LEY 998 DE 2005 

(Noviembre 29)

“Por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y la ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2006”.

El Congreso de Colombia,

DECRETA:

PRIMERA PARTE

Presupuesto de rentas y recursos de capital

ART. 1º—Fíjense los cómputos del presupuesto de rentas y recursos de capital del tesoro de la Nación para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2006, en la suma de ciento cinco billones trescientos noventa y dos mil seiscientos cuatro millones ochocientos ochenta y cuatro mil ciento once pesos moneda legal ($ 105.392.604.884.111), según el detalle del presupuesto de rentas y recursos de capital para el 2006, así:

Rentas del presupuesto general de la Nación
I. Ingresos del presupuesto nacional98,771,917,811,394
1. Ingresos corrientes de la Nación46,316,487,000,000
2. Recursos de capital de la Nación47,415,546,024,122
5. Rentas parafiscales598,934,331,501
6. Fondos especiales4,440,950,455,771
II. Ingresos de los establecimientos públicos6,620,687,072,717
021000 Agencia presidencial para la acción social y la cooperación internacional —acción social—
A. Ingresos corrientes50,000,000,000
B. Recursos de capital90,000,000,000
032000 Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología “Francisco José de Caldas” (Colciencias)
A. Ingresos corrientes3,075,865,821
B. Recursos de capital2,080,724,380
032400 Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
A. Ingresos corrientes50,501,261,194
040200 Fondo Rotatorio del DANE
A. Ingresos corrientes7,158,733,491
B. Recursos de capital1,708,390,073
040300 Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC
A. Ingresos corrientes28,170,094,870
050300 Escuela Superior de Administración Pública, ESAP
A. Ingresos corrientes42,113,435,000
B. Recursos de capital5,850,400,000
060200 Fondo Rotatorio del Departamento Administrativo de Seguridad
A. Ingresos corrientes44,773,721,000
B. Recursos de capital20,720,782,000
110200 Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores
A. Ingresos corrientes47,540,070,310
B. Recursos de capital11,701,900,000
130900 Superintendencia de la Economía Solidaria
A. Ingresos corrientes5,241,540,000
B. Recursos de capital832,532,353
131000 Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
A. Ingresos corrientes22,887,600,000
B. Recursos de capital7,750,000,000
131100 Superintendencia Bancaria
A. Ingresos corrientes86,328,196,287
B. Recursos de capital2,200,000,000
150300 Caja de retiro de las Fuerzas Militares
A. Ingresos corrientes96,181,538,000
B. Recursos de capital1,696,253,000
150400 Fondo Rotatorio del Ejército
A. Ingresos corrientes218,737,200,000
B. Recursos de capital300,000,000
150500 Fondo Rotatorio de la Armada Nacional
A. Ingresos corrientes70,583,700,000
B. Recursos de capital969,500,000
150600 Fondo Rotatorio de la Fuerza Aérea
A. Ingresos corrientes39,120,000,000
B. Recursos de capital1,493,200,000
150700 Instituto casas fiscales del Ejército
A. Ingresos corrientes25,554,000,000
B. Recursos de capital1,897,700,000
150800 Defensa Civil Colombiana
A. Ingresos corrientes1,000,000,000
B. Recursos de capital25,200,000
151000 Club Militar de Oficiales
A. Ingresos corrientes23,569,005,000
B. Recursos de capital1,486,000,000
151100 Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional
A. Ingresos corrientes88,554,000,000
B. Recursos de capital9,136,000,000
151200 Fondo Rotatorio de la Policía
A. Ingresos corrientes119,730,882,000
B. Recursos de capital1,034,148,000
151900 Hospital Militar
A. Ingresos corrientes114,352,317,000
B. Recursos de capital12,412,443,000
170200 Instituto Colombiano Agropecuario, ICA
A. Ingresos corrientes33,816,974,600
B. Recursos de capital9,549,535,000
170300 Instituto Colombiano de la Reforma Agraria - Incora en liquidación
A. Ingresos corrientes129,700,000
B. Recursos de capital480,600,000
170500 Instituto Nacional de Adecuación de Tierras - INAT en liquidación
A. Ingresos corrientes100,000,000
B. Recursos de capital2,200,000,000
171300 Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder
A. Ingresos corrientes14,486,590,400
B. Recursos de capital5,564,610,100
210300 Instituto Colombiano de Geología y Minería, Ingeominas
A. Ingresos corrientes35,493,000,000
B. Recursos de capital4,488,000,000
210900 Unidad de Plantación Minero Energética, UPME
A. Ingresos corrientes12,363,500,000
B. Recursos de capital473,100,000
211000 Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas no Interconectadas, IPSE
A. Ingresos corrientes13,578,600,000
B. Recursos de capital5,196,400,000
211100 Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH
A. Ingresos corrientes287,061,854,937
B. Recursos de capital1,390,000,000
220200 Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, Icfes
A. Ingresos corrientes32,639,276,079
B. Recursos de capital26,200,000,000
220300 Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior, Icetex
A. Ingresos corrientes111,155,280,783
B. Recursos de capital46,680,734,621
220900 Instituto Nacional para Sordos, Insor
A. Ingresos corrientes253,839,675
221000 Instituto Nacional para Ciegos, INCI
A. Ingresos corrientes125,000,000
B. Recursos de capital50,300,000
221100 Instituto Tecnológico Pascual Bravo - Medellín
A. Ingresos corrientes2,988,848,700
B. Recursos de capital191,500,000
222600 Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD
A. Ingresos corrientes20,155,075,000
B. Recursos de capital5,781,400,000
223000 Colegio Mayor de Antioquia
A. Ingresos corrientes1,542,138,015
B. Recursos de capital1,903,132,712
223100 Colegio Mayor de Bolívar
A. Ingresos corrientes1,071,599,999,
B. Recursos de capital179,559,089
223200 Colegio Mayor del Cauca
A. Ingresos corrientes735,985,763
B. Recursos de capital118,403,392
223400 Instituto Técnico Central
A. Ingresos corrientes2,104,406,300
B. Recursos de capital407,900,000
223500 Instituto Superior de Educación Rural de Pamplona, ISER
A. Ingresos corrientes1,086,180,003
B. Recursos de capital131,116,433
223600 Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo
A. Ingresos corrientes500,091,570
B. Recursos de capital33,800,000
223700 Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de Ciénaga
A. Ingresos corrientes390,960,000
B. Recursos de capital16,800,000
223800 Instituto Nacional de Formación Técnica de Profesional de San Andrés y Providencia
A. Ingresos corrientes243,797,002
223900 Instituto Nacional de Formación Técnica de San Juan del Cesar
A. Ingresos corrientes1,172,895,773
B. Recursos de capital267,600,000
224000 Instituto Técnico Agrícola, ITA, de Buga
A. Ingresos corrientes332,601,000
B. Recursos de capital114,113,318
224100 Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional
A. Ingresos corrientes564,000,000
B. Recursos de capital63,600,000
224200 Instituto Técnico Nacional de Comercio “Simón Rodríguez” de Cali
A. Ingresos corrientes484,853,977
B. Recursos de capital130,000,000
224300 Colegio Integrado Nacional “Oriente de Caldas”
A. Ingresos corrientes177,200,000
B. Recursos de capital28,100,000
224500 Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina
A. Ingresos corrientes569,138,279
225200 Instituto Tecnológico del Putumayo
A. Ingresos corrientes354,916,649
225400 Instituto Tecnológico de Soledad Atlántico, ITSA
A. Ingresos corrientes2,031,822,089
B. Recursos de capital171,400,000
230600 Fondo de Comunicaciones
A. Ingresos corrientes169,208,998,926
B. Recursos de capital116,366,000,000
230700 Comisión Nacional de Televisión
A. Ingresos corrientes76,919,500,000
B. Recursos de capital27,764,600.000
240200 Instituto Nacional de Vías
A. Ingresos corrientes343.457.316.768
B. Recursos de capital98.635.683.232
240300 Fondo Nacional de Caminos Vecinales en liquidación
B. Recursos de capital1.517.500.000
241200 Unidad Administrativa de la Aeronáutica Civil
A. Ingresos corrientes351.761.564.970
B. Recursos de capital19.973.800.000
241300 Instituto Nacional de Concesiones, INCO
A. Ingresos corrientes8.581.800.000
B. Recursos de capital743.200.000
260200 Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República
A. Ingresos corrientes727.100.545
B. Recursos de capital24.186.490.754
280200 Fondo Rotatorio de la Registraduría
A. Ingresos corrientes16.056.560.302
B. Recursos de capital19.645.429.995
280300 Fondo Social de Vivienda de la Registraduría Nacional del Estado Civil
B. Recursos de capital2.774.000.000
290200 Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses
A. Ingresos corrientes240.000.000
320200 Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, Ideam
A. Ingresos corrientes4.944.000.000
320400 Fondo Nacional Ambiental
A. Ingresos corrientes6.714.300.100
B. Recursos de capital2.161.350.420
324000 Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana, Inurbe, en liquidación
A. Ingresos corrientes200.000.000
B. Recursos de capital23.378.300.000
324100 Fondo Nacional de Vivienda, Fonvivienda
B. Recursos de capital20.000.000.000
330400 Archivo General de la Nación
A. Ingresos corrientes6.694.163.629
B. Recursos de capital191.161.379
330500 Instituto Colombiano de Antropología e Historia
A. Ingresos corrientes288.210.000
330600 Instituto Colombiano del Deporte - Coldeportes
A. Ingresos corrientes17.288.600.000
B. Recursos de capital5.961.100.000
330700 Instituto Caro y Cuervo
A. Ingresos corrientes70.537.500
350200 Superintendencia de Sociedades
A. Ingresos corrientes42.380.790.000
B. Recursos de capital14.175.000.000
360200 Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA
A. Ingresos corrientes105.838.500.000
B. Recursos de capital85.310.800.000
C. Contribuciones parafiscales846.544.600.000
360300 Fondo de Previsión Social del Congreso
A. Ingresos corrientes11.243.487.000
B. Recursos de capital3.453.201.000
360500 Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia
A. Ingresos corrientes37.145.000.000
B. Recursos de capital1.096.000.000
360600 Instituto Nacional de Salud, INS
A. Ingresos corrientes1.878.781.929
B. Recursos de capital200.000.000
360700 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF
B. Recursos de capital141.552.689.000
C. Contribuciones parafiscales1.440.540.050.000
360800 Superintendencia Nacional de Salud
A. Ingresos corrientes18.994.095.000
B. Recursos de capital1.293.000.000
360900 Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima
A. Ingresos corrientes30.301.443.810
B. Recursos de capital948.000.000
370500 Superintendencia de Notariado y Registro
A. Ingresos corrientes224.778.105.293
B. Recursos de capital65.795.037.155
370600 Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec
A. Ingresos corrientes274.000.000
B. Recursos de capital76.000.000
370700 Dirección Nacional de Estupefacientes
A. Ingresos corrientes1.100.123.292
B. Recursos de capital116.585.636.681
380100 Comisión Nacional del Servicio Civil
A. Ingresos corrientes14.741.300.000
III. Total ingresos105.392.604.884.111

