LEY 30 DE 1986

 

LEY 30 DE 1986 

(Enero 31)

“Por la cual se adopta el estatuto nacional de estupefacientes y se dictan otras disposiciones”.

(Nota: Véase Decreto Único Reglamentario 1069 de 2015 artículo 1.1.3.2 del Ministerio de Justicia y del Derecho. De acuerdo a los considerandos de esta norma su naturaleza no es reglamentaria, como quiera que se limita a describir la estructura general administrativa del sector)

CAPÍTULO I

Principios generales

ART. 1º—Las expresiones empleadas en este estatuto se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas; salvo las definiciones contenidas en él, a las cuales se les dará el significado expresamente establecido en sus disposiciones o en las que regulan la misma materia.

ART. 2º—Para efectos de la presente ley se adoptarán las siguientes definiciones:

a) Droga: es toda sustancia que introducida en el organismo vivo modifica sus funciones fisiológicas;

b) Estupefacientes: es la droga no prescrita médicamente, que actúa sobre el sistema nervioso central produciendo dependencia;

c) Medicamento: es toda droga producida o elaborada en forma farmacéutica reconocida que se utiliza para la prevención, diagnóstico, tratamiento, curación o rehabilitación de las enfermedades de los seres vivos;

d) Sicotrópico: es la droga que actúa sobre el sistema nervioso central produciendo efectos neurosicofisiológicos;

e) Abuso: es el uso de droga por una persona, prescrita por ella misma y con fines no médicos;

f) Dependencia sicológica: es la necesidad repetida de consumir una droga, no obstante sus consecuencias;

g) Adición o drogadicción: es la dependencia de una droga con aparición de síntomas físicos cuando se suprime la droga;

h) Toxicomanía: entiéndese como dependencia a sustancias médicamente calificadas como tóxicas;

i) Dosis terapéutica: es la cantidad de droga o de medicamento que un médico prescribe según las necesidades clínicas de su paciente;

j) Dosis para uso personal: es la cantidad de estupefaciente que una persona porta o conserva para su propio consumo.

Es dosis para uso personal la cantidad de marihuana que no exceda de veinte (20) gramos, la de marihuana hachís la que no exceda de cinco (5) gramos; de cocaína o cualquier sustancia a base de cocaína la que no exceda de un (1) gramo, y de metacualona la que no exceda de dos (2) gramos.

No es dosis para uso personal, el estupefaciente que la persona lleve consigo, cuando tenga como fin su distribución o venta, cualquiera que sea su cantidad;

k) Precursor: es la sustancia o mezcla de sustancias a partir de las cuales se producen, sintetizan u obtienen drogas que puedan producir dependencia;

l) Prevención: es el conjunto de actividades encaminadas a reducir y evitar la dependencia;

m) Tratamiento: son los distintos métodos de intervención terapéutica encaminados a contrarrestar los efectos producidos por la droga;

n) Rehabilitación: es la actividad conducente a la reincorporación útil del farmacodependiente a la sociedad;

ñ) Plantación: es la pluralidad de plantas, en número superior a veinte (20), de las que puedan extraerse drogas que causen dependencia, y

o) Cultivo: es la actividad destinada al desarrollo de una plantación en los términos descritos en el literal anterior.

NOTA: El Decreto 1298 de 1994 había introducido modificaciones al estatuto nacional de estupefacientes, pero fue declarado inexequible por la Corte Constitucional en sentencia C-255 de junio 7 de 1995.

ART. 3º—La producción, fabricación, exportación, importación, distribución, comercio, uso y posesión de estupefacientes, lo mismo que el cultivo de plantas de las cuales estos se produzcan, se limitará a los fines médicos y científicos, conforme a la reglamentación que para el efecto expida el Ministerio de Salud.

ART. 4º—El Consejo Nacional de Estupefacientes, de acuerdo con las normas que para el efecto expida el Ministerio de Salud, señalará las drogas y medicamentos de que trata la presente ley que pueden importarse, producirse y formularse en el país, y los laboratorios farmacéuticos que las elaboren o produzcan de las plantas, de conformidad con las disposiciones del presente estatuto.

ART. 5º—El Consejo Nacional de Estupefacientes, en coordinación con los Ministerios de Agricultura y Salud, reglamentará el control de las áreas donde se cultiven plantas para la obtención o producción de drogas.

Estas plantas sólo podrán ser cultivadas previa licencia expedida por el Consejo Nacional de Estupefacientes, de acuerdo con la reglamentación que para el efecto se establezca.

ART. 6º—La posesión de semillas para el cultivo de plantas de las cuales se produzcan sustancias estupefacientes, requerirá igualmente autorización previa del Consejo Nacional de Estupefacientes, en las cantidades que el mismo determine.

ART. 7º—El Consejo Nacional de Estupefacientes reglamentará los cultivos de plantas de las cuales se produzcan sustancias estupefacientes y el consumo de éstas, por parte de las poblaciones indígenas, de acuerdo con los usos y prácticas derivadas de su tradición y cultura.

CAPÍTULO II

Campañas de prevención y programas educativos

ART. 8º—El Consejo Nacional de Estupefacientes podrá ordenar la destrucción de toda plantación que no posea licencia, o autorizar su utilización para fines lícitos, de conformidad con la reglamentación que se expida.

ART. 9º—Toda campaña tendiente a evitar los cultivos y la producción, tráfico y consumo de sustancias estupefacientes, deberá ser dirigida y supervisada por el Consejo Nacional de Estupefacientes, directamente o a través del comité técnico que se crea por medio de la presente ley.

ART. 10.—A partir de la vigencia del presente estatuto, la prensa escrita, las estaciones de radiodifusión sonora y las programadoras de televisión que operen en el país deberán adelantar campañas destinadas a combatir el tráfico y consumo de drogas que producen dependencia con la duración y periodicidad que determine el Consejo Nacional de Estupefacientes, de común acuerdo con el Ministerio de Comunicaciones, los cuales reglamentarán y vigilarán el cumplimiento de esta disposición. Los programas podrán ser elaborados directamente por el correspondiente medio de comunicación, pero para su difusión deberán ser sometidos a aprobación del Consejo Nacional de Estupefacientes.

ART. 11.—Los programas de educación primaria, secundaria y superior, así como los de educación no formal, incluirán información sobre los riesgos de la farmacodependencia, en la forma que determine el Ministerio de Educación Nacional y el Icfes, en coordinación con el Consejo Nacional de Estupefacientes.

ART. 12.—Las instituciones universitarias públicas y privadas obligadas a ello conforme a la reglamentación que acuerden el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación y el Icfes, incluirán en sus programas académicos el servicio obligatorio gratuito de consultorios clínicos, para la atención de farmacodependientes.

ART. 13.—El Consejo Nacional de Estupefacientes, en coordinación con otras entidades gubernamentales, promoverá y reglamentará la creación y funcionamiento de comités cívicos, con la finalidad de luchar contra la producción; tráfico y consumo de drogas que produzcan dependencia.

CAPÍTULO III

Campañas de prevención contra el consumo de alcohol y del tabaco

ART. 14.—(Derogado).* Prohíbese el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. La persona mayor que facilite las bebidas embriagantes o su adquisición, será sancionada de conformidad con las normas establecidas para los expendedores en los códigos nacional o departamental de policía.

PAR.—Sin perjuicio de las sanciones penales correspondientes, cualquier abuso de la autoridad policial cometido en contra del menor, será sancionado por el comisionado nacional para la policía o su delegado, con la destitución inmediata del responsable o responsables.

*(Nota: Derogado por la Ley 124 de 1994 artículo 5º).

ART. 15.—En ningún caso podrán trabajar personas menores de catorce (14) años, durante la jornada nocturna en establecimientos donde expendan y consuman bebidas alcohólicas.

ART. 16.—(Modificado).* En todo recipiente de bebida alcohólica nacional o extranjera deberá imprimirse, en el extremo inferior de la etiqueta y ocupando al menos una décima parte de ella, la leyenda: “El exceso de alcohol es perjudicial para la salud”.

