Sentencia C-654 de agosto 22 de 2007 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

Sentencia C-654 de 2007 

Ref.: expediente D-6665

Magistrado Ponente:

Dr. Nilson Pinilla Pinilla.

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 122 (parcial) de la Ley 30 de 1992, “Por la cual se organiza el servicio público de la educación superior”.

Demandante: Juan Domingo Torres Ojeda.

Bogotá, D. C., veintidós (22) de agosto de dos mil siete (2007).

EXTRACTOS: «II. Texto de la norma demandada

A continuación se transcribe el texto del artículo 122 de la Ley 30 de 1992, conforme a su publicación en el Diario Oficial 40.700 del 29 de diciembre de 1992, subrayando los apartes acusados:

“LEY 30 DE 1992

Por la cual se organiza el servicio público de educación superior.

(…).

ART. 122.—Los derechos pecuniarios que por razones académicas pueden exigir las instituciones de educación superior, son los siguientes:

(…).

e) Derechos de grado

(…).

PAR.1º—Las instituciones de educación superior legalmente aprobadas fijarán el valor de todos los derechos pecuniarios de que trata este artículo y aquellos destinados a mantener un servicio médico asistencial para los estudiantes, los cuales deberán informarse al Instituto Colombiano para la Educación Superior (Icfes) para efectos de la inspección y vigilancia, de conformidad con la presente ley.

PAR.2º—Las instituciones de educación superior estatales u oficiales podrán además de los derechos contemplados en este artículo, exigir otros derechos denominados derechos complementarios, los cuales no pueden exceder el 20% del valor de la matrícula.”

(…).

VI. Consideraciones de la Corte Constitucional

1. Competencia.

En virtud de lo dispuesto por el artículo 241-4 de la Constitución Política, la Corte Constitucional es competente para conocer de la acción de inconstitucionalidad en referencia.

2. La materia sujeta a examen.

Corresponde a la Corte establecer si las expresiones acusadas del artículo 122 de la Ley 30 de 1992, que autorizan a las universidades para exigir el pago de derechos de grado y lo destinado a mantener un servicio médico asistencial, contravienen las normas constitucionales que consagran el Estado social de derecho (art. 1º), la libertad de escoger profesión u oficio (art. 26), el derecho a la educación (art. 67) y su aplicación inmediata (art. 85), y el mejoramiento de la calidad de vida como finalidad social del Estado (art. 366).

3. Derechos de grado en las instituciones de educación superior.

De acuerdo con lo dispuesto en artículo 67 de la Constitución, “la educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos”.

Como se observa, la norma fundamental consagra como regla general la educación gratuita en todos los establecimientos estatales, pero autoriza cobrar derechos académicos a quienes tengan capacidad económica, preservando, contrario sensu, la gratuidad a favor de los pobres.

Al indagar por el origen de esa norma, en sus antecedentes se observa que el texto aprobado en primer debate en la plenaria de la Asamblea Nacional Constituyente señalaba que “En las instituciones del Estado, la educación será gratuita. Sin embargo, a los hijos de familia con capacidad económica se les podrá exigir el pago de matrícula y pensión de acuerdo con sus ingresos.” (1) Su última parte quedó finalmente reemplazada por la expresión “sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos” (2) , sin que con ello haya cambiado el sentido original del citado precepto constitucional, consistente en que la gratuidad de la enseñanza pública no excluye, sino que presupone, la posibilidad de que las instituciones cobren derechos a quienes tengan capacidad económica para pagarlos.

Ciertamente, aun cuando la fórmula adoptada por el constituyente a primera vista pareciere contradictoria, por cuanto en una aproximación a su sentido el cobro de derechos académicos se pudiere asumir como un obstáculo al acceso a la educación oficial, lo cierto es que apelando a una sana hermenéutica la previsión en comento debe ser interpretada como manifestación del principio de solidaridad, en la medida en que la exigencia de derechos académicos a quienes puedan pagarlos hace posible que personas con demostrada capacidad económica permitan generar recursos adicionales que coadyuven a la financiación de ese servicio público, a fin de que la educación esté al alcance de todos.