SEGUNDA PARTE

ART. 2º—Presupuesto de gastos o ley de apropiaciones. Aprópiese para atender los gastos de funcionamiento, inversión y servicio de la deuda pública del presupuesto general de la Nación durante la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2006 una suma por valor de: ciento cinco billones trescientos noventa y dos mil seiscientos cuatro millones ochocientos ochenta y cuatro mil ciento once pesos moneda legal ($ 105.392.604.884.111), según el detalle que se encuentra a continuación:

TERCERA PARTE

Disposiciones generales

ART. 3º—Las disposiciones generales de la presente ley son complementarias de las leyes 38 de 1989, 179 de 1994, 225 de 1995 y 819 de 2003, orgánicas del presupuesto, y deben aplicarse en armonía con éstas.

Estas normas rigen para los órganos que conforman el presupuesto general de la Nación, y para los recursos de la Nación asignados a las empresas industriales y comerciales del Estado y a las sociedades de economía mixta con el régimen de aquellas.

Los fondos sin personería jurídica deben ser creados por ley o por su autorización expresa y estarán sujetos a las normas y procedimientos establecidos en la Constitución Política, el estatuto orgánico del presupuesto, la presente ley y las demás normas que reglamenten los órganos a los cuales pertenecen.

CAPÍTULO I

De las rentas y recursos

ART. 4º—La dirección general de crédito público y del tesoro nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público informará a los diferentes órganos las fechas de perfeccionamiento y desembolso de los recursos del crédito interno y externo de la Nación. Los establecimientos públicos del orden nacional reportarán a la referida dirección el monto y las fechas de los recursos de crédito externo e interno contratados directamente.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público conceptuará previamente sobre las solicitudes de modificación a fuentes de financiación cuando se trate de recursos de crédito de las diferentes apropiaciones que se detallen en el anexo del decreto de liquidación, siempre y cuando no modifiquen los montos aprobados por el Congreso de la República en la ley anual.

ART.5º—El Gobierno Nacional podrá realizar sin operación presupuestal alguna, sustituciones en su portafolio de inversiones con sus entidades descentralizadas, de conformidad con las normas legales vigentes.

ART.6º—Los ingresos corrientes de la Nación y aquellas contribuciones y recursos que en las normas legales no se haya autorizado su recaudo y manejo a otro órgano, deben consignarse en la dirección general de crédito público y del tesoro nacional, por quienes estén encargados de su recaudo.

Las superintendencias que no sean una sección presupuestal deben consignar mensualmente en la dirección general de crédito público y del tesoro nacional, el valor total de las contribuciones establecidas en la ley.

ART.7º—El Ministro de Hacienda y Crédito Público fijará los criterios técnicos para el manejo de los excedentes de liquidez del tesoro nacional acorde con los objetivos monetarios, cambiados y de tasa de interés a corto y largo plazo.