En la etiqueta deberá indicarse además, la graduación alcohólica de la bebida.

*(Nota: Modificado a partir del 1° de enero de 2017 por la Ley 1816 de 2016 artículo 36 )

ART. 17.—Todo empaque de cigarrillo o de tabaco, nacional o extranjero deberá llevar en el extremo inferior de la etiqueta y ocupando una décima parte de ella, la leyenda: “El tabaco es nocivo para la salud”.

ART. 18.—No se autorizará la venta de licores, cigarrillo y tabaco que no contengan las leyendas prescritas en los artículos 16 y 17 de este estatuto.

ART. 19.—(Derogado).* Las estaciones de radiodifusión sonora, las programadoras de televisión y los cinematógrafos sólo podrán transmitir propaganda de bebidas alcohólicas, cigarrillos y tabaco en los horarios y con la intensidad que determine el Consejo Nacional de Estupefacientes, previo concepto de su comité técnico asesor. El Ministerio de Comunicaciones velará por el cumplimiento de esta disposición.

*(Nota: Derogado por la Ley 962 de 2005 artículo 78)

CAPÍTULO IV

Control de la importación, fabricación y distribución de sustancias que producen dependencia

ART. 20.—Asígnase al Ministerio de Salud, las siguientes funciones:

a) Importar y vender, conforme a las necesidades sanitarias y a las normas contenidas en la presente ley, drogas que produzcan dependencia, lo mismo que los precursores utilizados en su fabricación. La importación y venta de las sustancias de que trata este artículo se hará exclusivamente a través del fondo rotatorio de estupefacientes del Ministerio de Salud;

b) Adquirir a través del fondo rotatorio de estupefacientes las drogas y medicamentos que produzcan dependencia elaborados en el país;

c) Reglamentar y controlar la elaboración, producción, transformación, adquisición, distribución, venta, consumo y uso de drogas y medicamentos que causen dependencia y sus precursores;

d) Llevar un inventario de entradas, salidas y existencia de drogas que producen dependencia, de precursores, así como las estadísticas sobre necesidades oficiales y particulares de tales drogas;

e) Establecer el listado de drogas y medicamentos que producen dependencia y de sus precursores que deberán estar sometidos a control especial, y

f) Elaborar para aprobación del Consejo Nacional de Estupefacientes, el proyecto de reglamento sobre el control de la importación, fabricación, venta, distribución, transporte y uso de acetona, cloroformo, éter etílico, ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, amoníaco, permanganato de potasio, carbonato liviano, diluyentes, disolventes y demás sustancias que pueden ser utilizables para el procesamiento de drogas que producen dependencia.

ART. 21.—Las importaciones de que trata el artículo anterior se harán con sujeción a los cupos señalados por la comisión de estupefacientes de las Naciones Unidas o la entidad que haga sus veces, debidamente amparadas con los certificados expedidos por la respectiva entidad nacional, los cuales deberán coincidir con los certificados equivalentes expedidos por el país de exportación.

ART. 22.—Los laboratorios y establecimientos farmacéuticos que elaboran o distribuyen drogas o medicamentos que produzcan dependencia, no podrán tener existencias de las mismas de sus precursores, superiores a las autorizadas por el Ministerio de Salud. Los productos terminados serán vendidos al fondo rotatorio de estupefacientes del Ministerio de Salud de conformidad con la reglamentación que expida el mismo ministerio.

ART. 23.—Las entidades sanitarias y los establecimientos farmacéuticos, oficiales y privados, sólo podrán hacer sus pedidos de productos farmacéuticos sujetos a control especial, ante el fondo rotatorio de estupefacientes conforme a la reglamentación del Ministerio de Salud sobre la materia.

ART. 24.—Los laboratorios que utilicen en la producción de droga, medicamentos o sustancias que producen dependencia, rendirán informes periódicos al fondo rotatorio de estupefacientes del Ministerio de Salud, con los datos sobre materias primas y precursores recibidos, medicamentos fabricados y ventas realizadas, conforme a la reglamentación que expida dicho ministerio.

ART. 25.—Los hospitales y clínicas, oficiales y privados, y los establecimientos farmacéuticos, oficiales y privados, deberán llevar un libro de control de medicamentos y drogas que producen dependencia y sus precursores, conforme a las disposiciones que expida el Ministerio de Salud.

ART. 26.—La prescripción de drogas y medicamentos clasificados por el Ministerio de Salud como de control especial se hará de conformidad con la reglamentación que para tal efecto expida dicho ministerio.

ART. 27.—Los profesionales en medicina que formulen las drogas y medicamentos a que se refiere el artículo 26, a pacientes considerados como farmacodependientes, tienen la obligación de informar de ello a los servicios seccionales de salud, los cuales deberán transmitir la información al fondo rotatorio de estupefacientes del Ministerio de Salud, que deberá llevar un registro nacional de farmacodependientes.

Lo dispuesto en este artículo se ajustará a la reglamentación que expida el Ministerio de Salud, previo concepto del tribunal de ética médica y la sociedad colombiana de siquiatría.

ART. 28.—Los establecimientos farmacéuticos y organismos sanitarios que fabriquen, almacenen, distribuyan, vendan o usen drogas y medicamentos que producen dependencia y sus precursores, estarán sometidos a la inspección y vigilancia del Ministerio de Salud.

ART. 29.—La fabricación e importación de jeringas y agujas hipodérmicas requiere autorización previa del Ministerio de Salud.

ART. 30.—El fondo rotatorio adscrito al Consejo Nacional de Estupefacientes financiará los programas de prevención, control y asistencia en materia de farmacodependencia y vigilancia farmacológica, conforme a las políticas que señale dicho consejo.

El fondo rotatorio adscrito al Consejo Nacional de Estupefacientes, podrá sufragar igualmente el costo que demande el desarrollo de los convenios bilaterales y multilaterales

suscritos por el Gobierno Nacional, conforme lo determine el Consejo Nacional de Estupefacientes.

NOTA: Este fondo rotatorio fue fusionado, por medio del Decreto 2159 de 1992, con la Dirección Nacional de Estupefacientes.

ART. 31.—El Consejo Nacional de Estupefacientes deberá coordinar sus labores de manera permanente con el Ministerio de Salud, con el fin de asegurar el cabal cumplimiento de las disposiciones de que trata la presente ley.

CAPÍTULO V

De los delitos

ART. 32.—El que sin permiso de autoridad competente cultive, conserve o financie plantaciones de marihuana o cualquier otra planta de las que pueda producirse cocaína, morfina, heroína o cualquiera otra droga que produzca dependencia, o más de un (1) kilogramo de semillas de dichas plantas, incurrirá en prisión de cuatro (4) a doce (12) años y en multa de diez (10) a cuatrocientos (400) salarios mínimos mensuales.

Si la cantidad de plantas de que trata este artículo lo (sic) excediere de veinte (20) sin sobrepasar la cantidad de cien (100), la pena será de uno (1) a tres (3) años de prisión y multa en cuantía de uno (1) a cuarenta (40) salarios mínimos mensuales.

NOTA: En el inciso final de este artículo debe entenderse excediere y no, lo excediere, como dice la disposición.

Los delitos contemplados en el estatuto nacional de estupefacientes y las normas que lo modifiquen o adicionen incluyen la sanción de extinción de dominio. Véase la ley correspondiente en el SUPLEMENTO.

ART. 33.—(Modificado).* El que sin permiso de autoridad competente, salvo lo dispuesto sobre dosis para uso personal, introduzca al país, así sea en tránsito o saque de él, transporte, lleve consigo, almacene, conserve, elabore, venda, ofrezca, adquiera, financie o suministre a cualquier título droga que produzca dependencia, incurrirá en prisión de seis (6) a veinte (20) años y multa de cien (100) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales.