Tratándose de la educación universitaria estatal, en los instrumentos internacionales la obligación de acceso gratuito a ese servicio público es por ahora compatible con el establecimiento de derechos académicos a quienes pueden sufragarlos, toda vez que el Pacto internacional de derechos económicos sociales y culturales (3) y las observaciones generales del comité de derechos económicos, sociales y culturales (4) , reconocen la obligación para los Estados de implantar “progresivamente” la gratuidad de la enseñanza superior.

En efecto, el Pacto internacional de derechos económicos sociales y culturales en su artículo 13, numeral 2º, literal c) dispone:

“La enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita.”

Y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en la Observación General Nº 13, numeral 6º, inciso b), parte iii), establece que “mientras que la enseñanza primaria ha de ser gratuita para todos, se pide a los Estados partes que implementen gradualmente la enseñanza secundaria y superior gratuita.”

Por otra parte, la Carta también autoriza a las instituciones de carácter particular para cobrar a los estudiantes el pago de emolumentos con ocasión del servicio educativo prestado, lo cual deriva de la naturaleza de la actividad que desarrollan, como quiera que concurren a la prestación del servicio público de educación, en ejercicio de la libertad económica y de empresa e iniciativa privada, pudiendo recibir a cambio la justa retribución por su gestión, dentro de los límites y controles establecidos por el Estado. En este sentido se pronunció la Corte en la sentencia C-560 de 1997 (noviembre 6), M.P. José Gregorio Hernández Galindo, que declaró inexequible parcialmente el artículo 203 de la Ley 115 de 1994, en cuanto autorizaba el cobro de “bonos” en colegios privados. Expresó esta corporación:

“La Constitución Política no concentra en manos del Estado el monopolio en la prestación de los servicios educativos y, por el contrario, otorga a los particulares la libertad de fundar centros docentes con tal objetivo, dentro de las condiciones de creación y gestión que la ley establezca y desde luego bajo el control, la supervisión y la suprema vigilancia estatal (C.P., arts. 67 y 68).

Se trata de una libertad constitucionalmente garantizada, complementaria de la actividad a cargo del Estado, que implica un valioso concurso de la iniciativa y el esfuerzo privados con miras a facilitar una mayor cobertura de la educación y en búsqueda de su creciente calidad, y que simultáneamente abre posibilidades de elección para los padres de familia, quienes gozan del derecho, también de naturaleza constitucional, de escoger el tipo de educación para sus hijos menores (C.P., art. 68). Esto implica que las personas e instituciones privadas, siempre que no desborden los límites legalmente señalados a su gestión ni evadan los controles oficiales ordenados a la inspección y vigilancia del servicio público, pueden diseñar y poner en funcionamiento unidades educativas dotadas de perfiles específicos acordes con principios que inspiren su fundación y que correspondan a sus convicciones y expectativas, para satisfacer la demanda de la población dentro de un mosaico de opciones propio del sistema democrático y pluralista que la Constitución consagra (C.P., art. 1º).

Ello demanda, obviamente, los recursos económicos indispensables para financiar los proyectos educativos que se busque sacar adelante, los cuales, sin perjuicio del apoyo e incentivo oficial (C.P., art. 71), corresponde aportar a los usuarios de las instituciones correspondientes, es decir, a quienes, en ejercicio de su libertad, han resuelto confiar la formación e instrucción de sus hijos a establecimientos particulares. Y ello por cuanto al preferir la opción de la educación privada, que exige asumir costos, en vez de la pública, que tiene como principio el de la gratuidad, se obligan a remunerar, en virtud de contrato con el ente seleccionado, los servicios que éste haya de prestarles.” (5)

En este pronunciamiento también se precisó que “si bien la Constitución protege la actividad económica, la iniciativa privada y la libre competencia (C.P., art. 333) y reconoce también el derecho de los particulares de fundar centros educativos (C.P., art. 68), tales libertades no pueden anular ni disminuir el carácter de servicio público y de función social atribuido por la Constitución Política a la educación, que también y sobre todo es un derecho fundamental”, para concluir que “la educación —aun la privada— debe prestarse en condiciones tales que garantice la igualdad de oportunidades en el acceso a ella, por lo cual repugna a su sentido de servicio público con profundo contenido social cualquier forma de trato discriminatorio o ‘elitista’ que, en virtud de un exagerado requerimiento económico, excluya per se a personas intelectualmente capaces cuyo nivel de ingresos solo les hace posible sufragar las proporcionales contraprestaciones legalmente autorizadas que se adecuan al nivel educativo buscado, pero no cantidades extraordinarias ajenas al servicio mismo y a su categoría”.