ART. 8º—El Gobierno Nacional podrá emitir títulos de tesorería, TES, clase “B”, con base en la facultad de la Ley 51 de 1990 de acuerdo con las siguientes reglas: no contarán con la garantía solidaria del Banco de la República; el estimativo de los ingresos producto de su colocación se incluirá en el presupuesto general de la Nación como recursos de capital, con excepción de los provenientes de la colocación de títulos para operaciones temporales de tesorería; sus rendimientos se atenderán con cargo al presupuesto general de la Nación; su redención se atenderá con cargo a los recursos del presupuesto general de la Nación, con excepción de las operaciones temporales de tesorería cuyo monto de emisión se fijará en el decreto que las autorice; podrán ser administrados directamente por la Nación; podrán ser denominados en moneda extranjera; su emisión solo requerirá del decreto que la autorice y fije sus condiciones financieras; su emisión no afectará el cupo de endeudamiento y estará limitada, para las destinadas a financiar las apropiaciones presupuestales por el monto de estas.

ART. 9º—Los rendimientos financieros originados con recursos de la Nación, incluidos los negocios fiduciarios, deben consignarse en la dirección general de crédito público y del tesoro nacional en el mes siguiente de su recaudo.

ART. 10.—Facúltase a la dirección general de crédito público y del tesoro nacional para que con los excedentes de liquidez en moneda nacional y extranjera de los fondos que administre, realice las siguientes operaciones: compra y venta de títulos valores emitidos por la Nación, el Banco de la República, Fogafín, entidades sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria y otros gobiernos y tesorerías; compra de deuda de la Nación; compras con pacto de retroventa con entidades públicas y con entidades financieras sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria, dentro de los cupos que autorice el Ministro de Hacienda y Crédito Público; depósitos remunerados e inversiones financieras en entidades sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria; depósitos a término y compras de títulos emitidos por entidades bancarias y financieras del exterior; operaciones de cubrimiento de riesgos; y las demás que autorice el Gobierno Nacional; así mismo, préstamos transitorios a la dirección general de crédito público y del tesoro nacional, reconociendo tasa de mercado durante el período de utilización, evento que no implica unidad de caja; y préstamos de títulos valores a la citada dirección a tasas de mercado.

PAR.—Lo anterior aplica cuando, de acuerdo con las disposiciones legales, la dirección general de crédito público y del tesoro nacional no pueda hacer unidad de caja con los recursos de los fondos que administre.

ART. 11.—Los establecimientos públicos podrán pagar con sus ingresos propios obligaciones financiadas con recursos de la Nación mientras la dirección general de crédito público y del tesoro nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público transfiere los dineros respectivos.

Igual procedimiento será aplicable a los órganos del presupuesto general de la Nación cuando administren fondos especiales y a las empresas industriales y comerciales del Estado y sociedades de economía mixta con el régimen de aquellas sobre los recursos de la Nación.

Estas operaciones deben contar con autorización previa de la dirección general de crédito público y del tesoro nacional.

Los establecimientos públicos del orden nacional que administren recursos parafiscales y hayan recibido aportes de la Nación a cualquier título, harán uso de lo establecido en el inciso primero del presente artículo, sin que esas operaciones deban contar con autorización previa de la dirección general de crédito público y del tesoro nacional, ni se genere obligación a cargo de la Nación.

CAPÍTULO II

De los gastos

ART. 12.—Las afectaciones al presupuesto se harán teniendo en cuenta la prestación principal originada en los compromisos que se adquieran y con cargo a este rubro se cubrirán los demás costos inherentes o accesorios.

Con cargo a las apropiaciones de cada rubro presupuestal, que sean afectadas con los compromisos iniciales, se atenderán las obligaciones derivadas de estos compromisos, tales como, los costos imprevistos, ajustes y revisión de valores e intereses moratorios y gastos de nacionalización.

ART. 13.—Prohíbese tramitar actos administrativos u obligaciones que afecten el presupuesto de gastos cuando no reúnan los requisitos legales o se configuren como hechos cumplidos. El representante legal y ordenador del gasto o en quienes estos hayan delegado, responderán disciplinaria, fiscal y penalmente por incumplir lo establecido en esta norma.

ART. 14.—Para proveer empleos vacantes se requerirá del certificado de disponibilidad presupuestal por la vigencia fiscal de 2006. Por medio de éste, el jefe de presupuesto o quien haga sus veces garantizará la existencia de los recursos del 1º de enero al 31 de diciembre de 2006, por todo concepto de gastos de personal, salvo que el nombramiento sea en reemplazo de un cargo provisto o creado durante la vigencia, para lo cual se deberá expedir el certificado de disponibilidad presupuestal por lo que resta del año fiscal.

Toda provisión de empleos de los servidores públicos deberá corresponder a los previstos en la planta de personal, incluyendo las vinculaciones de los trabajadores oficiales.

Previo al reconocimiento de la prima técnica se expedirá el certificado de disponibilidad presupuestal. Por medio de éste se deberá garantizar la existencia de recursos del 1º de enero al 31 de diciembre de 2006.

La vinculación de supernumerarios, por períodos superiores a tres meses, deberá ser autorizada mediante resolución suscrita por el jefe del respectivo órgano.

ART. 15.—La solicitud de modificación a las plantas de personal requerirá para su consideración y trámite, por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, dirección general del presupuesto público nacional, los siguientes requisitos:

1. Exposición de motivos.

2. Costos comparativos de las plantas vigente y propuesta.

3. Efectos sobre los gastos generales.

4. Concepto del Departamento Nacional de Planeación si se afectan los gastos de inversión.

5. Y los demás que la dirección general del presupuesto público nacional considere pertinentes.

El departamento administrativo de la función pública aprobará las propuestas de modificaciones a las plantas de personal, cuando hayan obtenido la viabilidad presupuestal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público-Dirección general del presupuesto público nacional.

ART. 16.—Los recursos destinados a programas de capacitación y bienestar social no pueden tener por objeto crear o incrementar salarios, bonificaciones, sobresueldos, primas, prestaciones sociales, remuneraciones extralegales o estímulos pecuniarios ocasionales que la ley no haya establecido para los servidores públicos, ni servir para otorgar beneficios directos en dinero o en especie.

Los programas de capacitación podrán comprender matrículas de los funcionarios, que se girarán directamente a los establecimientos educativos, salvo lo previsto por el artículo 114 de la Ley 30 de 1992. Su otorgamiento se hará en virtud de la reglamentación interna del órgano respectivo.

ART. 17.—La dirección general del presupuesto público nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público será la competente para expedir la resolución que regirá la constitución y funcionamiento de las cajas menores en los órganos que conforman el presupuesto general de la Nación, y en las entidades nacionales con régimen presupuestal de empresas industriales y comerciales del Estado con carácter no financiero, respecto de los recursos que le asigna la Nación.

ART. 18.—La adquisición de los bienes que necesiten los órganos que hacen parte del presupuesto general de la Nación para su funcionamiento y organización requieren de un plan de compras. Este plan deberá aprobarse por cada órgano acorde con las apropiaciones autorizadas en el presupuesto general de la Nación y se modificará cuando las apropiaciones que la respaldan sean modificadas.