Si la cantidad de droga no excede de mil (1.000) gramos de marihuana, doscientos (200) gramos de hachís, cien (100) gramos de cocaína o de sustancia estupefaciente a base de cocaína o veinte (20) gramos de derivados de la amapola, doscientos (200) gramos de metacualona o droga sintética, la pena será de uno (1) a tres (3) años de prisión y multa en cuantía de dos (2) a (100) salarios mínimos legales mensuales.

Si la cantidad de droga excede los límites máximos previstos en el inciso anterior sin pasar de diez mil (10.000) gramos de marihuana, tres mil (3.000) gramos de hachís, dos mil (2.000) gramos de cocaína o de sustancia estupefaciente a base de cocaína o sesenta (60) gramos de derivados de la amapola, cuatro mil (4.000) gramos de metacualona o droga sintética, la pena será de cuatro (4) a doce (12) años de prisión y multa de diez (10) a cien (100) salarios mínimos legales mensuales.

*(Nota: Modificado por la Ley 365 de 1997 artículo 17).

ART. 34.—(Modificado).* El que destine ilícitamente bien mueble o inmueble para que en él se elabore, almacene o transporte, venda o use algunas de las drogas a que se refiere el artículo 32 y/o autorice o tolere en ellos tal destinación incurrirá en prisión de cuatro (4) a doce (12) años y multa de mil (1.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 124 y 125 del Decreto-Ley 522 de 1971 (art. 208, ord. 5º y 214, ord. 3º del Código Nacional de Policía).

Si la cantidad de droga no excede de mil (1.000) gramos de marihuana, trescientos (300) gramos de hachís, cien (100) gramos de cocaína o de sustancia estupefaciente a base de cocaína, veinte (20) gramos de derivados de la amapola o doscientos (200) gramos de metacualona o droga sintética, la pena será de uno (1) a tres (3) años de prisión y multa en cuantía de dos (2) a cien (100) salarios mínimos mensuales.

Si la cantidad de droga excede los límites máximos previstos en el inciso anterior sin pasar de diez mil (10.000) gramos de marihuana, tres mil (3.000) gramos de hachís, dos mil (2.000) gramos de cocaína o de sustancia estupefaciente a base de cocaína o sesenta (60) gramos de derivados de la amapola, o cuatro mil (4.000) gramos de metacualona o droga sintética, la pena será de tres (3) a ocho (8) años de prisión y multa de diez (10) a ochocientos (800) salarios mínimos legales mensuales.

*(Nota: Modificado por la Ley 365 de 1997 artículo 18).

ART. 35.—El que en cualquier forma estimule o propague el uso ilícito de drogas o medicamentos que produzcan dependencia incurrirá en prisión de tres (3) a ocho (8) años.

ART. 36.—El profesional o practicante de medicina, odontología, enfermería, farmacia o de alguna de las respectivas profesiones auxiliares que, en ejercicio de ellas, ilegalmente formule, suministre o aplique droga que produzca dependencia, incurrirá en prisión de tres (3) a ocho (8) años.

Además de la sanción establecida en el inciso anterior, se impondrá la suspensión en el ejercicio de la profesión por un término de cinco (5) a diez (10) años.

ART. 37.—El que suministre, administre o facilite a un menor de dieciséis (16) años droga que produzca dependencia o lo induzca a usarla, incurrirá en prisión de seis (6) a doce (12) años.

ART. 38.—El mínimo de las penas previstas en los artículos anteriores se duplicará en los siguientes casos:

1. Cuando el hecho se realice:

a) Valiéndose de la actividad de un menor de dieciséis (16) años, o de quien padezca trastorno mental, o de persona habituada;

b) En centros educacionales, asistenciales, culturales, deportivos, recreativos, vacacionales, cuarteles, establecimientos carcelarios, lugares donde se celebren espectáculos o diversiones públicas o actividades similares o en sitios aledaños a los anteriores;

c) Por parte de quien desempeñe el cargo de docente o educador de la niñez o la juventud, y

d) El (sic) inmueble que se tenga a título de tutor o curador.

2. Cuando el agente hubiere ingresado al territorio nacional con artificios o engaños o sin autorización legal, sin perjuicio del concurso de delitos que puedan presentarse.

3. Cuando la cantidad incautada sea superior a mil (1.000) kilos si se trata de marihuana; a cien (100) kilos si se trata de marihuana hachís; y a cinco (5) kilos si se trata de cocaína o metacualona.

NOTA: En el literal d) del numeral 1º de este artículo debe entenderse en inmueble y no el inmueble, como dice la disposición.

ART. 39.—El funcionario empleado público o trabajador oficial encargado de investigar, juzgar o custodiar a personas comprometidas en delitos o contravenciones de que trata el presente estatuto, que procure la impunidad del delito, o la ocultación, alteración o sustracción de los elementos o sustancias decomisados o facilite la evasión de persona capturada, detenida o condenada, incurrirá en prisión de cuatro (4) a doce (12) años, pérdida del empleo e interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo término.

Si el hecho tuviere lugar por culpa del funcionario o empleado oficial incurrirá en la sanción respectiva, disminuida hasta la mitad.

ART. 40.—(Modificado).* En la providencia en la que se imponga medida de aseguramiento por alguno de los delitos previstos en los artículos 33, 34 y 43 de esta ley, el funcionario judicial decretará el embargo y secuestro preventivo de los bienes de propiedad del sindicado que no se hallen incautados con ocasión del hecho punible, en cuantía que considere suficiente para garantizar el pago de la multa prevista en tales artículos, y designará secuestre. Una vez decretado el embargo y secuestro, tanto su práctica como el régimen de formulación, decisión y trámite de las oposiciones a la misma, se adelantará conforme a las normas que regulan la materia en el Código de Procedimiento Civil.

En la sentencia condenatoria se ordenará el remate de los bienes embargados y secuestrados dentro del proceso, para lo cual se tendrán en cuenta los trámites prescritos en el Código de Procedimiento Civil.

*(Nota: Modificado por la Ley 365 de 1997 artículo 19).

ART. 41.—(Derogado).*

NOTA: La norma derogada disponía: “En firme la sentencia condenatoria, los bienes embargados y secuestrados dentro del proceso serán rematados por el juez del conocimiento y para el efecto se tendrán en cuenta los trámites prescritos en el Código de Procedimiento Civil.

Con el producto del remate se pagará primero a los acreedores hipotecarios o a quienes demuestren un derecho lícito y con el remate (sic) se satisfará la multa”.

*(Nota: Derogado por la Ley 365 de 1997 artículo 26).

ART. 42.—En casos de flagrancia, la Policía Nacional y los cuerpos de policía judicial podrán ocupar los aeropuertos y pistas de aterrizaje de propiedad particular, que se usen para la comisión de algunas de las conductas descritas en este capítulo y su licencia de funcionamiento, se cancelará temporalmente.

ART. 43.—(Modificado).* El que ilegalmente introduzca al país, así sea en tránsito, o saque de él, transporte, tenga en su poder elementos que sirvan para el procesamiento de cocaína o de cualquier otra droga que produzca dependencia, tales como: éter etílico, acetona, amoníaco, permanganato de potasio, carbonato liviano, ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, diluyentes, disolventes u otras sustancias que según concepto previo del Consejo Nacional de Estupefacientes se utilicen con el mismo fin, incurrirá en prisión de tres (3) a diez (10) años y multa de dos mil (2.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales.

Salvo lo previsto en el artículo 54 del Decreto-Ley 099 de 1991, adoptado como legislación permanente por el artículo 1º del Decreto-Ley 2271 de 1991, tales elementos, una vez identificados pericialmente, serán puestos por el funcionario judicial a órdenes de la Dirección Nacional de Estupefacientes, la cual podrá disponer de su inmediata utilización por parte de una entidad oficial, su remate para fines lícitos debidamente comprobados, o su destrucción, si implican grave peligro para la salubridad o seguridad públicas.