Apreciaciones que, mutatis mutandis, son aplicables al servicio de educación superior, al cual se contrae la demanda y el estudio que en esta ocasión ocupa la atención de la Corte Constitucional.

Así mismo, la jurisprudencia ha señalado que al ser prestado el servicio público de educación por una entidad particular, “esta ocupa el lugar del Estado para algo muy importante cual es la prestación de un servicio público”, lo cual “no excluye que la entidad aspire obtener una legítima ganancia” y por ello la Corte “no puede ser indiferente al equilibrio estructural de las cargas financieras del sistema de la educación privada”. (6)

Además, porque como lo ha precisado esta corporación, “la educación tiene también una dimensión civil o contractual, la cual se consolida al momento de matricularse la persona en el centro educativo y de suscribir con la institución, pública o privada, un contrato de naturaleza civil del que se derivan derechos y obligaciones para ambas partes”, en cuya virtud “surge para los establecimientos educativos el derecho a obtener los pagos provenientes de la ejecución del contrato educativo —matrículas, pensiones y otros emolumentos— y para los educandos la obligación correlativa de realizarlos”. (7)

De ahí que el Estado no puede imponer a los particulares la gratuidad del servicio educativo, lo cual es distinto a que, motu proprio o como acto de liberalidad, establezcan subvenciones económicas con el objeto de fomentar el acceso a la educación de personas de escasos recursos.

Desde otro ángulo de análisis, la doctrina constitucional considera que el pago apropiado es un deber académico del estudiante, toda vez que “al lado del derecho de la persona a un servicio educativo en condiciones de calidad, sujeto a la ley y vigilado por el Estado, coexiste la facultad de exigir de los estudiantes el sometimiento a las normas internas que regulan las relaciones académicas y administrativas de la institución, las cuales incluso pueden llegar a ser indispensables para garantizar el ingreso y permanencia en el sistema educativo”, concluyendo que en ese contexto, por ejemplo el pago de la matrícula, “no constituye per se una exigencia exorbitante ni arbitraria, pues responde al derecho de la institución educativa privada de lograr una remuneración económica legítima con ocasión del servicio que presta”. (8)

Tratándose de entes de educación superior, la Corte entiende que la fijación de derechos académicos además corresponde al ámbito de autonomía que les reconoce la Carta Política (art. 69 Const.), que los faculta, entre otros aspectos importantes, para expedir libremente sus propios estatutos y adoptar su régimen interno, determinando al efecto las obligaciones surgidas entre educadores y educandos. Autonomía que, como lo ha precisado la jurisprudencia, es relativa no solo porque debe respetar los derechos protegidos en la Carta Política, en especial los de quienes aspiran a ingresar al respectivo claustro universitario (9) , “sino porque el legislador regula su actuación y está facultado constitucionalmente para establecer las condiciones para la creación y gestión de dichos entes educativos (C.P., art. 68), para dictar las disposiciones con arreglo a las cuales se darán sus directivas y sus estatutos (C.P., art. 69) y para dictar su régimen especial”. (10)

Valga observar que, dentro de la autonomía instituida y como tales recursos permiten que las universidades puedan financiar el servicio educativo y así alcanzar sus objetivos propuestos, el Estado no puede inmiscuirse en su manejo. (11)

En suma, no es cierto que esté prohibido constitucionalmente a las universidades el cobro de derechos académicos, ni que estos deban ser gratuitos, pues la Carta permite que aún en el sector público se pueda exigir pago, pero solamente a quienes tienen capacidad económica; con mayor razón, la retribución está justificada en el sector privado, donde se la considera como debida contraprestación por el servicio educativo desplegado por particulares.

Ahora, como el artículo 67 de la Carta no trae una definición de “derechos académicos” y tampoco los enuncia, ha de entenderse que tal asunto está deferido al legislador, quien al ejercer su facultad de configuración en este campo no puede desconocer que aunque esos derechos sean de contenido económico, ante todo deben guardar correspondencia con la educación, en su doble dimensión de derecho de la persona y servicio público que tiene una función social.