ART. 19.—Se podrá hacer distribuciones en el presupuesto de ingresos y gastos, sin cambiar su destinación ni cuantía, mediante resolución suscrita por el jefe del respectivo órgano. En el caso de los establecimientos públicos del orden nacional estas distribuciones se harán por resolución o acuerdo de las juntas o consejos directivos. Si no existen juntas o consejos directivos lo hará el representante legal de estos.

Las operaciones presupuestales contenidas en los mencionados actos administrativos, se someterán a aprobación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público-Dirección general del presupuesto público nacional.

Los jefes de los órganos responderán por la legalidad de los actos en mención.

A fin de evitar duplicaciones en los casos en los cuales la distribución afecte el presupuesto de otro órgano que haga parte del presupuesto general de la Nación, el mismo acto administrativo servirá de base para realizar los ajustes correspondientes en el órgano que distribuye e incorporar las del órgano receptor. La ejecución presupuestal de estas deberá iniciarse en la misma vigencia de la distribución; en caso de requerirse se abrirán subordinales y subproyectos.

El jefe del órgano o en quien este haya delegado la ordenación del gasto podrá efectuar a nivel del decreto de liquidación asignaciones internas de apropiaciones en sus dependencias, seccionales o regionales a fin de facilitar su manejo operativo y de gestión, sin que las mismas impliquen cambiar su destinación. Estas asignaciones para su validez no requerirán aprobación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público-Dirección general del presupuesto público nacional.

ART. 20.—Los órganos de que trata el artículo 3º de la presente ley podrán pactar anticipos únicamente cuando cuenten con programa anual mensualizado de caja-PAC aprobado.

ART. 21.—El Gobierno Nacional en el decreto de liquidación clasificará y definirá los ingresos y gastos. Así mismo, cuando las partidas se incorporen en numerales rentísticos, secciones, programas y subprogramas que no correspondan a su objeto o naturaleza, las ubicara en el sitio que corresponda.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público-Dirección general del presupuesto público nacional hará mediante resolución, las operaciones que en igual sentido se requieran durante el transcurso de la vigencia.

Cuando se trate del presupuesto de gastos de inversión requerirá del concepto previo favorable del departamento nacional de planeación.

ART. 22.—El Ministerio de Hacienda y Crédito Público-Dirección general del presupuesto público nacional, de oficio o a petición del jefe del órgano respectivo, hará por resolución las aclaraciones y correcciones de leyenda necesarias para enmendar los errores de transcripción y aritméticos que figuren en el presupuesto general de la Nación para la vigencia fiscal de 2006.

ART. 23.—El Ministerio de Hacienda y Crédito Público-Dirección general del presupuesto público nacional podrá abstenerse de adelantar los trámites de cualquier operación presupuestal de las entidades señaladas en el artículo 3º de la presente ley que incumplan los objetivos y metas trazados en el plan financiero, en la programación macroeconómica del Gobierno Nacional y en el programa anual de caja.

ART. 24.—Los órganos de que trata el artículo 3º de la presente ley enviarán a la dirección general del presupuesto público nacional informes mensuales sobre la ejecución de ingresos y gastos, dentro de los cinco (5) primeros días del mes siguiente.

ART. 25.—Los compromisos y las obligaciones de los órganos que sean una sección del presupuesto general de la Nación correspondientes a las apropiaciones financiadas con rentas provenientes de contratos o convenios, sólo podrán ser asumidos cuando estos se hayan perfeccionado.

ART. 26.—Cuando los órganos que hacen parte del presupuesto general de la Nación, celebren contratos entre sí, que afecten sus presupuestos, con excepción de los de crédito, harán los ajustes mediante resoluciones del jefe del órgano respectivo. En el caso de los establecimientos públicos del orden nacional, las superintendencias y unidades administrativas especiales con personería jurídica así como las señaladas en el artículo 5º del estatuto orgánico del presupuesto, dichos ajustes deben realizarse por acuerdo o resolución de las juntas o consejos directivos o el representante legal del órgano, si no existen juntas o consejos directivos.

Los actos administrativos a que se refiere el inciso anterior deberán ser remitidos al Ministerio de Hacienda y Crédito Público-Dirección general del presupuesto público nacional, acompañados del respectivo certificado de disponibilidad presupuestal y su justificación económica, para la aprobación de las operaciones presupuestales en ellos contenidas, requisito sin el cual no podrán ser ejecutados.

Los jefes de los órganos responderán por la legalidad de los actos en mención.

ART. 27.—La dirección general del presupuesto público nacional, en la elaboración de informes de ejecución del presupuesto general de la Nación, presentará la información neta, de manera que se elimine la duplicidad de gastos.

ART. 28.—Cuando los órganos que conforman el presupuesto general de la Nación posean bienes inmuebles que en la actualidad no se estén utilizando o que no sean necesarios para el desarrollo normal de sus funciones, deben desarrollar todas las actividades tendientes a cumplir con lo establecido en el artículo 8º de la Ley 708 de 2001 y sus decretos reglamentarios. Dichos inmuebles también podrán ser transferidos, previo avalúo, a título de aportes de capital a empresas industriales y comerciales del Estado o empresas sociales del Estado, sin que ello implique operación presupuestal.

Así mismo, cuando dichos órganos funcionen en inmuebles de propiedad de particulares en calidad de arrendatarios, deben efectuar las gestiones necesarias para su traslado a un inmueble que actualmente no se encuentre ocupado por otra entidad pública y que sea de su propiedad.

ART. 29.—Ningún órgano podrá contraer compromisos que impliquen el pago de cuotas a organismos internacionales con cargo al presupuesto general de la Nación, sin que exista la ley aprobatoria de tratados públicos o que el Presidente de la República haya autorizado su aplicación provisional en los términos del artículo 224 de la Constitución Política.

Una vez cumplidos los requisitos del inciso anterior, previa autorización del Ministerio de Relaciones Exteriores, los establecimientos públicos del nivel nacional, sólo podrán pagar con cargo a sus recursos propios las cuotas a dichos organismos.

Los aportes y contribuciones de la República de Colombia a los organismos financieros internacionales se pagarán con cargo al presupuesto general de la Nación, salvo en aquellos casos en que los aportes se contabilicen como reservas internacionales, que serán pagados de conformidad con lo previsto en la Ley 31 de 1992 o aquellas que la modifiquen o adicionen.

ART. 30.—Los órganos que conforman el presupuesto general de la Nación deben reintegrar, dentro del primer trimestre de 2006, a la dirección general de crédito público y del tesoro nacional, y a sus tesorerías cuando correspondan a recursos propios, los recursos originados en convenios con organismos internacionales que no estén amparando compromisos u obligaciones, y que correspondan a apropiaciones presupuestales de la vigencia fiscal 2004 y anteriores, incluidos sus rendimientos financieros, diferencial cambiario, y demás réditos originados en aquellos, con el soporte correspondiente.

ART. 31.—Cuando exista apropiación presupuestal en el servicio de la deuda pública podrá efectuarse anticipos en el pago de los contratos de empréstito. Igualmente podrá atenderse con cargo a la vigencia en curso las del servicio de la deuda pública correspondiente al mes de enero de 2007.