Cuando la cantidad de sustancias no supere el triple de las señaladas en las resoluciones emitidas por la Dirección Nacional de Estupefacientes, la pena será de dos (2) a cinco (5) años de prisión y multa de diez (10) a cien (100) salarios mínimos legales mensuales.

NOTA: En el actual Código de Procedimiento Penal se eliminaron los autos de sobreseimiento. Las formas de calificar el sumario son: resolución de acusación o resolución de preclusión de la instrucción. El Decreto 1750 de 1991, por su parte, y a partir del 1º de noviembre de 1991, eliminó el carácter de hecho punible a las conductas tipificadas en el estatuto penal aduanero. A partir de tal fecha este carácter se transformó en infracciones administrativas.

*(Nota: Modificado por la Ley 365 de 1997 artículo 20).

ART. 44.—(Subrogado).*

NOTA: La norma subrogada disponía: “Cuando se obre en concierto para delinquir con el fin de realizar algunas de las conductas descritas en los artículos antes citados, la pena será por ese solo hecho, de seis (6) a doce (12) años de prisión y multa en cuantía de diez (10) a mil (1.000) salarios mínimos mensuales”.

*(Nota: Subrogado por la Ley 365 de 1997 artículo 26).

ART. 45.—La (sic) persona sindicada y procesada por los hechos punibles a que se refiere este capítulo que denuncie mediante pruebas idóneas a los autores, cómplices o encubridores del delito que se investiga, diferentes a los ya vinculados al proceso, se le disminuirá la pena de la mitad (1/2) a las dos terceras(2/3) partes.

NOTA: En este artículo debe entenderse “A la persona”, y no “La persona”, como dice la disposición.

ART. 46.—Subrogado. CPP, arts. 71 y 72.

ART. 47.—Los bienes, muebles, equipos y demás objetos donde ilícitamente se almacene, conserve, fabrique, elabore, venda o suministre a cualquier título marihuana, cocaína, morfina, heroína o cualquier otra droga que produzca dependencia, al igual que los vehículos y demás medios de transporte, utilizados para la comisión de los delitos descritos en este capítulo, lo mismo que los dineros y efectos provenientes de tales actividades, serán decomisados y puestos a disposición inmediata del Consejo Nacional de Estupefacientes, el cual, por resolución, podrá destinarlos provisionalmente al servicio oficial o (sic) entidades de beneficio común instituidas legalmente, darlos en arriendo o depósito. Quien tuviere un derecho lícito demostrado legalmente sobre el bien, tendrá preferencia para recibirlo en depósito o bajo cualquier título no traslaticio del dominio, el Consejo Nacional de Estupefacientes dará aviso inmediato a los interesados para el ejercicio de su derecho. Los beneficios obtenidos se aplicarán a la prevención y represión del tráfico de tales drogas y a la rehabilitación de los farmacodependientes, bajo control y vigilancia del Consejo Nacional de Estupefacientes.

Excepcionalmente, podrá ordenarse por el funcionario del conocimiento la devolución de los bienes o el valor de su remate, si fuere el caso, a terceras personas, si se prueba plenamente dentro del proceso que no tuvieron participación alguna ellos, en el destino ilícito dado a esos bienes.

La providencia que ordene la devolución a que se refiere este artículo deberá ser consultada y sólo surtirá efectos una vez confirmada por el superior.

PAR.—Cuando se trate de algunos bienes enumerados en este artículo y sujetos a registro de propiedad, deberá el Consejo Nacional de Estupefacientes notificar inmediata y personalmente a las personas inscritas en el respectivo registro.

NOTA: En el inciso primero de este artículo debe entenderse “o a entidades de beneficio común”, y no “o entidades de beneficio común”, como dice la disposición.

Este artículo de la Ley 30 de 1986 fue adicionado por los siguientes decretos de estado de sitio: Decreto Legislativo 1856 de 1989, Decreto Legislativo 2390 de 1989 y Decreto Legislativo 42 de 1990, convertidos en legislación permanente por los decretos 2266, 2271 y 2272 de 1991.

(Nota: Modificado en lo pertinente por la Ley 785 de 2002 artículo 15).

ART. 48.—Si transcurridos los términos legales de la fecha del decomiso, los bienes a que se refiere el artículo anterior no hubieren sido reclamados por persona alguna, el Consejo Nacional de Estupefacientes, mediante resolución, ordenará su destinación definitiva a la entidad o su correspondiente remate. La secretaría ejecutiva del Consejo Nacional de Estupefacientes velará por el cumplimiento de esta disposición.

ART. 49.—La oficina de estupefacientes del Ministerio de Justicia informará al juez que estuviere conociendo del proceso al cual estén vinculados los bienes decomisados, sobre el destino que les haya dado el Consejo Nacional de Estupefacientes.

Dentro de los diez (10) días siguientes a la asignación el bien deberá ser retirado por la entidad a la cual hubiese sido destinado, previa elaboración de un acta en la que conste el estado en que se recibe. Tales actas podrán ser suscritas ante los consejos seccionales de estupefacientes, pero siempre deberá enviarse copia de ellas al Consejo Nacional de Estupefacientes, cuya secretaría ejecutiva deberá llevar una relación completa de dichos bienes y de las entidades a las cuales han sido asignados.

ART. 50.—Respecto de las personas sindicadas de algunas de las conductas descritas en la presente ley como delitos o de quienes se hallen sujetas a diligencias preliminares por una de tales conductas, no habrá reserva bancaria ni tributaria alguna, pero esta reserva sólo podrá levantarse mediante providencia motivada emanada de juez.

CAPÍTULO VI

De las contravenciones

ART. 51.—(Inexequible).*

NOTA: El Gobierno Nacional, con posterioridad a la sentencia de la Corte Constitucional, emitió el Decreto 1108 de 1994 prohibiendo el consumo de estupefacientes en lugares públicos. Este decreto aparece publicado a continuación del Estatuto Nacional de Estupefacientes.

La norma derogada disponía: “El que lleve consigo, conserve para su propio uso o consuma, cocaína, marihuana o cualquier otra droga que produzca dependencia, en cantidad considerada como dosis de uso personal, conforme a lo dispuesto en esta ley, incurrirá en las siguientes sanciones:

a) Por primera vez, en arresto hasta por treinta (30) días y multa en cuantía de medio (1/2) salario mínimo mensual;

b) Por la segunda vez, en arresto de un (1) mes a un (1) año y multa en cuantía de medio (1/2) a un (1) salario mínimo mensual, siempre que el nuevo hecho se realice dentro de los doce (12) meses siguientes a la comisión del primero, y

c) El usuario o consumidor que, de acuerdo con dictamen médico legal, se encuentre en estado de drogadicción así haya sido sorprendido por primera vez, será internado en establecimiento psiquiátrico o similar de carácter oficial o privado, por el término necesario para su recuperación. En este caso no se aplicará multa ni arresto.

La autoridad correspondiente podrá confiar al drogadicto al cuidado de la familia o remitirlo, bajo la responsabilidad de ésta, a una clínica, hospital o casa de salud, para el tratamiento que corresponda, el cual se prolongará por el tiempo necesario para la recuperación de aquél, que deberá ser certificada por el médico tratante y por la respectiva seccional de medicina legal. La familia del drogadicto deberá responder del cumplimiento de sus obligaciones, mediante caución que fijará el funcionario competente, teniendo en cuenta la capacidad económica de aquélla.

El médico tratante informará periódicamente a la autoridad que haya conocido del caso sobre el estado de salud y rehabilitación del drogadicto. Si la familia faltare a las obligaciones que le corresponden, se le hará efectiva la caución y el internamiento del drogadicto tendrá que cumplirse forzosamente”.

*(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-221 de 1994, M.P. Carlos Gaviria Díaz).

