a examen.

2.1. El demandante formula en cargo concreto en contra del artículo 98 de la Ley 388 de 1997, que se refiere a la inexequibilidad de la norma acusada por presentarse respecto de ella el fenómeno de la inconstitucionalidad sobreviniente, como quiera que ella se refiere a eventos en que por razones de equidad se abría paso a la expropiación sin indemnización que consagraba el inciso 5º del artículo 58 de la Constitución Política, el cual fue retirado de la Carta por el Acto Legislativo 01 de 1999. Esta Corte circunscribirá su análisis al cargo propuesto en la demanda.

2.2. El artículo 98 de la Ley 388 de 1997, adicionó el artículo 53 de la Ley 9ª de 1989, con el siguiente parágrafo:

“Para los efectos de que trata este artículo se presumirá el aprovechamiento de la necesidad de vivienda de los ocupantes, en los casos de inmuebles clasificados en los estratos 1 y 2 de la metodología de estratificación socioeconómica vigente. El alcalde municipal o distrital iniciará directamente el proceso de expropiación por vía administrativa, aplicándose el procedimiento previsto en los artículos 69 y siguientes de la presente ley, siendo, entendido que no habrá lugar a indemnización alguna”.

Por su parte, el artículo 53 de la Ley 9ª de 1989 adicionado con el parágrafo transcrito, prevé la posibilidad de la expropiación sin indemnización por razones de equidad, cuando se presentan los eventos que prescribe la norma. En efecto, señala dicha disposición:

“Para los efectos previstos en el último inciso del artículo 30 de la Constitución Política declárase que existen motivos de equidad para decretar la expropiación sin indemnización cuando el propietario de un inmueble ubicado en sitio apto o no apto para urbanizar, en contravención a las normas sobre usos del suelo, o fuera del perímetro sanitario y urbano del municipio, del Distrito Especial de Bogotá, de un área metropolitana, de la Intendencia de San Andrés y Providencia, o sin contar con los permisos y licencias requeridos por las leyes y acuerdos, aprovechándose de la necesidad de vivienda de los ocupantes, venda, prometa en venta, promueva o tolere la ocupación de dicho inmueble para vivienda de interés social...”.

A pesar de que el actor solamente demandó el artículo 98 de la Ley 388 de 1997, la Corte, como lo solicita el Ministerio Público, integrará la unidad normativa con el artículo 53 de la Ley 9ª de 1989, por cuanto en ambas disposiciones se hace relación a la expropiación por motivos de equidad sin indemnización.

2.3. Ahora bien, la expropiación sin indemnización que consagra la Ley 9ª de 1989, tuvo su fundamento constitucional en el artículo 30 de la Constitución Política de 1886, modalidad que fue introducida en dicho ordenamiento constitucional en la reforma del año 1936, y mediante la cual se establecía que: “(...) [l]a propiedad es una función social que implica obligaciones.

Por motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el legislador, podrá haber expropiación, mediante sentencia judicial e indemnización previa.

Con todo, el legislador, por razones de equidad, podrá determinar los casos en que no haya lugar a indemnización, mediante el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de una y otra cámara (A.L. 1/36, art. 10)”.

El constituyente de 1991 conservó esta disposición constitucional (C.P., art. 58) introduciendo la función ecológica de la propiedad y la obligación del Estado a la protección y promoción de las formas asociativas y solidarias de propiedad, pero manteniendo la procedencia de la expropiación por razones de equidad definidos por el legislador, sin que hubiera lugar al pago de indemnización, mediante el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de una y otra cámara.

No obstante, el Congreso de la República en ejercicio de las facultades que le confiere la Constitución Política, reformó el artículo 58 superior mediante el Acto Legislativo 01 de 1999, mediante el cual suprimió la totalidad del inciso 5º de la norma constitucional citada, y en la cual, se consagraba la expropiación por razones de equidad sin que hubiera lugar al pago de indemnización, lo que trajo como consecuencia que cualquier restricción al derecho de propiedad por parte del Estado en razón a la prevalencia del interés general sobre el particular, se encuentra sometida al pago de la indemnización correspondiente. Como se dijo, el legislador, suprimió la totalidad del inciso 5º del artículo 58 de la Constitución, que adicionalmente consagraba que las razones de equidad así como los motivos de utilidad pública o de interés social que para el efecto invocara el legislador no podían ser controvertidos judicialmente.

Disponía el inciso en cuestión lo siguiente: “Con todo, el legislador, por razones de equidad, podrá determinar los casos en que no haya lugar al pago de indemnización, mediante el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de una y otra cámara. Las razones de equidad, así como los motivos de utilidad pública o interés social, invocados por el legislador, no serán controvertibles judicialmente”.

2.4. A primera vista podrá pensarse en que tanto el artículo 53 de la Ley 9ª de 1989, como el artículo 98 de la Ley 388 de 1997 que la adiciona con el parágrafo objeto de la acusación de inconstitucionalidad en este proceso, resultarían afectados de una “inconstitucionalidad sobreviniente” por la reforma de que fue objeto el artículo 58 de la Carta, por el Acto Legislativo 01 de 1999, mediante la cual se suprimió el ordenamiento jurídico la expropiación sin indemnización por razones de equidad.

Con todo, un análisis completo y más detenido de las disposiciones legales mencionadas frente a la Constitución Política, aun después de la reforma que le fue introducida por el Acto Legislativo 01 de 1999 al artículo 58 de la Carta, conduce a que tales disposiciones sólo parcialmente se afectan por la inconstitucionalidad sobreviniente.