ART. 32.—La representación legal y la ordenación del gasto del servicio de la deuda está a cargo del Ministro de Hacienda y Crédito Público o en quien este delegue, según las disposiciones de la ley orgánica del presupuesto.

ART. 33.—Los gastos que sean necesarios para la administración, consecución y servicio de las operaciones de crédito público, las asimiladas a ellas, las propias del manejo de la deuda, las operaciones conexas y las demás relacionadas con los recursos del crédito serán atendidos con cargo a las apropiaciones del servicio de la deuda pública.

CAPÍTULO III

De las reservas presupuestales y cuentas por pagar

ART. 34.—Las reservas presupuestales y las cuentas por pagar de los órganos que conforman el presupuesto general de la Nación, correspondientes al año 2005, deben constituirse a más tardar el 26 de enero de 2006 y remitirse dentro de los tres (3) días siguientes, a la dirección general del presupuesto público nacional. Las primeras serán constituidas por el ordenador del gasto y el jefe de presupuesto o quien haga sus veces, y las segundas por el ordenador del gasto y el tesorero de cada órgano.

Cuando se trate de aportes de la Nación a las empresas industriales y comerciales del Estado o a las sociedades de economía mixta con el régimen de aquellas, tanto las reservas como las cuentas por pagar deben constituirse en el mismo plazo, por el ordenador del gasto y el jefe de presupuesto o por quien haga sus veces, en el primer caso, y por el ordenador del gasto y el tesorero de cada empresa o sociedad en el segundo caso.

Igual procedimiento será aplicable a las superintendencias y a las unidades administrativas especiales cuando no figuren como secciones presupuestales.

ART. 35.—Constituidas las cuentas por pagar y las reservas presupuestales de la vigencia fiscal de 2005, los dineros sobrantes serán reintegrados a la dirección general de crédito público y del tesoro nacional.

Las cuentas por pagar y las reservas presupuestales correspondientes a la vigencia fiscal de 2005 que no se hayan ejecutado a 31 de diciembre de 2006, expiran sin excepción. En consecuencia, deben reintegrarse a la dirección general de crédito público y del tesoro nacional.

Los recursos incorporados en el presupuesto general de la Nación con destino a las empresas industriales y comerciales del Estado y a las sociedades de economía mixta con el régimen de aquellas, que no hayan sido comprometidos o ejecutados a 31 de diciembre de 2006, deben ser reintegrados por éstas a la dirección general de crédito público y del tesoro nacional.

PAR.—Los reintegros de que trata el inciso primero del presente artículo deben realizarse por el ordenador del gasto y el funcionario de manejo del respectivo órgano, a más tardar el 20 de enero de 2006. Los mismos funcionados deben reintegrar los recursos a que se refieren los incisos segundo y tercero, a más tardar el 20 de enero de 2007.

CAPÍTULO IV

De las vigencias futuras

ART. 36.—Los cupos anuales autorizados para asumir compromisos de vigencias futuras no utilizados a 31 de diciembre del año en que se concede la autorización, caducan sin excepción. En los casos de licitación, concurso de méritos o cualquier otro proceso de selección, se entienden utilizados los cupos anuales de vigencias futuras con el acto de adjudicación.

ART. 37.—Las solicitudes para comprometer recursos de la Nación, que afecten vigencias fiscales futuras de las empresas industriales y comerciales del Estado o sociedades de economía mixta con régimen de aquellas, deben tramitarse a través de los órganos que conforman el presupuesto general de la Nación a los cuales estén vinculadas.

CAPÍTULO V

Disposiciones varias

ART. 38.—El servidor público que reciba una orden de embargo sobre los recursos incorporados en el presupuesto general de la Nación, incluidas las transferencias que hace la Nación a las entidades territoriales, está obligado a efectuar los trámites correspondientes para solicitar su desembargo. Para este efecto, solicitará a la dirección general del presupuesto público nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la constancia sobre la naturaleza de estos recursos. La solicitud debe indicar el tipo de proceso, las partes involucradas, el despacho judicial que profirió las medidas cautelares, y el origen de los recursos que fueron embargados.

ART. 39.—Las sentencias, conciliaciones y cesantías parciales, serán incorporadas al presupuesto de acuerdo con la disponibilidad de recursos, de conformidad con el artículo 39 del estatuto orgánico del presupuesto.

ART. 40.—Los órganos a que se refiere el artículo 3º de la presente ley pagarán los fallos de tutela con cargo al rubro que corresponda a la naturaleza del negocio fallado. Para pagarlas, en primera instancia se deben efectuar los traslados presupuestales requeridos, con cargo a los saldos de apropiación disponibles durante la vigencia fiscal en curso.

Los establecimientos públicos deben atender las providencias que se profieran en su contra, en primer lugar con recursos propios.

Con cargo a las apropiaciones del rubro sentencias y conciliaciones se podrán pagar todos los gastos originados en los tribunales de arbitramento.

ART. 41.—Las obligaciones por concepto de servicios médico-asistenciales, servicios públicos domiciliarios, gastos de operación aduanera, comunicaciones, transporte y contribuciones inherentes a la nómina, causados en el último trimestre de 2005, se pueden pagar con cargo a las apropiaciones de la vigencia fiscal de 2006.

La prima de vacaciones, la indemnización a las mismas, las cesantías, las pensiones y los impuestos, se pueden pagar con cargo al presupuesto vigente cualquiera sea el año de su causación.

ART. 42—Autorízase a la Nación y sus entidades descentralizadas, para efectuar cruces de cuentas entre sí, con entidades territoriales y sus descentralizadas y con las empresas de servicios públicos con participación estatal, sobre las obligaciones que recíprocamente tengan causadas. Para estos efectos se requerirá acuerdo previo entre las partes. Estas operaciones deben reflejarse en el presupuesto, conservando, únicamente, la destinación para la cual fueron programadas las apropiaciones respectivas.

En el caso de las obligaciones de origen legal que tenga la Nación y sus entidades descentralizadas para con otros órganos públicos, se debe tener en cuenta, para efectos de estas compensaciones, las transferencias y aportes, a cualquier título, que las primeras hayan efectuado a las últimas en cualquier vigencia fiscal. Si quedare algún saldo en contra de la Nación, ésta podrá sufragarlo a través de títulos de deuda pública, sin que implique operación presupuestal alguna.

Cuando se combinen las calidades de acreedor y deudor en una misma persona, como consecuencia de un proceso de liquidación o privatización de órganos nacionales de derecho público, se compensarán las cuentas automáticamente, sin operación presupuestal alguna.

ART. 43.—La Nación podrá emitir bonos en condiciones de mercado u otros títulos de deuda pública para pagar las obligaciones financieras a su cargo causadas o acumuladas a diciembre 31 de 1993, por concepto de pasivo por pensiones y cesantías de las personas beneficiarias del extinto fondo del pasivo prestacional de sector salud; para sanear los pasivos correspondientes a las cesantías de las universidades estatales, a que se refiere el artículo 88 de la Ley 30 de 1992, del personal administrativo y docentes no acogidos al nuevo régimen salarial. Igualmente, se podrá emitir bonos pensionales de que trata la Ley 100 de 1993, en particular para las universidades estatales.