ART. 52.—Los medios de comunicación de que trata el artículo 10 que omitan la transmisión de los mensajes previstos en esa misma disposición o no lo hagan con la duración y periodicidad establecida por el Consejo Nacional de Estupefacientes, incurrirán en multas sucesivas de diez (10) a cuarenta (40) salarios mínimos mensuales.

ART. 53.—Los establecimientos educativos que incumplan lo previsto en los artículos 11 y 12 de la presente ley, incurrirán en multa en cuantía de diez (10) a cuarenta (40) salarios mínimos mensuales, sin perjuicio de las sanciones que, para los establecimientos de educación postsecundaria, establece el artículo 184 del Decreto-Ley 80 de 1980.

ART. 54.—El fabricante o importador de bebidas alcohólicas, cigarrillos y tabacos, que omita en sus productos las leyendas a que se refieren los artículos 16 y 17 de la presente ley, incurrirá en multa en cuantía de diez (10) a cincuenta (50) salarios mínimos mensuales.

ART. 55.—El fabricante o distribuidor de productos farmacéuticos de patente que omita indicar en las etiquetas de los mismos, los riesgos de farmacodependencia que aquéllos impliquen (sic). Incurrirá en multa de veinte (20) a cien (100) salarios mínimos mensuales.

NOTA: Después de la palabra impliquen debió ir una coma (,) y no un punto (.), como aparece en este artículo.

ART. 56.—El que fabrique, venda o distribuya artículo de cualquier clase con etiquetas o avisos que inciten al consumo de drogas que producen dependencia, incurrirá en multa de uno (1) a cuarenta (40) salarios mínimos mensuales. Las autoridades decomisarán y destruirán tales artículos.

ART. 57.—Las farmacias y droguerías que tengan en existencia especialidades farmacéuticas que contengan drogas o medicamentos que producen dependencia, en cantidad superior a la autorizada, incurrirán en multa en cuantía de cinco (5) a cincuenta (50) salarios mínimos mensuales.

Por la segunda vez, además de la multa, se impondrá la suspensión de la licencia de funcionamiento por el término de tres (3) a doce (12) meses.

ART. 58.—Las entidades o establecimientos sujetos a inspección y vigilancia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 de la presente ley, que se opongan a ella o no presten la cooperación necesaria para la práctica de la misma, incurrirán en multa en cuantía de cuatro (4) a cuarenta salarios mínimos mensuales, y en la suspensión de la licencia de funcionamiento por el término de tres (3) a doce (12) meses.

ART. 59.—El que fabrique o introduzca al país jeringas o agujas hipodérmicas, sin la autorización previa del Ministerio de Salud, incurrirá en multa en cuantía de cuatro (4) a cuarenta (40) salarios mínimos mensuales.

ART. 60.—El que expenda jeringas o agujas hipodérmicas sin la autorización legal, incurrirá en multa en cuantía de uno (1) a diez (10) salarios mínimos mensuales.

ART. 61.—En los casos previstos en los dos artículos anteriores se ordenará también el decomiso de las jeringas y agujas hipodérmicas y la suspensión de la licencia de funcionamiento de los establecimientos respectivos por el término de tres (3) a doce (12) meses.

ART. 62.—El producto de las multas previstas en la presente ley, pasará al fondo rotatorio adscrito al Consejo Nacional de Estupefacientes.

ART. 63.—El que, sin tener las calidades de que trata el artículo 36 de la presente ley, suministre ilícitamente a un deportista profesional o aficionado, alguna droga o medicamento que produzca dependencia, o lo induzca a su consumo, incurrirá en arresto de uno (1) a cinco (5) años, e interdicción para desempeñar cargos en organismos deportivos de carácter oficial hasta por cinco (5) años.

ART. 64.—Incurren en contravención:

El dueño, poseedor o arrendatario de predios donde:

a) Existan o se construyan pistas de aterrizaje sin autorización del Departamento Administrativo de la Aeronáutica Civil;

b) Aterricen o emprendan vuelo aeronaves sin autorización de la Aeronáutica Civil o sin causa justificada, a menos que diere inmediato aviso a las autoridades civiles, militares o de policía más cercana; y

c) Existan pistas o campos de aterrizaje con licencia otorgada por la Aeronáutica Civil, que no dé inmediato aviso a las autoridades de que trata el literal anterior sobre el decolaje o aterrizaje de aeronaves en las circunstancias previstas en el literal a) del numeral 1º del presente artículo.

NOTA: Las contravenciones previstas en este artículo fueron elevadas a la categoría de delito, por disposición del Decreto Legislativo 3665 de 1986, artículo 1º —cuyo texto fue reproducido en el Decreto Legislativo 1198 de 1987— y convertido en legislación permanente por el Decreto Extraordinario 2266 de 1991.

ART. 65.—Las contravenciones a que se refiere el artículo anterior darán lugar a la imposición de las siguientes sanciones:

a) A multa de uno (1) a ochocientos (800) salarios mínimos mensuales, a favor del fondo rotatorio adscrito al Consejo Nacional de Estupefacientes;

b) Suspensión de las licencias de pilotaje o navegación por el término de uno (1) mes a un (1) año, la primera vez y cancelación en caso de reincidencia;

c) Suspensión de los permisos o licencias de operación de aeropuertos, pistas o empresa explotadora de la aeronave o embarcación;

d) Inutilización de los aeropuertos o pistas en los casos previstos en el literal a) del numeral 3º del artículo 68.

Las sanciones establecidas en los literales b), c) y d), serán notificadas a las autoridades competentes del ramo, para su ejecución.

Las sanciones de que trata el presente artículo no se excluyen entre sí, y, por lo tanto, se podrán aplicar conjuntamente, cuando las circunstancias así lo exijan.

ART. 66.—En el caso de que tratan los literales a), b) y c), del artículo 64, el gobernador, intendente o comisario, o el Alcalde Mayor de Bogotá, que conozca de la investigación solicitará concepto al Departamento Administrativo de Aeronáutica Civil, para determinar si la pista puede ser incorporada a la infraestructura aeroportuaria del país. De no serlo, ordenará a la Policía Nacional en la providencia que ponga fin al proceso contravencional, la inutilización de la pista.

ART. 67.—El empleado oficial o funcionario público que de cualquier forma tenga conocimiento de hechos considerados como contravención en esta ley, y no dé aviso inmediato a las autoridades competentes, para que inicien el respectivo proceso contravencional, incurrirá en pérdida del empleo.

ART. 68.—Las contravenciones descritas en el presente capítulo, serán investigadas y juzgadas conforme al siguiente procedimiento:

a) El gobernador, intendente o comisario, o el Alcalde Mayor de Bogotá, adelantará la investigación o podrá comisionar a funcionarios de la secretaría de gobierno o de la que haga sus veces, de la oficina jurídica o de la división legal de la respectiva gobernación, intendencia o comisaría o de la Alcaldía Mayor de Bogotá para que actúen como funcionarios de instrucción;

b) En caso de flagrancia o cuasiflagrancia y si la contravención tuviere señalada pena de arresto, podrá capturar de inmediato al sindicado por cualquier autoridad; pero el gravemente indiciado sólo podrá ser capturado mediante orden escrita del funcionario que adelante la investigación. Si la contravención no tuviere señalada pena privativa de la libertad, la autoridad competente podrá retener la aeronave, el permiso o la licencia u ordenar la ocupación de la pista o aeropuerto por la fuerza pública;

c) Se oirán descargos al sindicado, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a aquellas en que haya sido puesto a disposición del funcionario competente o en que se hubiere iniciado la investigación, diligencia en la cual deberá estar asistido por un apoderado.