Compete también al legislador determinar si el valor de esos derechos debe ser fijado por las autoridades respectivas o por los entes educativos bajo el control y vigilancia de aquellas, atendiendo el carácter de servicio público y de función social que la Constitución asigna a la educación, con todas las connotaciones fundamentales que se le han reconocido.

En relación con este punto, conviene precisar que para el caso del servicio educativo a cargo de particulares, se considera que los pagos que ocasione su prestación no están librados a las leyes de la oferta y la demanda, ni a la autonomía absoluta de los centros de instrucción, sino que están controlados por el Estado:

“… de una parte está comprometido el derecho a la educación, y de otra un incontrolado aumento de los costos educativos puede llegar a lesionar y aun a frustrar las finalidades del servicio público en contra de la Constitución, además de afectar el conjunto de la economía a través del incremento de uno de los factores más sensibles dentro de la canasta familiar, todo lo cual exige la intervención del Estado, a cuyo cargo se encuentra la dirección general de la política económica, para ubicar el ejercicio de la autonomía privada dentro de los límites del bien común y asegurar el cumplimiento de la función social que corresponde a la educación. De allí que el control de precios en la materia resulte inherente a la conducción del sistema educativo a cargo del Estado y restrinja los alcances de la libertad reconocida a los entes educativos privados, con objetivos tan específicos como los que señala el artículo 334 de la Constitución.” (12) .

Dentro de estos parámetros el artículo 122 de la Ley 30 de 1992, acusado parcialmente, habilita a las universidades para requerir, “por razones académicas”, los “derechos pecuniarios” allí relacionados: inscripción; matrícula; realización de exámenes de habilitación, supletorios y preparatorios; realización de cursos especiales y de educación permanente; grado; expedición de certificados y constancias; los destinados a mantener un servicio médico asistencial para los estudiantes y derechos complementarios.

Advierte la Corte que ese mandato legal no contiene una imposición, pues emplea la expresión “pueden exigir”, lo cual es explicable dado que tratándose de establecimientos de carácter estatal los derechos pecuniarios solamente se cobrarán a quienes cuentan con capacidad de pago; respecto de las instituciones particulares, estas tienen derecho a exigirlos como retribución del servicio prestado, pudiendo determinar, en ejercicio de su autonomía, si en algunos casos no hay lugar a su pago.

Según la norma en cuestión, el establecimiento de esos derechos procede por “razones académicas”, entendidas como las relacionadas con la eficiente prestación del servicio público de educación, con función social, que igualmente busca la realización de ese derecho con arreglo a los propósitos señalados por el constituyente en el artículo 67 fundamental: formar al colombiano “en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente”.

Así mismo, al tenor de la disposición legal, tales derechos son “pecuniarios”, es decir, de naturaleza económica, lo cual también está en consonancia con la Constitución que los reconoce como legítima fuente de recursos para financiar el servicio educativo, autorizando su cobro en las instituciones del Estado solamente a quienes tienen capacidad de pago y no proscribiendo que los establecimientos particulares los establezcan como justa contraprestación por la capacitación brindada.

Conforme a la norma en comento, el valor de tales derechos además debe ser fijado por las “instituciones de educación superior legalmente aprobadas”, lo cual no significa que cuenten con absoluta discrecionalidad en esta materia sino que, por el contrario, deben hacerlo dentro de un régimen de libertad controlada, debiendo informar al Instituto Colombiano para la Educación Superior, Icfes, “para efectos de la inspección y vigilancia”.

Esta medida también armoniza con la Carta Política pues, según se explicó, el legislador es quien determina la modalidad bajo la cual las universidades establecen los costos del servicio educativo en ejercicio de su autonomía (art. 69 Const.), que las faculta para determinar las obligaciones académicas, sin perjuicio de la “suprema inspección y vigilancia de la educación” que corresponde al Estado, según lo dispuesto en el artículo 67 superior.

El actor cuestiona el cobro de derechos de grado, porque cree que la Carta impone su gratuidad, la cual deduce de lo que él denomina “derecho fundamental el título de grado” (sic), que en su parecer es preeminente en relación con el cobro de emolumentos por ese concepto.