La Nación podrá reconocer como deuda pública las obligaciones a cargo del Instituto Nacional de Concesiones “INCO”, surgidas en los contratos con garantías por concepto de ingresos mínimos garantizados; así como también las obligaciones contraídas por el Instituto Nacional de Vías, Invías, en las obras de mantenimiento de los canales de acceso a los puertos a su cargo, previo reconocimiento de las mismas por parte de la dirección de la respectiva entidad. En estos casos serán reconocidas mediante la emisión de bonos u otros títulos de deuda pública en condiciones de mercado, para lo cual deberá surtirse el procedimiento previsto en el artículo 29 de la Ley 344 y sus normas reglamentarias, en lo pertinente.

PAR.—La emisión de los bonos o títulos de que trata el presente artículo no implica operación presupuestal y sólo debe presupuestarse para efectos de su redención. El mismo procedimiento se aplicará a los bonos que se expidan en cumplimiento del artículo 29 de la Ley 344 de 1996. Las entidades del presupuesto general de la Nación que utilicen este mecanismo sólo procederán con los registros contables que sean del caso para extinguir dichas obligaciones en virtud de los acuerdos de pago que suscriban con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

ART. 44.—El presupuesto inicial correspondiente a la vigencia fiscal de 2006 contiene la reducción ordenada en el artículo 31 de la Ley 344 de 1996, y en el artículo 8º de la Ley 819 de 2003. En consecuencia, para dicho año se cumple con lo establecido en las mencionadas normas.

ART. 45.—El porcentaje de la cesión del impuesto a las ventas asignado a las cajas departamentales de previsión y al fondo de prestaciones sociales del magisterio, con destino al pago de las cesantías definitivas y pensiones del personal docente nacionalizado, continuará pagándose tomando como base los convenios suscritos en virtud de lo dispuesto en la Ley 91 de 1989.

ART. 46.—La Nación podrá aportar a la Administración Postal Nacional los recursos necesarios, para garantizar el servicio de franquicia postal previsto por la ley, así como el servicio postal inherente a la franquicia telegráfica prestado por ésta, a los órganos que hacen parte del presupuesto general de la Nación.

La Administración Postal Nacional expedirá los respectivos paz y salvos con fundamento en el reconocimiento de la deuda que por estos conceptos realice cada uno de los órganos deudores y procederá a realizar los respectivos ajustes contables, sin operación presupuestal alguna.

ART. 47.—La Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional, el Ejército Nacional, la Armada Nacional, la Fuerza Aérea y el Departamento Administrativo de Seguridad deben cubrir con cargo a sus respectivos presupuestos los gastos del personal vinculado a dichos órganos y que conforman los grupos de acción unificada por la libertad personal —Gaula— a que se refiere la Ley 282 de 1996.

ART. 48.—Los órganos de que trata el artículo 3º de la presente ley deben enviar al departamento nacional de planeación, antes del 30 de marzo de 2006, el presupuesto de inversión debidamente regionalizado. El departamento nacional de planeación lo remitirá a la dirección general del presupuesto público nacional, antes del 30 de abril de 2006.

Cuando se realicen modificaciones al presupuesto que afecten la regionalización, los diferentes órganos deben remitir esta información al departamento nacional de planeación, dentro del mes siguiente al perfeccionamiento de dicha operación, para que este consolide la información y la envíe dentro de los diez (10) días siguientes a la dirección general del presupuesto público nacional.

ART. 49.—Todos los programas y proyectos en carreteras y aeropuertos que no estén a cargo de la Nación y que estén financiados con recursos del Fondo de Inversiones para la Paz, FIP —que está adscrito a la Agencia Presidencial para la Acción y la Cooperación Internacional—acción social, podrán ser ejecutados por el Instituto Nacional de Vías, la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil, Uaeac, o mediante convenios con las entidades territoriales según sea el caso.

ART. 50.—En desarrollo del artículo 119 del estatuto orgánico del presupuesto, y para garantizar su saneamiento financiero, el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas, IPSE, o quien haga sus veces, podrá capitalizar, previa consulta con los representantes legales de las entidades territoriales accionistas, en las empresas de servicios públicos de energía los activos de su propiedad que posee en el sistema interconectado y no interconectado nacional. Una vez capitalizados estos activos, el instituto podrá entregar a la Nación las acciones en dación en pago. También podrá adelantar las operaciones de canje de activos con los prestadores de energía de las zonas interconectadas y/o cederlos o transferidos a la Nación. Estas transacciones no requerirán operación presupuestal alguna.

ART. 51.—La ejecución de los recursos que se giran al Fondo Nacional de Pensiones de las entidades territoriales con cargo al presupuesto general de la Nación, se realizará por medio de resolución expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, ordenando el giro de los recursos. Si no fuere posible realizar el giro de los recursos a las administradoras del fondo, bastará para el mismo efecto, que por dicha resolución se disponga la administración de los mismos por parte de la dirección de crédito público y del tesoro nacional a través de una cuenta especial, mientras los recursos puedan ser efectivamente entregados.

Los recursos serán girados con la periodicidad que disponga el Gobierno Nacional. En el evento en que los recursos no se hayan distribuido en su totalidad entre las entidades territoriales, los no distribuidos se podrán girar a una cuenta del fondo, administrada de la misma manera que los demás recursos del fondo, como recursos por abonar a las cuentas correspondientes de las entidades territoriales.

Para efectos de realizar la verificación de las condiciones a las que hace referencia el parágrafo 3º del artículo 2º de la Ley 549 de 1999, el gobierno determinará las condiciones sustanciales que deben acreditarse, los documentos que deben remitirse para el efecto, y el procedimiento con que la misma se realizará. Mientras se producen las verificaciones, se girarán los recursos en la forma prevista en el inciso anterior. Cuando se establezca que la realidad no corresponde con lo que se acreditó, se descontarán los recursos correspondientes, para efectos de ser redistribuidos, sin que dicha nueva distribución constituya un nuevo acto de ejecución presupuestal.

ART. 52.—Los proyectos viales de las redes secundaria o terciaria y urbana, los aeropuertos, que no estén a cargo de la Nación y que hayan sido seleccionados y priorizados en los distintos departamentos durante las audiencias públicas celebradas en cumplimiento del artículo 6º de la Ley 812 de 2003, y demás apropiaciones programadas por la presente ley a las entidades especializadas del sector transporte para estos propósitos, podrán ser ejecutados directamente por éstas o mediante convenios con las entidades territoriales y/o sus descentralizadas. La responsabilidad de la Nación se limitará a la ejecución de los proyectos, y dichas redes seguirán a cargo de las entidades territoriales; en ningún caso podrá modificar el mantenimiento que actualmente la Nación adelanta en vías secundarias o terciarias.

ART. 53.—Las entidades estatales podrán constituir mediante patrimonio autónomo los fondos a que se refiere el artículo 107 de la Ley 42 de 1993. Los recursos que se coloquen en dichos fondos ampararán los bienes del Estado cuando los estudios técnicos indiquen que es más conveniente la cobertura de los riesgos con reservas públicas que con seguros comerciales.