Si fueren cinco (5) o más los contraventores, el término anterior se ampliará a setenta y dos (72) horas;

d) A partir del día siguiente al de la diligencia de que trata el literal anterior, empezará a correr un término de cinco (5) días hábiles para practicar las pruebas que hubieren sido solicitadas por el imputado o por su apoderado, o decretadas de oficio;

e) Si dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al conocimiento de los hechos por parte de la autoridad competente, no hubiere sido posible oír en descargos al contraventor, se le emplazará por edicto, que permanecerá fijado por dos (2) días hábiles consecutivos en la secretaría de la gobernación, intendencia o comisaría, o de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Si vencido este plazo, el contraventor no compareciere se le declarará reo ausente y se le nombrará defensor de oficio, para que actúe hasta la terminación del diligenciamiento, y

f) Transcurridos los anteriores términos, el gobernador, intendente o comisario, o el Alcalde Mayor de Bogotá, dictará la correspondiente resolución motivada, en la cual se hará constar la identidad del contraventor, el hecho que se le imputa y la decisión correspondiente.

NOTA: Las intendencias y comisarías, como entidades territoriales, fueron transformadas en departamentos en la nueva Constitución de 1991.

ART. 69.—En caso de absolución, se ordenará la libertad inmediata del capturado o de la cancelación de la orden de captura si ésta no se hubiera hecho efectiva. Además se dispondrá la devolución de la aeronave o embarcación o del permiso o licencia si hubieren sido retenidos, o la suspensión de la ocupación de la pista o aeropuerto por la fuerza pública, si tal medida hubiere sido ordenada.

ART. 70.—En caso de condena, la aeronave o embarcación particular de matrícula extranjera se pondrá en todo caso a disposición de la justicia penal aduanera.

ART. 71.—Cuando de la investigación de la conducta contravencional resulte la posible comisión de un delito, la autoridad correspondiente deberá dar aviso inmediato al juez competente. Si este iniciare proceso penal, deberá comunicarlo inmediatamente al gobernador, intendente o comisario respectivo o al Alcalde Mayor de Bogotá y al Consejo Nacional de Estupefacientes.

ART. 72.—Finalizado el proceso contravencional, si se hubiere iniciado actuación penal por hechos que guarden relación con la conducta juzgada, el sindicado deberá ser puesto a disposición del juez, con los vehículos, elementos o mercancías decomisadas.

ART. 73.—Cuando no se pudiere establecer la identidad del contraventor o cuando este hubiere abandonado los elementos y medios de transporte utilizados, la autoridad competente ordenará el decomiso definitivo de los mismos, los cuales pasarán a órdenes del Consejo Nacional de Estupefacientes para los fines previstos en el artículo 47 de la presente ley.

ART. 74.—Contra las resoluciones que dicten los gobernadores, intendentes o comisarios, o el Alcalde Mayor de Bogotá, procederán los recursos de reposición y apelación, los cuales deberán ser interpuestos dentro de los dos (2) días siguientes a su notificación. El recurso de reposición será resuelto dentro de los cinco (5) días siguientes a su interposición.

El recurso de apelación se concederá en el efecto devolutivo ante el Ministerio de gobierno, quien deberá resolverlo de plano dentro de los diez (10) días siguientes al recibo del respectivo expediente.

ART. 75.—Las multas contempladas en la presente ley deberán ser pagadas dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de la respectiva resolución. Si las multas no fueren pagadas dentro de ese término, se convertirán en arresto a razón de un (1) día por cada mil ($ 1.000) pesos sin exceder de cinco (5) años.

ART. 76.—En ningún caso, se podrá dar a la publicidad el valor de las sustancias estupefacientes o psicotrópicas, decomisadas o aprehendidas por las autoridades, en desarrollo de las disposiciones de la presente ley.

CAPÍTULO VII

Procedimiento para la destrucción de plantaciones y sustancias incautadas

ART. 77.—Las autoridades de policía judicial a que se refieren los artículos 285, 287 del Código de Procedimiento Penal, destruirán las plantaciones de marihuana, cocaína, adormidera y demás plantas de las cuales puede producirse droga que produzca dependencia, existentes en el territorio nacional, mediante el siguiente procedimiento:

a) Se identificará pericialmente la plantación con el empleo de la técnica adecuada;

b) Se identificará el predio cultivado por sus linderos y el área aproximada de la plantación;

c) Se anotarán los nombres y demás datos personales del propietario o poseedor del terreno y del tenedor lo mismo que de los cultivadores, trabajadores y demás personas presentes en el lugar en el momento de la incautación, y

d) Se tomarán muestras suficientes de las plantas, para las correspondientes peritaciones.

Todos estos datos y cualquiera otro de interés para los fines de la investigación se harán constar en un acta que suscriban los funcionarios que en ella hayan intervenido y el propietario, poseedor, tenedor o cultivador del predio, o, en defecto de estos, cualquier persona que haya sido encontrada dentro del mismo. En esta diligencia intervendrá, en lo posible, un agente del Ministerio Público.

Suscrita el acta, se destruirá la plantación mediante el empleo del procedimiento científico adecuado; el acta y la peritación, junto con el informe respectivo y las personas que hayan sido aprehendidas, serán enviados al juez instructor en la forma y términos señalados por los artículos 290 y 303 del Código de Procedimiento Penal.

La destrucción de la plantación también podrá ser ordenada y presenciada por el juez instructor.

NOTA: Los artículos 290 y 303 del Código de Procedimiento Penal derogado corresponden, a los artículos 316 y 317 respectivamente, del actual código.

Los artículos 285 y 287 del Código de Procedimiento Penal derogado (citados en el inc. 1º) corresponden a los artículos 42 y siguientes, del Decreto-Ley 2699 de 1991, por medio del cual se expidió el estatuto orgánico de la Fiscalía General de la Nación.

Este artículo fue suspendido parcialmente, por disposición del Decreto Legislativo 3665 de 1986 cuyo texto fue reproducido por el Decreto Legislativo 1198 de 1987, y adoptado como legislación permanente por el Decreto Extraordinario 2266 de 1991.

ART. 78.—Cuando la policía judicial decomise marihuana, cocaína, morfina, heroína o cualquier otra droga que produzca dependencia, realizará sobre ella inmediatamente correspondiente identificación técnica; precisará su cantidad y peso; señalará nombre y demás datos personales de quienes aparecieren vinculados al hecho y describirá cualquier otra circunstancia útil a la investigación, de todo lo cual se dejará constancia en un acta suscrita por los funcionarios que hubieren intervenido en la diligencia y por la persona o personas en cuyo poder se hubiere encontrado la droga o sustancia. Cuando esta diligencia se realice en zona urbana deberá ser presenciada por un agente del Ministerio Público.

Excepcionalmente podrá hacerse la diligencia en las instalaciones de la entidad que hizo el decomiso, cuando las circunstancias de modo y lugar así lo aconsejen.

ART. 79.—Dentro de los términos del artículo 290 del Código de Procedimiento Penal, el funcionario de policía judicial que hubiere practicado la diligencia a que se refiere el artículo anterior, enviará la actuación al juez instructor, quien al día siguiente de recibirla, practicará, con la presencia de un agente del Ministerio Público, una diligencia de inspección judicial.

Una vez hecha la inspección, el juez tomará una muestra de la droga decomisada y la enviará a la seccional más próxima del Instituto de Medicina Legal, a fin de que se haga una nueva peritación. Inmediatamente ordenará y presenciará la destrucción del remanente y sentará el acta respectiva, que suscribirán el agente del Ministerio Público y las demás personas que hayan intervenido en la diligencia.

NOTA: El artículo 290 del Código de Procedimiento Penal derogado corresponde al artículo 339 del actual código.

ART. 80.—Las diligencias a que se refieren los artículos anteriores, cuando sean practicadas por los funcionarios de policía judicial, tendrán el mismo valor probatorio señalado por el artículo 306 del Código de Procedimiento Penal.

NOTA: El artículo 306 del Código de Procedimiento Penal derogado corresponde al artículo 338 del actual código.

ART. 81.—Las autoridades de policía judicial a que se refiere el artículo 77 y siguiente de la presente ley, que decomisen droga que produzca dependencia y no cuenten con el equipo técnico necesario para practicar la identificación pericial prevista, enviarán la sustancia decomisada a la unidad del departamento administrativo de seguridad de la Policía Nacional, de la Dirección General de Aduanas o del Instituto Seccional de Medicina Legal más cercano que disponga del equipo técnico adecuado.