Para la Corte los cargos así formulados en la demanda no tienen prosperidad, toda vez que, de acuerdo con las consideraciones expuestas, las universidades sí están autorizadas constitucionalmente para establecer estipendios como contraprestación del servicio educativo, bajo control y vigilancia del Estado, de modo que el legislador en ejercicio de su facultad de configuración podía posibilitar que esas instituciones fijen retribución.

Es cierta la afirmación del actor de que el literal e) impugnado se limita a enunciar “derechos de grado”, sin definirlos, pero ello no acarrea inexequibilidad pues, como se ha visto, su delimitación está dentro del ámbito de autonomía de las universidades, resultando fundado que se busque recuperar los gastos en que han incurrido para la entrega del título profesional, por ejemplo los anotados por el Procurador General y por la apoderada del Ministerio de Educación Nacional, como el valor de la impresión del diploma, la ceremonia si la hay y otros costos, que pueden ser indirectos, pero reales.

Que las universidades alteren la finalidad de los derechos de grado o se desborden en su cuantificación, tampoco es motivo para predicar la inconstitucionalidad, como quiera que se trata de un problema relacionado con la aplicación práctica de la norma, que no corresponde al control constitucional abstracto sino al de las autoridades encargadas de la inspección y vigilancia del servicio educativo.

La Corte considera necesario advertir que cuando proceda el cobro de esos derechos de grado, estos deben corresponder proporcionalmente a los reales costos administrativos de graduación y, por tanto, deben justificarse, ser razonables y estar previamente aprobados, sin que puedan constituir un prerrequisito para graduarse, frente a quien carece de recursos y ya cumplió con todos los requerimientos académicos para la obtención de un título profesional.

De tal manera, queda claro que en ningún caso podrá negarse ni posponerse la graduación de quien haya cumplido todos los requisitos académicos y solo tenga a su cargo obligaciones pecuniarias para con el centro de estudios superiores, sin perjuicio de las garantías civiles a que legalmente haya lugar.

Cabe precisar, para ratificar lo expresado en el párrafo anterior, que contrario a la opinión del demandante, la disposición acusada no sujeta la obtención del título profesional al pago de los derechos de grado, ya que se limita a consagrarlos como derechos pecuniarios, que pueden exigir las universidades por razones académicas, siendo procedente su cobro pero dentro de los lineamientos señalados precedentemente.

En caso de que eventualmente llegare a presentarse un conflicto entre “el derecho del plantel educativo a obtener el pago por el servicio de enseñanza y los derechos fundamentales del educando —entre ellos la educación—, es necesario otorgar a estos últimos una condición prevalente, sin que ello implique desconocer la existencia del derecho de la institución educativa ni la posibilidad de que pueda hacerlo efectivo a través de los medios jurídicos existentes”. (13)

En tal evento, la institución no puede oponerse a la entrega del respectivo diploma, pues violaría el derecho a la educación, que implica “no solo el acceso y la permanencia en un centro educativo, sino el reconocimiento al esfuerzo y a la culminación de una etapa, durante la cual se preparó con la intención de ser una persona más útil a la sociedad. Tal reconocimiento se materializa en la expedición del diploma correspondiente, y resulta por demás injusto, negárselo”. (14)

En conclusión, es exequible el literal e) del artículo 122 de la Ley 30 de 1992, que consagra el cobro de “derechos de grado” como valores que pueden exigir las universidades, en el entendido de que a quienes carezcan de capacidad económica para sufragarlos, no se les podrá exigir su pago y conservan el derecho a graduarse.

4. Servicio médico asistencial en las instituciones de educación superior.

Frente a este otro enfoque, considera el actor que la fijación pecuniaria para mantener un servicio médico asistencial en las universidades, previsto en el parágrafo 1º del artículo 122 de la Ley 30 de 1992, no está autorizado constitucionalmente, pues a su modo de ver debe estimarse incluido en el suministro integral de la educación y su establecimiento desdibuja la función asignada por la Carta a los centros de educación superior.

Ante ello, ha de observarse la jurisprudencia constitucional, en cuanto so pretexto de hacer efectiva la autonomía que la Carta reconoce a las universidades, el legislador no puede delegar en ellas la facultad normativa para crear y organizar su propio “régimen de seguridad social en salud”, toda vez que es un asunto del resorte exclusivo del legislador, al tenor de lo dispuesto en los artículos 48, 49 y 150-23 de la Constitución Política.