Cuando los estudios técnicos permitan establecer que determinados bienes no son asegurables o que su aseguramiento implica costos de tal naturaleza que la relación costo-beneficio del aseguramiento es negativa, o que los recursos para autoprotección mediante fondos de aseguramiento son de tal magnitud que no es posible o conveniente su uso para tal fin, se podrá asumir el riesgo frente a estos bienes y no asegurados ni amparados con fondos de aseguramiento.

También podrán contratar un seguro de responsabilidad civil para servidores públicos, mediante el cual se ampare la responsabilidad de los mismos por actos o hechos no dolosos ocurridos en ejercicio de sus funciones, y los gastos de defensa en materia disciplinaria, penal y fiscal en que deban incurrir; estos últimos gastos excepcionalmente los podrán pagar las entidades, siempre y cuando exista decisión definitiva que exonere de toda responsabilidad y no sea condenada la contraparte a las costas del proceso.

Esta disposición será aplicable a las empresas industriales y comerciales del Estado y a las sociedades de economía mixta asimiladas a estas.

ART. 54.—La Nación-Ministerio de Minas y Energía podrá financiar en la vigencia fiscal de 2006 hasta por la suma de ciento cincuenta y cinco mil millones de pesos ($ 155.000.000.000), los subsidios para pagos por menores tarifas eléctricas de las zonas interconectadas y no interconectadas, con los recursos del fondo de energía social.

ART. 55.—Las entidades responsables de la atención integral a la población desplazada por la violencia, del orden nacional, departamental, municipal y distrital, de que trata el artículo 19 de la Ley 387 de 1997, darán prioridad en la ejecución de sus respectivos presupuestos, a la atención de la población desplazada por la violencia, en cumplimiento de la Sentencia T-025 de 2004 proferida por la honorable Corte Constitucional.

Las entidades del orden nacional reportarán al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y al departamento nacional de planeación, en el detalle que estos establezcan, la información relacionada con la ejecución presupuestal de dichos recursos, la cual será enviada al Consejo Nacional de Atención Integral a la población desplazada por la violencia, para informar a la honorable Corte Constitucional sobre el cumplimiento de la Sentencia T-025 de 2004.

ART. 56.—El Gobierno Nacional, con cargo a las apropiaciones de la presente vigencia fiscal podrá otorgar créditos que podrán ser condonables al Instituto de Seguro Social, a las empresas sociales del Estado creadas mediante Decreto 1750 de 2003, a la Caja de Previsión Social de Comunicaciones, con el objeto de apoyar sus procesos de reestructuración, en las condiciones que establezca la dirección general de crédito público y del tesoro nacional. El incumplimiento de dichas condiciones dará lugar a la exigibilidad de los créditos.

ART. 57.—A partir de la vigencia fiscal de 2006 los cupos autorizados de vigencias futuras previstos en el presupuesto de gastos de inversión del Ministerio de Hacienda y Crédito Público asociados a los aportes a Fogafín para capitalización de entidades financieras públicas y para capitalización de entidades públicas para saneamiento y fortalecimiento patrimonial de entidades financieras públicas, se apropiarán en el servicio de la deuda pública nacional. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público efectuará las operaciones necesarias para su implementación.

ART. 58.—De conformidad con lo previsto en el artículo 310 de la Constitución Política y la Ley 47 de 1993, las liquidaciones de las rentas de destinación específica de que trata el numeral 3º del artículo 359 de la Constitución Política, se harán efectivas por el Gobierno Nacional, sin efectuar las deducciones establecidas en el artículo 7º de la Ley 225 de 1995.

ART. 59.—La ejecución de las apropiaciones para los nuevos proyectos de concesión vial a nivel nacional, por parte del Instituto Nacional de Concesiones para la vigencia fiscal de 2006, se sujetará al recaudo efectivo de los recursos provenientes de la terminación de la relación contractual con el Concesionario del Magdalena Medio S.A., Commsa.

ART. 60.—Los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios y demás impuestos a cargo de la Nación, podrán cancelar el valor total a pagar, en una o varias cuotas.

El número de cuotas, el valor de cada una de ellas y las fechas de su pago, serán establecidas anualmente mediante decreto, por el Ministerio de Hacienda o quien haga sus veces.

ART. 61.—Con el fin de contribuir al saneamiento del Fondo Nacional del Café y a la estabilización del ingreso del caficultor, existirá una contribución con cargo al caficultor, destinada al Fondo Nacional del Café, que será de dos centavos de dólar (US$ 0,02) por libra de café que se exporte siempre y cuando el precio sea superior a sesenta centavos de dólar (US$ 0,60) y que estará vigente hasta el treinta y uno (31) de diciembre del año 2006.

ART. 62.—El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo entregará en comodato al municipio de Buenaventura, por el término de cinco (5) años prorrogables, el inmueble de la Nación ubicado donde funcionó la zona franca de la ciudad de Buenaventura para que a través de su explotación comercial efectúe el pago de los pasivos contemplados en el acuerdo de reestructuración suscrito dentro del contexto de la Ley 550 de 1999, y se efectúen programas de inversión social. Derógase el artículo 18 de la Ley 710 de 2001.

PAR. 1º—El inmueble de que trata la presente ley se destinará exclusivamente a actividades económicas relacionadas con la expansión portuaria, el desarrollo logístico y la exportación de bienes o servicios en la ciudad de Buenaventura. En caso de incumplimiento, el municipio de Buenaventura no podrá excusarse de restituir el lote reteniéndolo para seguridad de lo que le deba la Nación.

PAR. 2º—En caso de contravención, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo exigirá al municipio la reparación de todo perjuicio y la restitución inmediata, aún cuando para la restitución no se haya cumplido el plazo. Los impuestos, contribuciones y tasas del orden municipal, departamental o nacional, incluido el impuesto predial unificado, se cancelarán por parte del municipio con cargo a las rentas que se originen de la explotación comercial del inmueble en mención.

ART. 63.—Los rendimientos financieros provenientes de las transferencias hechas por el Fondo Nacional de Regalías, a las entidades públicas del orden nacional, entidades territoriales de cualquier orden o a las empresas industriales y comerciales del Estado, que a la vigencia de la presente ley se encuentren en sus respectivas tesorerías, se incorporarán a sus respectivos presupuestos y solo podrán ser destinados a financiar proyectos de inversión para los fines a que inicialmente se asignaron.

ART. 64.—Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 36 y 41 de la Ley 715 de 2001 y 80 de la Ley 812 de 2003, se pagarán contra las apropiaciones y excedentes de los recursos del sistema general de participaciones, los saldos que resulten del reconocimiento de los costos del servicio educativo ordenados por la Constitución y la ley las deudas por concepto de las homologaciones de cargos administrativos del sector. El Ministerio de Educación Nacional revisará las liquidaciones presentadas por las entidades territoriales y certificará el monto por reconocer. El plazo para firmarlos acuerdos de pago del saneamiento de que habla el artículo 80 de la Ley 812 de 2003 se ampliará hasta el 2006.