En efecto, con respecto al artículo 53 de la Ley 9ª de 1989, no queda duda alguna de las expresiones “[p]ara los efectos previstos en el último inciso del artículo 30 de la Constitución Política”, “de equidad” y “sin indemnización” resultan hoy contrarias a la Constitución, como quiera que el último inciso el artículo 30 de la Carta de 1886, con la reforma que le fue introducida por el Acto Legislativo 01 de 1936, autorizaba la expropiación sin indemnización por razones de equidad que, de la misma manera consagró también el artículo 58 de la Carta Política de 1991, por lo que, en consecuencia, mientras este último estuvo vigente, las expresiones legales anotadas tenían entonces fundamento constitucional. Pero, reiterada del ordenamiento jurídico esa institución por decisión del Congreso como constituyente derivado, desaparece el soporte jurídico para que ellas subsistan, por haberse afectado de inconstitucionalidad por esa causa, e igual sucede y por idéntica razón con la expresión “siendo, entendido que no habrá lugar a indemnización alguna” contenida en la parte final del parágrafo con el cual se adicionó el artículo 53 de la Ley 9ª de 1989, por el artículo 98 de la Ley 388 de 1997.

2.5. Lo restante del texto del artículo 53 de la Ley 9ª de 1989, con el parágrafo que le fue adicionado por el artículo 98 de la Ley 388 de 1997, aun después de la reforma introducida al artículo 58 de la Carta Política por el Acto Legislativo 01 de 1999, resulta acorde con la Constitución.

En efecto, el artículo 58 de la Carta, al igual que lo hacía el artículo 30 de la Constitución anterior con la reforma de que fue objeto mediante el Acto Legislativo 01 de 1936, autoriza la expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa por motivos de utilidad pública o de interés social; y agrega que, cuando el legislador así lo determine tal expropiación puede realizarse por vía administrativa sujeta a la acción contencioso administrativa, incluso respecto del precio.

A la luz de esta disposición constitucional, resulta absolutamente claro que el artículo 53 de La Ley 9ª de 1989 forma parte de un conjunto normativo que tiene por finalidad la “legalización de títulos para la vivienda de interés social”, razón esta que aplicando el principio de conservación del derecho y una interpretación teleológica de las normas legales, saca avante la constitucionalidad del texto del primer inciso del artículo 53 ibídem, y su parágrafo, suprimiendo las expresiones a que se hizo referencia en el numeral precedente, como quiera que, sin ellas el texto de esa norma quedaría así “Declárase que existen motivos para decretar la expropiación cuando el propietario de un inmueble ubicado en sitio apto o no apto para urbanizar, en contravención a las normas sobre uso del suelo o fuera del perímetro sanitario y urbano de un municipio, del Distrito Especial de Bogotá [hoy Distrito Capital], de un área metropolitana, de la intendencia de San Andrés y Providencia [hoy departamento], o sin contar con los permisos o licencias requeridos por las leyes y acuerdos, aprovechándose de la necesidad de vivienda de los ocupantes, venda, prometa en venta, promueva o tolere la ocupación de dicho inmueble para vivienda de interés social.

En los eventos previstos en el inciso anterior, competerá únicamente a las entidades territoriales enumeradas en el inciso anterior donde se encuentre el inmueble ordenar la expropiación correspondiente. Los ocupantes tendrán derecho a que dicha entidad les otorgue la propiedad sobre los lotes así ocupados, sin que haya lugar a pagos adicionales, y podrán en todo caso exigir del vendedor la restitución de las sumas que hubieren pagado, junto con intereses moratorios. Competerá a la entidad territorial adelantar las acciones necesarias a nombre de los ocupantes e invertir las sumas recuperadas en la provisión de obras y servicios en el inmueble expropiado.

La expropiación de que trata el presente artículo no se extenderá a las construcciones y mejoras de los ocupantes de viviendas de interés social”.

Y el parágrafo adicionado al artículo 53 de la Ley 9ª de 1989, mediante el artículo 98 de la Ley 388 de 1997, no deja duda de que se refiere a los ocupantes de inmuebles de “los estratos 1 y 2 de la metodología de estratificación socioeconómica vigente”, para lo cual dispuso “el alcalde municipal o distrital iniciará directamente el proceso de expropiación por vía administrativa, aplicándose el procedimiento previsto en el artículo 69 y siguientes de la presente ley”

Queda entonces fuera de duda que se trata de expropiación administrativa por razones de interés social como un instrumento ideado por el legislador para adelantar la reforma urbana, y en relación con las viviendas ocupadas por quienes socioeconómica se clasifican en los estratos 1 y 2 de la población. Siendo ello así, se encuentra entonces por la Corte que se cumple con la autorización del legislador respecto de los motivos para adelantar una expropiación administrativa, que, además, queda sujeta al control de legalidad de la jurisdicción contenciosa administrativa, lo que, en consecuencia, en nada contradice el texto actual del artículo 58 de la Carta, norma en cuya interpretación necesariamente ha de tenerse en cuenta que el Estado colombiano se definió por la Constitución como “social de derecho”, lo que da a las normas constitucionales una connotación específica que ha de servir de derrotero no sólo para su interpretación sino para el actuar de todas las autoridades públicas.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

Declarar INEXEQUIBLES las expresiones “Para los efectos previstos en el último inciso del artículo 30 de la Constitución Política”, “de equidad” y “sin indemnización” contenidas en el inciso primero del artículo 53 de la Ley 9ª de 1989, y la expresión “siendo entendido que no habrá lugar a indemnización alguna” del parágrafo del artículo 98 de la Ley 388 de 1997; y, EXEQUIBLE el resto del contenido normativo del citado artículo 53 de la Ley 9ª de 1989 y su parágrafo, con el cual fue adicionado por el artículo 98 de la Ley 388 de 1997.

Notifíquese, comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente».

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