ART. 82.—Las muestras que se tomen para la peritación por las autoridades mencionadas en el artículo anterior, no podrán exceder de tres (3) gramos por bolsa o recipiente unitario; excepcionalmente y previo concepto pericial razonado, podrán tomarse muestras mayores.

Los sobrantes de estas muestras, una vez hecha la peritación, se enviarán a la oficina central del Instituto de Medicina Legal, de acuerdo con la reglamentación que al efecto expida el Ministerio de Justicia.

En todo caso, estos sobrantes permanecerán a disposición del juzgado del conocimiento hasta cuando se dicte sentencia de primera instancia, sobreseimiento definitivo, segundo sobreseimiento temporal o cesación de procedimiento, después de lo cual la sustancia podrá ser utilizada para fines lícitos o destruida, según lo disponga el Consejo Nacional de Estupefacientes, al cual deberá darse aviso oportuno. El respectivo agente del Ministerio Público velará por el estricto cumplimiento de esta disposición, cuyo quebrantamiento será causal de mala conducta.

PAR.—Los sobrantes de las muestras serán destruidas si transcurridos tres (3) años desde la práctica de las peritaciones respectivas, no se hubiere dictado ninguna de las providencias de que trata este artículo.

NOTA: En el actual Código de Procedimiento Penal se eliminaron los autos de sobreseimiento. Las formas de calificar el mérito del sumario son las siguientes: resolución de acusación, o resolución de preclusión de la instrucción.

ART. 83.—Cumplidas las prescripciones del artículo 78, los funcionarios de la policía judicial que decomisen droga que produce dependencia, la depositarán, dentro del término de la distancia en sus oficinas más cercanas, y en lo posible, dentro de las cajas fuertes; en todo caso, se utilizarán empaques que serán lacrados, sellados y firmados por quienes intervengan en la diligencia y el agente del Ministerio Público dejará constancia cuando se abran, de que tales paquetes permanecieron inalterados.

CAPÍTULO VIII

Tratamiento y rehabilitación

ART. 84.—El objetivo principal de las medidas sanitarias y sociales para el tratamiento y rehabilitación del farmacodependiente consistirá en procurar que el individuo se reincorpore como persona útil a la comunidad.

ART. 85.—El Ministerio de Salud incluirá dentro de sus programas la prestación de servicios de prevención, tratamiento y rehabilitación de farmacodependientes.

Trimestralmente, el citado ministerio enviará al Consejo Nacional de Estupefacientes estadísticas sobre el número de personas que dichos centros han atendido en el país.

ART. 86.—La creación y funcionamiento de todo establecimiento público y privado destinado a la prevención, tratamiento o rehabilitación de farmacodependientes, estarán sometidas a la autorización e inspección del Ministerio de Salud.

ART. 87.—(Inexequible).*

NOTA: La norma derogada disponía: “Las personas que, sin haber cometido ninguna de las infracciones descritas en este estatuto, estén afectadas por el consumo de drogas que producen dependencia, serán enviadas a los establecimientos señalados en los artículos 4º y 5º del Decreto 1136 de 1970, de acuerdo con el procedimiento señalado por este decreto”.

*(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-221 de 1994, M.P. Carlos Gaviria Díaz).

ART. 88.—El Gobierno Nacional promoverá el desarrollo de programas de sustitución de cultivos en favor de los indígenas y colonos que se hayan dedicado a la explotación de plantaciones de coca, con anterioridad a la vigencia de este estatuto.

CAPÍTULO IX

Consejo Nacional de Estupefacientes

ART. 89.—Adscrito al Ministerio de Justicia, funcionará el Consejo Nacional de Estupefacientes, para el cumplimiento de las funciones que aquí se señalan.

NOTA: El capítulo IX de la Ley 30 de 1986 fue adicionado por el Decreto Legislativo 494 de 1990 y por el Decreto Legislativo 2894 de 1990, convertidos en legislación permanente por el Decreto Extraordinario 2272 de 1991, artículos 3º y 7º.

(Nota: Véase Ley 1787 de 2016 artículo 4°)

ART. 90.—Modificado. D. 2159/92, art. 35. Del Consejo Nacional de Estupefacientes. El Consejo Nacional de Estupefacientes, creado por el artículo 89 de la Ley 30 de 1986, tendrá la siguiente composición:

1. El Ministro de Justicia o su delegado, quien lo presidirá.

2. El Ministro de Defensa Nacional o su delegado.

3. El Ministro de Educación Nacional o su delegado.

4. El Ministro de Salud Pública o su delegado.

5. El Ministro de Relaciones Exteriores o su delegado.

6. El Director nacional de estupefacientes, quien tendrá voz pero no voto.

7. El Procurador General de la Nación o su delegado.

8. El Director del Departamento Administrativo de Seguridad o su delegado.

9. El Director general de la Policía Nacional o su delegado.

10. El Fiscal General de la Nación o su delegado.

(Nota: Modificado en lo pertinente por el Decreto 1124 de 1999 artículo 34 del Ministerio del Medio Ambiente).

ART. 91.—Son funciones del Consejo Nacional de Estupefacientes:

a) Formular, para su adopción por el Gobierno Nacional, las políticas y los planes y programas que las entidades públicas y privadas deben adelantar para la lucha contra la producción, comercio y uso de drogas que producen dependencia. Igualmente el consejo propondrá medidas para el control del uso ilícito de tales drogas;

b) Conforme al ordinal anterior, señalar a los distintos organismos oficiales las campañas y acciones específicas que cada uno de ellos deba adelantar;

c) Dictar las normas necesarias para el debido cumplimiento de sus funciones y proponer al gobierno la expedición de las que fueren de competencia de este;

d) Supervisar la actividad de las entidades estatales y privadas que se ocupan de la prevención e investigación científica y de policía judicial, control y rehabilitación en materia de drogas que producen dependencia;

e) Mantener contactos con gobiernos extranjeros y entidades internacionales en asuntos de su competencia y adelantar gestiones ante los mismos con el fin de coordinar la acción del gobierno colombiano con la de otros Estados, y de obtener la asistencia que fuera del caso;

f) Disponer, de acuerdo con los indicios graves, que posea, proveniente de los organismos de inteligencia, sobre actividades de personas, aeronaves, embarcaciones, vehículos terrestres y uso de aeródromos o pistas, puertos, muelles o terminales marítimos, fluviales o terrestres, vinculados al tráfico de estupefacientes, la suspensión de las licencias para personal aeronáutico, marítimo, fluvial y terrestre, certificados y permisos de operación. Para tal efecto, impartirá a las autoridades correspondientes las instrucciones a que haya lugar, y

g) Disponer la destrucción de cultivos de marihuana, coca y demás plantaciones de las cuales se puedan extraer sustancias que produzcan dependencia, utilizando los medios más adecuados, previo concepto favorable de los organismos encargados de velar por la salud de la población y por la preservación y equilibrio del ecosistema del país.

NOTA: Este artículo fue adicionado, por los siguientes decretos de estado de sitio: Decreto Legislativo 1856 de 1989; Decreto Legislativo 2390 de 1989 y Decreto Legislativo 42 de 1990, cuyas normas fueron posteriormente adoptadas como legislación permanente por el Decreto Extraordinario 2272 de 1991.

ART. 92.—Las resoluciones que dicte el consejo para el ejercicio de las funciones señaladas en el artículo anterior son de obligatorio cumplimiento.