ART. 65.—Aclárase el inciso 5º del artículo 24 de la Ley 715 de 2001 en el sentido de que el valor máximo al cual allí se hace referencia es el equivalente hasta la mitad del incremento real adicional a que se refiere el Acto Legislativo 01 de 2001 de los recursos del sistema general de participaciones, para pago de ascensos en el escalafón a los docentes o directivos docentes. Lo que supere este límite deberá ser financiado con recursos de libre destinación del sistema general de participaciones de la respectiva entidad territorial.

ART. 66.—Los recursos provenientes de las transferencias que la Nación gira a los departamentos de acuerdo a lo establecido en el artículo 309 de la Constitución Nacional, no serán objeto de cuota de auditaje.

ART. 67.—Modifícase el artículo 80 de la Ley 633 de 2000, el cual quedará así: De conformidad con los artículos 64, 65 y 66 de la Constitución Política, la Nación asignará un monto suficiente de recursos destinados a cubrir el valor correspondiente al (50%) del costo de la energía eléctrica, debidamente comprobado por las electrificadoras de cada región, de los usuarios de los distritos de riego y de los distritos de riego administrados por el Estado o por las asociaciones de usuarios debidamente reconocidas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

PAR. 1º—Para el caso de los usuarios de los distritos de riego cuya facturación sea individual este beneficio se otorgará para aquellos que no posean más de cincuenta (50) hectáreas.

PAR. 2º—Para efectos de la clasificación de los usuarios del servicio de energía según la Ley 142 de 1994, la utilización de la energía eléctrica para riego dirigido a la producción agropecuaria se clasificará dentro de la clase especial, la cual no pagará contribución. Además con el objeto de comercializar la energía eléctrica, los usuarios en los distritos de riego y los distritos de riego se clasificarán como usuarios no regulados.

ART. 68.—Destínense $ 60 mil millones, mediante créditos condonables, para los hospitales San Juan de Dios de Bogotá e Instituto Materno Infantil, de las cuales $ 30 mil millones se trasladan de los recursos que ya han sido asignados para el proyecto “Mejoramiento, fortalecimiento y ajuste de la gestión de las instituciones de la red pública hospitalaria del país”.

ART. 69.—(Inexequible).* Para todos los efectos prestacionales y de bonificaciones los secretarios generales, subsecretarios generales y de comisión del Congreso de la República, tendrán los mismos derechos y garantías que los altos funcionamos del Estado.

*(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-668 de 2006 M.P. Jaime Araújo Rentería)

ART. 70.—En el rubro destinado para adquisición de tierras incluir la expresión “comunidades campesinas y afrocolombianas”.

ART. 71.—Los recursos presupuestados al proyecto capacitación Jóvenes en Acción del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA se destinarán inicialmente para la atención de la población desplazada por la violencia, en cumplimiento de la Sentencia T-025 de 2004 proferida por la honorable Corte Constitucional. Una vez se cubra la demanda de la población desplazada, los recursos se podrán destinar a población no desplazada.

ART. 72.—La defensa judicial y disciplinara de los miembros de las Fuerzas Militares o de la Policía Nacional por hechos no dolosos ni gravemente culposos relacionados con el servicio, podrá ser asumida con recursos del presupuesto general de la Nación, en los términos y cuantías que señale el reglamento. Para tal fin, los recursos incorporados en la presente ley que se destinen a la defensa judicial o disciplinaria de los miembros de las Fuerzas Militares o de Policía serán administrados en una cuenta especial, la cual podrá recibir aportes de cooperación internacional, donaciones de personas naturales y jurídicas y demás contribuciones que de acuerdo con la ley se destinen a tales fines.

ART. 73.—La Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, de acuerdo con su disponibilidad presupuestal, podrá otorgar el subsidio de vivienda de que trata el artículo 24 del Decreto Ley 353 de 1994, modificado por el artículo 14 de la Ley 973 de 2005, al soldado profesional que a partir de la vigencia de la citada ley haya obtenido asignación de retiro o pensión, o que la obtenga en la vigencia fiscal de 2006.

ART. 74.—De conformidad con el artículo 45 del Decreto-Ley 760 de 2005 y para financiar los costos que se destinen para el fin allí establecido, la Comisión Nacional del Servicio Civil cobrará una suma equivalente a un salado mínimo legal diario para los empleados pertenecientes a los niveles técnicos y asistenciales, y de un día y medio de salario mínimo legal diario para los empleados pertenecientes a los demás niveles,a cargo de los aspirantes, como derechos que se causen por la participación en los concursos de ingreso en empleos de carrera administrativa o en ascenso en la misma. El recaudo lo hará la Comisión Nacional del Servicio o quien esta delegue.

Si el valor recaudado es insuficiente para atender los costos que genere el proceso de selección, el faltante será cubierto por la respectiva entidad que requiera proveer el cargo, de conformidad con lo señalado por el artículo 30 de la Ley 909 de 2004.

ART. 75.—La administración y enajenación de los activos y demás bienes que formen parte del fondo para la rehabilitación, inversión social y lucha contra el crimen organizado, Frisco, se hará por la Dirección Nacional de Estupefacientes de conformidad con normas de derecho privado y observando los principios del artículo 209 de la Constitución. Para el efecto, el Consejo Nacional de Estupefacientes expedirá el correspondiente instructivo.

ART. 76.—De los recursos programados en el Incoder para compra de tierras para campesinos, indígenas y afrocolombianos, se destinarán $ 1.6 mm. Para la ampliación y saneamiento del resguardo indígena del predio Putumayo con la compra a la Caja Agraria en liquidación de 802 hectáreas que posee en el predio denominado Casa Arana.

ART. 77.—Para los efectos de la ejecución presupuestal, de los organismos de control, estos podrán apropiar y ejecutar gastos de inversión, los cuales no estarán sujetos a las restricciones que estén consignadas en otras normas legales.

ART. 78.—Lo ordenado en el Decreto 3552 de 2003, artículo 26, se aplicará también al servicio de protección y vigilancia de la rama legislativa del poder público, en desarrollo de las normas generales señaladas en la Ley 4ª de 1992.

ART. 79.—(Inexequible).* Modifíquese los artículos 1º y 11 de la Ley 901 de 2004 los cuales quedarán así:

ART. 1º—Prorróguese hasta el 31 de diciembre de 2006, la vigencia de los artículos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10, 11 y 17 de la Ley 716 de 2001.

ART. 11.—Vigencia y derogatorias. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación, su vigencia será hasta el treinta y uno (31) de diciembre de dos mil seis (2006), con excepción del parágrafo 3º del artículo 4º y el artículo 17 de la Ley 716 de 2001 y los artículos 10 y 11 de la Ley 901 de 2004 y deroga las demás normas que le sean contrarias.

*(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-457 de 2006, M.P. Alfredo Beltrán Sierra)

ART. 80.—La presente ley rige a partir ce la fecha de su publicación y surte efectos fiscales a partir del 1º de enero de 2006.

NOTA: Los cuadros indicados en el artículo segundo de la presente ley se pueden consultar en la oficina jurídica de la Presidencia de la República.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.C., a 29 de noviembre de 2005.

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