Así lo señaló esta Corte en sentencia C-1435 de 2000 (octubre 25), M.P. Cristina Pardo Schlesinger, al declarar parcialmente inexequible el Proyecto de Ley 118/99 cámara y 236/2000 senado, “por la cual se modifica el inciso 3º del artículo 57 de la Ley 30 de 1992”, por considerar que la inclusión de la expresión “su propia seguridad social en salud” rebasaba el marco de competencia señalado al legislador en los artículos recién citados:

“…según lo prescriben los artículos 48 y 49 de la Constitución Política y lo avala la reiterada jurisprudencia de esta corporación, la seguridad social en salud es un servicio público de carácter obligatorio que, bajo la dirección, coordinación y control del Estado, y con sujeción a los principios de eficacia, universalidad y solidaridad, debe prestarse en los términos y condiciones que defina la ley.

(…)

En respaldo de lo anterior, a partir de una interpretación sistemática de la Carta, en especial de sus artículos 1º, 2º, 56, 150-23, 365, 367, 368, 369 y 370, para la Corte es evidente que, de manera general, la atribución constitucional para regular todo lo concerniente a los servicios públicos es exclusiva del legislador a quien compete -de conformidad con su reiterada jurisprudencia- establecer aquellos criterios normativos básicos relativos a: ‘la naturaleza, extensión y cobertura del servicio, su carácter de esencial o no, los sujetos encargados de su prestación, las condiciones para asegurar la regularidad, permanencia, constancia, calidad y eficiencia en su prestación, las relaciones con los usuarios, en lo que atañe a sus deberes, derechos, al régimen de su protección y sus formas de participación en la gestión y fiscalización de las empresas que presten el servicio, el régimen tarifario, y la manera como el Estado ejerce el control, la inspección y la vigilancia para asegurar su prestación eficiente (C.P., arts. 1º, 2º, 56, 150-23, 365, 367, 368, 369 y 370).’ (15)

Entonces, no cabe duda que bajo el actual esquema constitucional, el legislador es el llamado a diseñar el régimen jurídico de la seguridad social en salud, con absoluta y total sujeción a los principios superiores de eficiencia, universalidad y solidaridad, mediante los cuales se busca hacer realidad los objetivos políticos que soportan el llamado Estado social, contribuyendo así a dar una solución real y efectiva a las necesidades insatisfechas de la sociedad y, en particular, de aquellos sectores de la población cuyas condiciones económicas precarias les impiden asumir por sus propios medios los costos del servicio de atención en salud.

Sobre este supuesto, podría sostenerse incluso que la competencia asignada al Congreso en el campo de lo social, comporta en realidad un deber jurídico de origen constitucional, ineludible e intransferible, que persigue hacer realidad, en forma armónica y coherente, la aplicación material de los principios que gobiernan la regulación del sistema de seguridad social en salud; armonía y coherencia que no estaría del todo garantizada, si se delega en las universidades públicas la facultad para crear sus propios regímenes de seguridad social en salud, sin que al menos el legislador haya definido previamente los términos y condiciones que deben regir su operatividad y ejecución.

Así las cosas, para la Corte el proyecto de ley objetado desbordó el ámbito de acción de la autonomía universitaria, toda vez que bajo su amparo procedió a deslegalizar la competencia funcional asignada por los artículos 48, 49 y 150-23 de la Constitución Política a la ley, los cuales la habilitan, como se ha explicado, para regular lo relacionado con el servicio público de seguridad social en salud.” (resaltado en el texto original).

El parágrafo bajo análisis no faculta a las universidades para crear y organizar su propio régimen de seguridad social en salud; simplemente las autoriza a cobrar unos emolumentos, con el fin de financiar “un servicio médico asistencial” para sus estudiantes, el cual es diferente pero no excluyente de la atención que brinda el sistema de seguridad social en salud regulado en la Ley 100 de 1993 y disposiciones complementarias, tanto en el régimen contributivo como subsidiado.