ART. 93.—La oficina de estupefacientes del Ministerio de Justicia hará las veces de secretaría ejecutiva del consejo, para lo cual cumplirá las siguientes funciones:

a) Presentar a la consideración del consejo planes, proyectos y programas que considere necesarios para el cumplimiento de las atribuciones de este;

b) Realizar los estudios que el consejo encomiende;

c) Vigilar el cumplimiento de las decisiones del consejo y rendirle los informes correspondientes;

d) Evaluar la ejecución de la política, planes y programas que en desarrollo del artículo 93 se adelanten y sugerir las modificaciones o ajustes que considere necesarios;

e) Servir de enlace entre el consejo y las entidades oficiales y privadas que se ocupen de la prevención, investigación, control, represión y rehabilitación en materia de drogas que producen dependencia;

f) Expedir el certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes en un plazo máximo de sesenta (60) días transcurrido el cual se entenderá resuelta favorablemente la solicitud y por consiguiente se expedirá este a las personas que adelanten trámites ante el Departamento de la Aeronáutica Civil en forma particular o como miembro de empresas para lo siguiente:

1. Importación de aeronaves.

2. Adquisición del dominio o cambio de explotador de aeronaves. Este certificado deberá expedirse en el término máximo de diez (10) días, vencido el cual, si no hubiese sido expedido, se entenderá resuelta favorablemente la solicitud. El interesado deberá presentar con este su cédula de ciudadanía si es persona natural o el certificado de constitución y gerencia si fuere persona jurídica.

(Nota: Véase Ley 785 de 2002 artículo 14).

3. Estudio, construcción y reforma de aeródromos o pistas e instalaciones.

4. Obtención y renovación del permiso de operación de aeródromos o pistas.

5. Solicitud para obtener o renovar permisos de empresas de servicios aéreos comerciales, escuelas, aeroclubes, talleres aeronáuticos.

6. Aprobación de los nuevos socios que vayan a adquirir cuotas o acciones de una empresa de servicios aéreos comerciales, escuelas, aeroclubes y talleres aeronáuticos.

7. Aprobación del nuevo propietario o explotador de un aeródromo o pista.

8. Aprobación de licencias para personal aeronáutico.

Este certificado podrá revocarse en cualquier momento, por orden del Consejo Nacional de Estupefacientes, por medio de resolución motivada, y

g) Expedir certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes a las personas que adelanten trámites ante el Incomex y el Ministerio de Salud para el consumo o distribución de: éter etílico, acetona, cloroformo, ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, amoníaco, permanganato de potasio, carbonato liviano y disolvente o diluyente para barnices.

NOTA: El artículo 93 de la Ley 30 de 1986 fue adicionado por Decreto Legislativo 2894 de 1990. Adición que a su vez fue convertida en legislación permanente por el Decreto Extraordinario 2272 de 1991, artículo 7º.

ART. 94.—El consejo podrá citar a sus reuniones a los funcionarios que considere del caso oír y las autoridades deberán prestarle la colaboración que requiera para el cumplimiento de sus funciones.

PAR.—Los temas tratados en el Consejo Nacional de Estupefacientes son reservados, sus actas tendrán el mismo carácter y, por lo tanto, solamente podrán ser conocidas por el señor Presidente de la República y por los miembros del consejo.

ART. 95.—El Consejo Nacional de Estupefacientes, tendrá un comité técnico asesor de prevención nacional de la farmacodependencia, el cual estará integrado por:

1. Un delegado del Presidente de la República, quien lo presidirá.

2. El viceministro de justicia o su delegado, que será el jefe de la oficina de estupefacientes de ese ministerio.

3. El viceministro de salud o su delegado, que será el jefe de la división de salud mental de ese ministerio.

4. El viceministro de educación o su delegado, que será el director del comité de farmacodependencia de ese ministerio.

5. El viceministro de trabajo o su delegado, que será el jefe de la división del trabajo de ese ministerio.

6. El viceministro de agricultura o su delegado, que será el director del Inderena.

7. El director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o su delegado.

8. El director general de la Policía Nacional o su delegado que será el director de policía judicial e investigación.

9. El presidente de la Sociedad Colombiana de Psiquiatría o su delegado.

10. El director del Instituto de Medicina Legal o su delegado.

ART. 96.—El comité técnico asesor para la prevención nacional de la farmacodependencia tendrá las siguientes funciones:

a) Asesorar al Consejo Nacional de Estupefacientes en la realización de los planes, proyectos y programas relativos a la educación, prevención y rehabilitación de farmacodependientes;

b) Establecer los criterios que deben guiar la información, la publicidad y campañas en la lucha contra el narcotráfico y la farmacodependencia;

c) Diseñar y evaluar programas de prevención y rehabilitación;

d) Prestar asesoría a las entidades oficiales y privadas interesadas en programas de educación, orientación, prevención y rehabilitación;

e) Promover la investigación sobre estupefacientes y áreas afines;

f) Solicitar la colaboración de especialistas cuando los programas y campañas que se organicen así lo requieran, y

g) Las demás que le delegue al Consejo Nacional de Estupefacientes.

ART. 97.—El Consejo Nacional de Estupefacientes contará con un fondo rotatorio de prevención, represión y rehabilitación, que tendrá personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, que estará dirigido y administrado por el viceministro de justicia (y cuya estructura, organización y funcionamiento serán determinados por el Gobierno Nacional previo concepto del Consejo Nacional de Estupefacientes)*.

*NOTA: Las frases que están entre paréntesis fueron declaradas inexequibles por la Corte Suprema de Justicia (Sent. ene. 21/88).

ART. 98.—En todos los departamentos, intendencias y comisarías, y en el Distrito Especial de Bogotá, funcionará un consejo seccional de estupefacientes que estará integrado por:

a) El gobernador, intendente, comisario o Alcalde Mayor de Bogotá, quien lo presidirá;

b) El secretario de salud;

c) El secretario de educación;

d) El procurador regional;

e) El director seccional del Departamento Administrativo de Seguridad;

f) El comandante de la Policía Nacional del lugar;

g) El director regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar;

h) El director regional del Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente Inderena, e

i) El jefe de la oficina o instituto seccional de medicina legal correspondiente.

Podrán integrarse a los consejos seccionales los demás miembros que considere pertinentes el Consejo Nacional de Estupefacientes, de acuerdo con las características de cada región.

NOTA: Las intendencias y comisarías se transformaron en departamentos con la nueva Constitución Política de 1991 y el Distrito Especial adquiere la calidad de Distrito Capital.

ART. 99.—Son funciones de los consejos seccionales de estupefacientes:

a) Velar porque a nivel seccional se cumplan las políticas planes y programas trazados por el Consejo Nacional de Estupefacientes;

b) Formular para su adopción por el gobierno seccional, los planes y programas que deban ejecutarse a nivel regional, de conformidad con las políticas trazadas por el Consejo Nacional de Estupefacientes;

c) Señalar a los distintos organismos locales las campañas y acciones que cada uno de ellos debe adelantar;

d) Dictar las normas necesarias para el debido cumplimiento de sus funciones y proponer al gobierno seccional la expedición de las que fueren competencia de este;

e) Mantener contactos con los demás consejos seccionales de estupefacientes para lograr una actividad coordinada, y

f) Rendir al Consejo Nacional de Estupefacientes informes mensuales y anuales de las labores adelantadas en la respectiva región.

Las resoluciones que dicte el consejo seccional de estupefacientes para el ejercicio de sus funciones son de obligatorio cumplimiento.

Las actas de los consejos seccionales de estupefacientes son reservadas, sólo podrán ser conocidas por el Consejo Nacional de Estupefacientes, por el respectivo gobernador del departamento y por los miembros del consejo seccional.

ART. 100.—Facúltase al Gobierno Nacional para efectuar los traslados presupuestales necesarios para el cumplimiento de esta ley.

ART. 101.—La presente ley rige a partir de la fecha de su sanción y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

(Nota: Véase Decreto Único Reglamentario 1069 de 2015 artículo 1.1.3.2 del Ministerio de Justicia y del Derecho. De acuerdo a los considerandos de esta norma su naturaleza no es reglamentaria, como quiera que se limita a describir la estructura general administrativa del sector)

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