Entiende la Corte, entonces, que con dicho servicio no se pretende crear un régimen especial de seguridad en las universidades, paralelo y a semejanza del que está regulado en la Ley 100 de 1993, sino brindar una alternativa de atención médica a los estudiantes universitarios que requieran de ella para así hacer efectivo su derecho a la educación en forma integral, servicio que además es provechoso, en cuanto permita cubrir las situaciones de emergencia que se presenten dentro de la institución.

Esa asistencia médica en las universidades constituye entonces un servicio preventivo y de primeros auxilios que no duplica la seguridad social ni la medicina prepagada y que debe prestarse a toda la comunidad educativa, en igualdad de condiciones.

Si bien inicialmente pudiera pensarse que dicho servicio no forma parte propiamente de la educación, lo cierto es que la institución debe brindar las condiciones que permitan atender las emergencias que se presenten en sus instalaciones, cuyos costos solo pueden trasladarse a los estudiantes que tengan la capacidad económica para asumirlos.

Siendo ese el propósito de la aludida disposición, la Corte no encuentra cómo el cobro de los derechos correspondientes pueda vulnerar el ordenamiento superior, pues tal como se explicó anteriormente la Constitución faculta a los establecimientos educativos para cobrar ciertos estipendios, en montos razonables y debidamente sustentados, que solo deben ser erogados por los estudiantes que puedan costearlos, excluyendo del pago pero nunca del servicio a los alumnos de escasos recursos.

En consecuencia, el segmento impugnado del parágrafo 1º del artículo 122 de la Ley 30 de 1992, que consagra el cobro del servicio médico asistencial, también será declarado exequible, en el entendido de que a quienes carezcan de capacidad económica para sufragarlo, no se les podrá exigir su pago y podrán en todo caso acceder al servicio.

VII. Decisión.

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

Primero. Declarar EXEQUIBLE el literal e) del artículo 122 de la Ley 30 de 1992, en el entendido de que a quienes carezcan de capacidad económica para sufragarlos, no se les podrá exigir su pago y conservan el derecho a graduarse.

Segundo. Declarar EXEQUIBLE la expresión “un servicio médico asistencial” contenida en el parágrafo 1º del artículo 122 de la Ley 30 de 1992, en el entendido de que a quienes carezcan de capacidad económica para sufragarlo, no se les podrá exigir su pago y podrán en todo caso acceder al servicio.

Notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente. Cúmplase».

(1) Cfr. Gaceta Constitucional Nº 136 de noviembre 11 de 1991 (contiene el acta de la sesión plenaria de junio 14 de 1991).

(2) Esta expresión pertenece al artículo aprobado por la Comisión Codificadora para segundo debate en la plenaria. Cfr. “Constitución Política de Colombia. Origen, evolución y vigencia.” LLERAS DE LA FUENTE, Carlos y TANGARIFE TORRES, Marcel. Ed. Rosaristas, Pontificia Universidad Javeriana, Biblioteca Jurídica Diké, Bogotá, 1996, T. I, pág. 283.

(3) Aprobado por Colombia por medio de la Ley 74 del 26 de diciembre de 1968.

(4) El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR) es el órgano de expertos independientes de la Organización de las Naciones Unidas, que supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales por sus Estados Partes. El Comité también publica su interpretación de las disposiciones del Pacto, en forma de observaciones generales.

(5) C-560 de 1997 (noviembre 6), M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

(6) SU-624 de 1999 (agosto 25), M.P. Alejandro Martínez Caballero. Sobre el mismo asunto, T-119 de 2002 (febrero 21), M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

(7) T-933 de 2005 (septiembre 7), M.P. Rodrigo Escobar Gil.

(8) T-544 de 2006 (julio 13), M.P. Álvaro Tafur Galvis.

(9) T-974 de 1999 (diciembre 9), M.P. Álvaro Tafur Galvis.

(10) C-926 de 2005 (septiembre 6), M.P. Jaime Córdoba Triviño.

(11) C-926 de 2005.

(12) C-560 de 1997 (noviembre 6), M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

(13) T-933 de 2005 (septiembre 7), M.P. Rodrigo Escobar Gil.

(14) T-090 de 1995 (marzo 1º), M.P. Carlos Gaviria Díaz.

(15) Cita en la cita: C-263 de 1996 (junio 13), M.P. Antonio Barrera Carbonell.

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